El Estado tendrá que volver a tasar las acciones de las empresas de Rumasa exactamente cuarenta años después de su expropiación, por lo que se enfrenta al pago de una indemnización multimillonaria a los herederos del empresario roteño José María Ruiz-Mateos. Según avanza El Confidencial, que ha tenido acceso a la sentencia, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) da la razón a la familia del empresario, que recurrió de la mano de su viuda, María Teresa Rivero, y obliga al Ministerio de Hacienda a hacer un nuevo cálculo teniendo en cuenta "la totalidad de las acciones o participaciones sociales" del holding en su día intervenido y finalmente expropiado.
Según defiende la familia en su último recurso, el valor de Rumasa superaba los 13.700 millones de euros en el momento de la expropiación. Los Ruiz-Mateos llevan décadas litigando en los tribunales para tratar de obtener una indemnización, con una defensa basada, fundamentalmente, en la necesidad de fijar un justiprecio de las más de doscientas empresas del holding tomadas de una en una. Sin embargo, después de su expropiación en 1983, la Administración del Estado valoró en negativo la empresa matriz y fijó el precio por acción en cero euros. Desde entonces, tanto los Ruiz-Mateos como varios de los accionistas minoritarios de sus empresas han ido pleiteando el justiprecio por dichos centenares de empresas con resultado desigual. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo (TS), que será el que tenga la última palabra cuarenta años después, hay que insistir.
La sentencia emitida por el TSJM se centra tanto en los derechos de los accionistas terceros, minoritarios en el grupo, como en los de la propia familia Ruiz-Mateos. El TS ya confirmó a lo largo de este larguísimo pleito el 'cálculo 0' del valor de las empresas en varias sentencias, pero ahora el TSJM da la razón a Teresa Rivero y a los hijos del empresario y ordena al Estado realizar un nuevo cálculo teniendo en cuenta "la consolidación total" del holding de la abeja desde aquella primera valoración.
Para ello, el Ministerio de Hacienda tendrá que revisar todos los procedimientos que se han llevado a cabo en torno a las empresas de Rumasa en estas cuatro décadas, un trabajo ímprobo. En algunos de esos procedimientos –toda una cascada de sentencias que comenzó en los años 90– se produjo una nueva valoración que arrojó un resultado positivo en la valoración de acciones de diversas empresas, caso por ejemplo del Banco de Albacete y Galerías Preciados.
El TSJM ordena ahora al Estado que evalúe de nuevo el valor de Rumasa teniendo en cuenta esas nuevas cifras. Para la familia Ruiz-Mateos, lejos de esos cero euros, el valor del conglomerado empresarial superaría los 13.500 millones de euros. Aunque no alcanzara una cifra tan importante, la indemnización podría ser multimillonaria.
La argumentación de la familia ha sido siempre que no cabe fijar un neto patrimonial de cero o incluso negativo. "La determinación definitiva del justiprecio de las acciones de Rumasa, matriz del grupo, exigía tener presentes las revisiones de los justiprecios de las sociedades participadas por la misma", que lo que fue concluyendo la sucesión de sentencias que fueron produciéndose con fecha posterior a la expropiación, tomando cada empresa de una en una.
La resolución, siempre según El Confidencial, menciona la sentencia dictada en su día por el TS y en la que se determinaba de forma aparente que la fijación de cero euros por el justiprecio a abonar por el Estado por la expropiación era correcta. No obstante, destaca que ya entonces, en 2001, el Alto Tribunal recordaba que habría que esperar a la consolidación total de los resultados del grupo expropiado, una vez depurados los recursos judiciales y proceder a incluir en la valoración una serie de partidas o conceptos económicos y contables. Se refería, en concreto, a la actualización y consolidación de balances.
La expropiación de Rumasa tuvo lugar en 1983, durante la presidencia del Gobierno de Felipe González. En ese momento, el conglomerado estaba compuesto por más de doscientas empresas, entre ellas, una veintena de bancos, y tenía unos 60.000 empleados.
Rumasa en Jerez y el resto de Andalucía era propietaria sobre todo de bodegas, pero también de hoteles y bancos.
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