A 100 kilómetros de la valla de acceso al complejo industrial de LafargeHolcim en Jerez, frente por frente a la Laguna de Medina, se conocerá este miércoles 27 de enero la dimensión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la multinacional franco-suiza ha presentado para su factoría más al Sur de Europa —tiene otra en Carboneras, Almería—. En un hotel junto a la estación de Santa Justa en Sevilla, donde la dirección nacional de la empresa se bajará del AVE a primera hora, comenzará el periodo de consultas preceptivo para la tramitación del ERE extintivo, que deberá autorizar la Junta de Andalucía, competente en la materia. Hasta entonces, 48 horas más de desesperación. Luego, vendrá la batalla. “Nos estamos despertando del guantazo, pero habrá guerra”, reconoce Juan Lozano, presidente del comité de empresa, consciente, no obstante, de la desigualdad de fuerzas. “También sabemos que en esta guerra habrá muertos; no creo que podamos salvar a todos”, reconoce con cierto desánimo.
La lluviosa mañana de lunes no ha impedido que una parte importante de los 80 empleados que conforman la actual plantilla de la cementera hayan vuelto a aprovechar su media hora del bocadillo para concentrarse en señal de protesta por unos despidos masivos que pueden afectar a cualquiera de ellos. Se suceden los cigarrillos ansiosos, los gestos de incertidumbre, las especulaciones sobre el giro de guion en una factoría donde hasta hace nada se hacían horas extraordinarias y la propia dirección felicitaba a sus empleados en un boletín interno por el gran trabajo realizado el pasado 2020, el año que estalló la condenada pandemia. Un año antes, 2019, LafargeHolcim incluso alardeaba de simbolizar uno de los grandes motores económicos del municipio, capaz de generar más de 17 millones de euros y cerca de 300 puestos de trabajo directos e indirectos.
“Aquí lo que se quieren son camareros y cocineros, pero ya con el covid ni eso”
Los sindicatos —CCOO es mayoritario en el comité— calculan ahora que se perderán al menos 200 de estos empleos una vez se apague el horno y la planta quede reducida a una molienda de cemento.Una catástrofe en una ciudad y una provincia vapuleadas por un desmantelamiento implacable del tejido productivo industrial en las últimas tres décadas. Juan Lozano, presidente del comité de LafargeHolcim en Jerez, lleva 30 años trabajando en la planta, en la sala de control. Se vino de un empleo que tenía en Algeciras y disfrutó durante muchos años de lo que representaba el empleo industrial: sueldo digno y estabilidad. Todo empezó a cambiar con la crisis de 2008.
“La empresa intentó un ERE extintivo en 2009, pero lo recondujimos porque aprobamos un plan de viabilidad y bajamos salarios y congelamos subidas para los más antiguos. Llevamos 14 años sin subirnos el sueldo”, cuenta a las puertas del mamotreto grisáceo que, al cruzar de noche la A-381, parece una especie de nave espacial. Desde entonces, todo empezó a cambiar en la cementera. “Ya entraban electricistas o mecánicos y su sueldo rondaba los mil euros. En Mercadona ganan más que los que han ido entrando aquí”, espeta Lozano. La caída del negocio del ladrillo, que se dejó sentir en los salarios y en la calidad del empleo, no disminuyó en cambio la actividad de la factoría. Todavía hoy, hay una larga de camiones haciendo cola para soltar material en la fábrica.
Un horno que quema hasta droga incautada
En la cementera no solo se fabrica y exporta la masa madre del cemento, el clínker —para este año hay un enorme pedido para ser empleado en la construcción de vías férreas en Bélgica—, sino que también su enorme horno, capaz de colocarse en 900 grados de temperatura, sirve para lo que eufemísticamente llaman “revalorizar” residuos, que no es más que quemar aceites usados, agua empleada en limpiar barriles de petróleo, neumáticos, escombros, y hasta toneladas y toneladas de droga incautada por Policía o Guardia Civil en diferentes operativos contra los narcos.
“El clínker es una línea de negocio, pero aquí quisieron hasta quemar los residuos sanitarios por el covid, aunque al final no se llegó a un acuerdo con al Junta”, explica Juan Romero, que cumplió 41 años la semana pasada, el mismo día en el que la empresa comunicó que ponía en marcha un ERE. “Fíjate qué regalo”. Juan lleva 14 años fijo, pero entró como eventual y se llevó unos ocho años. Como muchos otros compañeros y compañeras (porque también hay mujeres). Ahora no sabe qué será de ellos. “La cosa está muy complicada, somos muchas familias las que comemos de aquí”.
En su caso, reconoce, “es complicado pensar dónde me meto después de tantos años especializado en un trabajo en una fábrica que no hay otra parecida por aquí cerca, no somos albañiles, no somos alicatadores…”. “Aquí lo que se quieren son camareros y cocineros, pero ya con el covid ni eso”, le interrumpe el presidente del comité. A lo que agrega Juan: “Es complicado el futuro que nos deparará a todos”. En la misma situación de incertidumbre se encuentra Agustín Moreno, que con 42 años empezó con peón, “barriendo”, y ha acabado en la sala de control. Sabe lo que es enfundarse un equipo como el de Bomberos cuando trabajaba de hornero en la planta, y sabe lo que es estar en molinos hasta llegar a panelista. Ahora solo sabe que lo tiene jodido si va a la calle. Está en la media de edad de la plantilla, ni jóvenes ni muy viejos. “Llevo toda mi vida profesional aquí, me he criado en esta fábrica, y somos operarios que estamos muy especializados, pero en una fábrica de cemento, algo que en Cádiz no existe. Tú me dirás dónde vamos, no hay nada parecido. Y hay compañeros algo más mayores todavía, veo una reinserción laboral muy complicada”.
Una salida al despido masivo desde la transición ecológica
Según el comité, un 40% de lo que entra en la fábrica "lo valorizamos". La Junta de Andalucía, recuerdan, concedió ayudas a la empresa para esta función. En cambio, las restricciones a la emisión de gases de invernadero y el alto coste que las multinacionales han de pagar para saltarse los controles están detrás de las justificaciones para el "ajuste de plantilla". Este lunes, Ecologistas en Acción y Jerez por el Clima han solicitado al Ayuntamiento de Jerez que plantee alternativas al despido masivo en Lafarge-Holcim que "garanticen el cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático, dentro de un plan local de medidas tanto de mitigación como de adaptación". El ERE, según el primer documento de notificación que la compañía trasladó al comité la pasada semana, se fundamenta en el "sobredimensionamiento industrial", junto con la caída de las exportaciones de cemento y la reducción de las asignaciones de derechos de emisión de CO2 conforme a la nueva normativa europea para el periodo 2021-2025.
Después de pedir alternativas para estos empleos y expresar su solidaridad con los trabajadores afectados, las organizaciones han mostrado también su apoyo al Ayuntamiento de Jerez —como han hecho en días pasados grupos políticos como PP, Cs y Adelante— en la búsqueda de alternativas de empleo "sostenibles y justas". No obstante, tanto Ecologistas como Jerez por el Clima han expresado su rechazo al planteamiento que ha hecho el gobierno local jerezano ya que ha propuesto, entre otras cuestiones, “posibles vías para avanzar en la reutilización y revalorización energética de residuos, como recomienda Europa”. La economía circular, recuerdan, no pasa por la coincineración de residuos en cementeras, erróneamente denominada “revalorización energética”, y sí por la recuperación material de los residuos.
"La incineración de residuos para la producción de energía eléctrica conlleva la generación de gases de efecto invernadero y la emisión a la atmósfera de una gran cantidad de sustancias tóxicas y peligrosas para la salud como dioxinas, metales pesados (cadmio, mercurio, plomo...), compuestos orgánicos volátiles (tolueno, diclorobenceno, hexaclorobenceno y otras 186 sustancias más), además de partículas finas y ultrafinas y NOx. Si bien la planta puede estar dotada de sistemas de filtrado de gases, no impiden que una parte de estos elementos pasan a la atmósfera, representando una amenaza para la salud humana y de los ecosistemas", han expuesto. Por otro lado, han abundado, "queremos recordar que, a nivel regional, la cementera de Holcim es una de las plantas con mayor volumen de emisión atmosféricas en Andalucía. Pese a las mejoras técnicas que la empresa ha difundido en los últimos años para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, de acuerdo a los datos de emisiones del Ministerio de Transición Ecológica, se observa como el CO2 y NOx, entre otros compuestos, han experimentado en la última década un importante incremento".
Desde el comité aseguran que la compañía no ha hecho las suficientes inversiones para reconducir esta pata importante del negocio en la planta jerezana, que empezó su actividad en 1973 y, que tras la firma del protocolo de Kioto en 1997 para rebajar los gases de efecto invernadero, "ya empezamos a olernos que esto podía ir mal". "El horno va a desaparecer y es una parte muy importante, el 70% de la fábrica en cuanto a infraestructura, y con él muchísimas empresas auxiliares que están aquí por eso", asevera Agustín Moreno, que lo que pide son alternativas viables para el mantenimiento de los puestos de trabajo. "Esto lo va a sufrir hasta la venta de ahí, afecta a mucha gente", insiste Juan Lozano.
Como vía para salvar el máximo de empleos, Ecologistas y Jerez por el Clima defienden que la declaración institucional que se elevará al próximo pleno municipal para la paralización del ERE y la búsqueda de nuevas líneas de actividad que permitan el mantenimiento de todos los puestos de trabajo "se base en una Estrategia Municipal de Transición Ecológica que aborde, entre otros objetivos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el municipio, la lucha contra el cambio climático, el impulso de las renovables y una nueva política de gestión de residuos basada en la economía circular. Todo ello enmarcado en la elaboración participativa del obligatorio plan local de medidas frente al cambio climático que exige la Ley andaluza 8/2018".
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