El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente sancionador contra una importante agencia inmobiliaria —aún no identificada— por presuntas prácticas abusivas en el alquiler de viviendas. Habla de una "gran agencia inmobiliaria" que opera en todo el territorio nacional.
La investigación, extendida a otras compañías del sector, se centra en cobros ilegales de comisiones y la imposición de servicios no solicitados a inquilinos, según confirmó este jueves el departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
La investigación, abierta en octubre por la Dirección General de Consumo, surge tras denuncias de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la OCU. Estas asociaciones alertaron de cláusulas que obligaban a los arrendatarios a pagar seguros o gastos de gestión, prohibidos por la Ley de Vivienda. El Ministerio subraya que tales prácticas podrían constituir infracciones "graves o muy graves", según la normativa de protección al consumidor.
Las sanciones podrían alcanzar hasta 100.000 euros en casos graves, e incluso superar el millón si se demuestra un beneficio ilícito significativo. En estos casos, las multas se calcularían en función de las ganancias obtenidas, multiplicándolas por entre cuatro y ocho veces. El Ministerio insiste en que la vivienda es un "derecho y bien de primera necesidad", y prioriza la defensa de los inquilinos frente a abusos.
Esta acción se suma a otro expediente abierto hace tres meses contra una plataforma de alquiler turístico —tampoco identificada— por publicidad engañosa. Consumo exigió la retirada de miles de anuncios ilegales, pero al no ser atendida, procedió a sancionar a la empresa. La ley prohíbe ocultar la identidad de gestores profesionales tras perfiles falsos de particulares.
En febrero, el Ministerio también sancionó a varias empresas de gestión de viviendas turísticas por ofrecer información "falsa o inducir a error", una práctica considerada competencia desleal. Estos casos, según el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, alteran el comportamiento económico de los consumidores.
Además de las multas, Consumo ha impulsado campañas informativas para alertar sobre cláusulas abusivas en contratos, como fianzas excesivas, garantías adicionales o pagos anticipados no justificados. El Ministerio recalca que estas acciones forman parte de su estrategia para garantizar el acceso a una vivienda digna.
Aunque el expediente avanza, la Dirección General de Consumo aclara que su apertura "no prejuzga el resultado final". La investigación continuará para determinar responsabilidades y posibles sanciones, en un sector bajo creciente escrutinio por las quejas recurrentes de los inquilinos.
Facua ha denunciado numerosas prácticas abusivas
El año pasado, el Ministerio de Consumo también abrió una investigación a diferentes empresas de gestión de alquiler de viviendas por haber cobrado a los inquilinos comisiones ilegales u obligar a firmar contratos temporales sin que dicha temporalidad estuviera justificada.
Una de ellas fue Alquiler Seguro, que fue denunciada por esta asociación por cobrar una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta más IVA por ofrecer un "servicio de atención al arrendatario".
Facua explicó que la Dirección General de Consumo pudo constatar que estas prácticas se habrían llevado a cabo por parte de empresas que operan en todo el territorio español.