La Junta de Andalucía ha hecho pública una multa millonaria a diferentes entidades financieras por irregularidades en la comunidad. La Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Consumo, ha anunciado que, después de recibir 4.241 reclamaciones y denuncias, una sanción de 22 millones de euros a distintos bancos que operan en el territorio.
Desde la Consejería, a través de la inspección, se han investigado 448 actuaciones desde 2019 por las diferentes denuncias presentadas por los usuarios. Además se han producido otras actuaciones de oficio, como tenía previsto Consumo. Más de la mitad han terminado destapando irregularidades de las entidades bancarias. En concreto 232, el 52%.
Con motivo de dichas irregularidades, desde Consumo, se resolvieron 275 procedimientos sancionadores en el ámbito bancario y financiero, lo que supone una media de 55 expedientes cada año. El importe total de estas sanciones ha sido de 22.023.498 euros, de lo que resulta un importe medio de sanción de 80.085 euros.
Las infracciones más habituales que han sido sancionadas en estos procedimientos sancionadores han estado relacionadas con introducir cláusulas abusivas en los contratos; realizar prácticas comerciales desleales; cobrar precios superiores a los anunciados; el incumplimiento de las obligaciones de información; el incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio; el incumplimiento de información en cartelería o folletos publicitarios; no responder en plazo a la hoja de reclamaciones; no disponer de libro de hojas de reclamaciones; suministrar libro de hojas de reclamaciones no oficiales; y no atender en tiempo o forma los requerimientos formulados por la administración.
Desde la Dirección General de Consumo se ha incidido en la inspección de este sector a través de las campañas sobre el sector de entidades financieras y banca y a través de las denuncias de personas consumidoras que generan igualmente actuaciones de control a los bancos. Ha destacado la campaña para comprobar la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos y créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda y el control desarrollado sobre préstamos al consumo en 2019.
Como consecuencia de las actuaciones de vigilancia realizadas, se resolvieron 38 procedimientos sancionadores por casi 17,5 millones de euros. Ha resaltado también la campaña desarrollada en 2022, de inspección de entidades bancarias. En dicha campaña, se analizaron las condiciones generales de contratación de contratos de cuenta corriente y de ahorro y de tarjetas de crédito y débito, habiéndose resuelto 5 procedimientos sancionadores, con una sanción de casi 3,9 millones de euros.
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