El CEO de Unicaja, Manuel Menéndez, que ya tuvo enfrentamientos muy agrios con los sindicatos en su etapa en Liberbank —entidad que se ha fusionado con la antigua caja malagueña—, prepara el despido de 1.500 empleados y el cierre de cerca de 400 oficinas tras la fusión con el banco con raíz asturiana. De forma llamativa, este tajo en la plantilla y en la red de sucursales se produce después de que este año el alto directivo bancario aumentara sus emolumentos en un 18% más que en su anterior cargo en Liberbank. El banquero asturiano pasará a percibir en torno a 520.000 euros anuales, según ha publicado El Confidencial.
Como informó este pasado martes el propio banco, Unicaja Banco ha mantenido con la representación legal de los trabajadores la segunda reunión, de carácter presencial, del periodo informal dentro del proceso de negociación laboral tras la fusión con Liberbank. En dicha reunión, resume el comunicado, "la dirección ha comunicado que, tras un riguroso análisis técnico de la situación económica, productiva y organizativa de la entidad, considera que es necesario poner en marcha una medida de despido colectivo, como mecanismo legal previsto de cara a llevar a cabo el redimensionamiento interno, sujeto a la negociación con la RLT, para 1.513 empleados".
Aparte de plantear medidas de movilidad geográfica y de alteración de las condiciones de trabajo, Unicaja Banco justifica la decisión en que "dicho proceso (el ERE) va orientado, entre otros factores, a mejorar la rentabilidad y eficiencia del banco (a través de la eliminación de solapamientos y el aprovechamiento de economías de escala), adaptar su estructura al contexto actual, caracterizado por una transformación generalizada del sistema financiero, de cara a la consecución de las sinergias previstas en el proyecto de fusión, así como para preservar una posición competitiva en el mercado".
"Pleitesía a los mercados"
Más allá de los eufemismos, Unicaja despedirá a un número importante de empleados andaluces, tal y como se temió que ocurriese, y tal y como se denunció en el proceso de negociaciones de la fusión. Una fusión que contó desde el minuto uno con el plácet del Gobierno andaluz.
Al hilo de lo anterior, el diputado de Unidas Podemos por Málaga (UPporA) en el Parlamento andaluz, Guzmán Ahumada, ha criticado el anuncio y ha pedido a Elías Bendodo que "nos explique qué es lo que ve tan positivo en esta fusión que va a suponer el despido de 1.500 trabajadores; está claro que el gobierno autonómico no se pone del lado de Andalucía, no le importa que los trabajadores andaluces salgan perdiendo, con tal de apoyar a quienes realmente sirven y a quienes rinden pleitesía, a los mercados".
Así, ha acusado a la Junta y a su consejero de la Presidencia, malagueño como Unicaja —al igual que el presidente Moreno Bonilla—, de "entreguismo a los intereses de la banca", actuando "en contra del interés general de los andaluces que sufrirán los despidos, la pérdida de servicios bancarios de cercanía y la reducción de la obra social de Unicaja al perder su histórico carácter malagueño y andaluz".
Desde el Gobierno andaluz, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco (independiente por Cs), ha indicado que su Consejería va a vigilar que Unicaja siga "estrictamente" la normativa del estatuto de trabajadores para el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado la entidad bancaria, al tiempo que ha valorado como "positivo" que las salidas que se efectúen sean "voluntarias".
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