El cambio de modelo productivo en Andalucía tendrá que esperar. Se repite constantemente, más en la oposición que en el Gobierno, pero la comunidad sigue tirando del turismo y del urbanismo, a veces megalómano, para su desarrollo económico. Aunque desde la Junta se presume de las altas de autónomos y la creación de empresas, el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, no oculta la apuesta del Ejecutivo por el turismo como motor de la economía andaluza. Esta semana ha presentado el Plan de Turismo Sostenible, con una dotación de 717 millones hasta 2027 que pretende “la mejora de la gestión socioeconómica de esta actividad a través del desarrollo de instrumentos, programas y proyectos”.
La provincia de Cádiz es una de las más castigadas de España por el desempleo. Además, hay que sumar la desindustrialización progresiva que ha sufrido y está sufriendo —el cierre de Airbus Puerto Real es el último ejemplo—. Sin embargo, la Junta de Partido Popular y Ciudadanos ha optado por impulsar varios proyectos en la provincia con más paro de España que consisten en la construcción de campos de golf, macrourbanizaciones y establecimientos hoteleros. Proyectos que, por otro lado, facilitó el PSOE-A durante sus años en la Junta de Andalucía. En concreto, los municipios afectados son Castellar de la Frontera, Barbate y la referida localidad tarifeña. Ninguno de estos municipios gobernados por Partido Popular o Ciudadanos.
El último de los macroproyectos en salir a la palestra ha sido el de Cabo de Plata, junto a la urbanización de Atlanterra, en Tarifa, localidad que gobierna el Partido Socialista, basado en el PGOU de 1990, considerado “desfasado” por asociaciones verdes como Ecologistas en Acción que, además, añade que ya se trataba de un PGOU con un “crecimiento desmedido”. El proyecto consiste en la construcción de un campo de golf, más de mil viviendas y otras tantas plazas hoteleras sobre una superficie de más de un millón de metros cuadrados.
En una situación parecida, si no idéntica, se encuentran los proyectos de Castellar Golf, en Castellar, y El Següesal Golf Resort, en Barbate. El primero de ellos empezó a fraguarse en 1999 y obtuvo su aprobación definitiva en 2012 para la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, una casa club, un hotel de 5 estrellas con 150 habitaciones, un apartotel de 100 unidades y 150 viviendas plurifamiliares. Por su parte, el complejo de Barbate se aprobó, de la mano del entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán (PSOE), en 2011 tras ser declarado de interés turístico. Recientemente, el Consejo de Gobierno ha adoptado ciertas modificaciones con las que se acordaba la construcción de 235 habitaciones hoteleras, 636 apartamentos turísticos, 450 viviendas y apartamentos residenciales nuevos y otras 49 para regularizar. Además de la construcción de un campo de golf en un terreno de más de 19.000 metros cuadrados.
La Junta, pese a que todos estos planes llevaban una década parados, se escuda en la acción y responsabilidad de los ayuntamientos, “nosotros velamos para que se cumplan las leyes”, afirmó el vicepresidente Juan Marín el pasado martes, a preguntas de lavozdelsur.es, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Sin embargo, ha sido el Gobierno andaluz el que ha recuperado estos proyectos y los ha impulsado recientemente a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos, una especie de alfombra roja que pone la Administración autonómico para agilizar trámites y derribar trabas para los inversores.
Marín defiende que la Junta únicamente se ha encargado de reducir los trámites administrativos, por petición de los promotores y ayuntamientos, “para que se culmine en un tiempo razonable dentro de establecido por la ley”. De la misma forma, insistió en que la aprobación la había realizado el Partido Socialista hace una década. “No se va a desarrollar ningún proyecto que no cumpla con la legalidad vigente y desde la Junta de Andalucía emitiremos todos los informes que sean preceptivo”, sentenció el vicepresidente.
A los tribunales
También dijo Marín que, si alguien creía que se producía alguna ilegalidad, ahí estaban los tribunales. Y a los tribunales acudirá Ecologistas en Acción una vez más, puesto que no es la primera vez que la asociación ecologista se manifiesta en contra de estos proyectos. Esta organización ya ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya declarado nulo el Plan Parcial para construir en Valdevaqueros, precisamente en Tarifa. Denuncia Juan Clavero, portavoz en la provincia, que “la apuesta de la Junta está clara” y, añade, que “los fondos europeos eran una oportunidad para cambiar el modelo productivo”.
Clavero, en conversación con este periódico, se retrotrae a los gobiernos socialistas para señalar que todo se ha tramitado de manera irregular ya que, manifiesta, “ignoraban la normativa estatal y europea, no se sometían a la evaluación ambiental estratégica. Andalucía se ha comportado como un territorio independiente”. Desde Ecologistas en Acción esperan que la justicia les vuelva a dar la razón porque estos proyectos “dependen de la voluntad política, no de criterios objetivos”, critican. Los ecologistas exigen que se realice una evaluación ambiental estratégica y que, posteriormente, se definan las prioridades y necesidades para la elaboración del plan.
La situación no se vería modificada con la aprobación de la Lista —la nueva ley del suelo andaluza que está en plena tramitación parlamentaria— ya que se podría construir en el suelo rústico no urbanizable siempre que hubiera una declaración de interés público, algo que también advirtió hace unos meses Inmaculada Nieto, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía.
Otro de los conflictos que había en el proyecto de Atlanterra, que tiene a la promotora Grupo Q como su principal impulsora, era que el suministro de agua no estaba garantizado. En junio, Francisco Ruiz, alcalde de Tarifa, anunció un acuerdo con el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, algo que también mencionó Juan Marín el pasado martes cuando se le preguntó por el tema.
Las quejas de Ecologistas en Acción en esta cuestión llegan porque el municipio de Tarifa no está entre los que pueden ser abastecidos por este consorcio, como establece la Ley 17/1995, de 1 de junio, de transferencia de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete donde se incluye a Algar, Cádiz, Conil, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Jédula (Arcos), Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena. Clavero avisa de que no hay solicitud formal y acudirán a los tribunales si se autoriza la conexión con el pantano de Los Hurones.
El papel de la Unidad Aceleradora de Proyectos
Esta situación no podría entenderse sin la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos de Andalucía, un órgano creado por la Junta de Andalucía a través de un decreto-ley en 2019 para “el impulso y coordinación de los proyectos de inversión promoviendo la agilización de todas las actuaciones y procedimientos”. Todo ello a través de la coordinación y asesoramiento a los promotores de los Project Manager, las personas encargadas de “crear puentes” con los inversores, según Moreno Bonilla. El vicepresidente, Juan Marín, presumía esta semana de que había 137 proyectos activos en Andalucía. De esos 137, 18 están incluidos en la Unidad Aceleradora de Proyectos entre los que se encuentran distintas plantas fotovoltaicas, las ciudades de justicia de Jaén y Sevilla o la construcción del nuevo hospital de Málaga.
A este organismo se puede llegar bien por la declaración de interés estratégico por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, bien por la declaración de interés por el Consejo de Gobierno (por su especial relevancia derivada de su magnitud, su proyección económica y social o su importancia para la estructuración territorial de Andalucía). Sin embargo, los cuatro últimos declarados de interés por el Consejo de Gobierno —de diez en total— siguen el mismo patrón y corresponden a macrourbanizaciones con campo de golf y construcciones hoteleras, ya que a los tres de la provincia de Cádiz hay que añadirle el Valle del Golf Resort en Mijas.
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