El nombramiento de F.C.G. como director del Centro del Profesorado (CEP) de Algeciras-La línea está bajo sospecha. Los sindicatos Ustea, UGT, CGT, CCOO y ANPE, pertenecientes a la Junta Personal Docente no universitario de Cádiz, denuncian públicamente una serie de graves irregularidades presuntamente cometidas por parte de personal funcionario de la delegación territorial de Desarrollo Educativo, siguiendo órdenes de la propia delegada, Isabel Paredes.
Estos sindicatos sostienen que F.C.G., tiene conexión con el Partido Popular, al haber sido concejal en el Ayuntamiento de San Roque, pero sin experiencia en formación del profesorado. "Con este nombramiento discrecional se muestra que para la delegada de Educación son más meritorios estos requisitos que los 25 años de experiencia en el CEP del único aspirante que superó el procedimiento selectivo, que se efectuó conforme a norma; contraviniendo la misma, esta Delegación lo paralizó".
El pasado 29 de junio, en La Línea de la Concepción, tuvo lugar la defensa del proyecto de dirección del único candidato presentado al proceso de selección, una persona con una amplia experiencia de 25 años como asesor de formación, de los cuales diez años ha ostentado el cargo de vicedirector de CEP Algeciras-La Línea. Este candidato, junto al anterior director de este CEP, elaboró conjuntamente el proyecto de dirección que sirvió para formar equipo directivo en su momento.
La defensa del proyecto el 20 de junio concurrió cumpliendo lo establecido en la normativa, dando como resultado la superación del procedimiento tras la puntuación obtenida. La presidenta de dicha comisión, junto a la secretaria, actual coordinadora de formación de la delegación de Educación, firman el acta y se la hacen llegar al director del CEP. Finalmente, el acta no es publicada al día siguiente por la secretaria, incumpliéndose así el artículo 12 de dicha orden y paralizando el procedimiento. Esta omisión de publicación deja al candidato aprobado en una situación de indefensión jurídica, pues se le niega el derecho a presentar alegaciones.
En este procedimiento se regula la posibilidad de que, en caso de surgir discrepancias, se pueda pedir informe a una comisión coordinadora de formación ad hoc, formada por representantes de la Administración en materia de formación del profesorado y de las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial. Dicho organismo elaborará un informe que orientará a la propia comisión a tomar decisiones. Reunida esta comisión el 4 de julio se vieron varias discrepancias. Por un lado, una de los miembros de la comisión de valoración, coincidiendo con el puesto de inspectora de Educación, en la fase de preguntas al candidato, manifiesta haber detectado un porcentaje de texto literal al que llama plagio, obviando que el proyecto además de ser cedido, fue elaborado de forma colaborativa.
El porcentaje de 65% de copia del que es acusado se reduce al 20%, debido a la comparación de ambos proyectos que se hace el seno de dicha comisión utilizando una herramienta antiplagio, quedando en entredicho la veracidad de las declaraciones de la inspectora, sin que tampoco tuviese competencias en la detección de copas literales en documentos oficiales.
Lo sindicatos cuentan que hubo otro intento espurio de impedir la conclusión del proceso selectivo, argumentando que una de los miembros de la comisión mantenía amistad manifiesta con el candidato, circunstancias por la que incurriría en causa de abstención. Finalmente, miembros de esa comisión coordinadora defendieron en todo momento que el proceso de evaluación se había hecho conforme a normativa, que no procedía paralizar el mismo por conjeturas de plagio o falta de sustentación de algún apartado y que, tras haberse asesorado por servicios jurídicos de la Consejería, podía proseguir el procedimiento aun cuando el plazo estaba vencido.
A pesar de estas conclusiones, el 1 de septiembre se concluye con la declaración del procedimiento desierto, y el nombramiento a discreción personal por parte de Isabel Paredes como director del CEP de Algeciras-La línea a F.C.G. En este procedimiento de selección del candidato, en más de una ocasión los sindicatos integrantes de la Junta de Personal fueron informados con menos tiempo del establecido en la norma, impidiendo de esta manera que se cumpla lo establecido en el Decreto 93/2013. A tenor de todos estos acontecimientos, la Junta de Personal Docente de Cádiz solicita a la delegada de Educación retrotraer el procedimiento publicando el acta con los resultados de la comisión de valoración, como así dictaminó el 4 de julio la comisión coordinadora.
Ustea, UGT, CGT, CCOO y ANPE aseguran que van a denunciar cualquier nuevo intento de quebrantamiento de los principios constitucionales de cualquier procedimiento selectivo y recuerdan que la prevaricación del personal funcionario está penada con inhabilitación de cargo público y empleo. "El final de este proceso puede generar consecuencias de carácter irreparable. Los hechos ocurridos podrían quebrantar los principios constitucionales de acceso al empleo público", sostienen.