Hace casi 40 años, en 1983, la asamblea local de Cruz Roja de Trebujena, que tenía un puesto de socorro en la avenida de Chipiona de la localidad, inauguró una escuela de Formación Profesional en la que una treintena de alumnas, todas mujeres, comenzó sus estudios de auxiliar de Enfermería.
“Fue una revolución total en el pueblo”, recuerda Manuel Cala, director del CDP José Cabrera, que debe su nombre al que era presidente de la asamblea local de Cruz Roja en los años 80. “Era muy llamativa la imagen de las estudiantes paseando por la calle, vistiendo casi como monjas, con cofias y capas”, dice. Una gran fotografía colocada en un pasillo del centro, de la primera promoción, atestigua que iban así.
“El centro cuando empezó era apenas una habitación, el antiguo puesto de socorro, creado para prestar auxilio en carretera y trasladar a gente en ambulancia desde Trebujena a Jerez”, rememora Cala. Ahora, cuenta con más de 2.000 metros cuadrados. Con el tiempo, la oferta formativa se ha ampliado, además del ciclo de grado medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, cuenta con el de Cocina y Gastronomía, y los ciclos superiores Desarrollo de Aplicaciones Web y el de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, así como una línea por curso entre primero y cuatro de ESO.
La primera promoción tuvo acceso al mercado laboral casi de inmediato, algo que se mantiene hasta la actualidad, ya que la inserción laboral de los estudiantes del CDP José Cabrera es bastante alta. De hecho, casi puede decirse que es la mayor “agencia de colocación” del municipio, aunque tiene estudiantes procedentes de todas partes de Andalucía y del resto del país.
Desde su fundación, se cuentan por miles los profesionales que han salido del CDP José Cabrera, con destino a hospitales y centros sanitarios de toda España. El centro está concertado con la Junta de Andalucía, aunque pertenece a la "otra concertada". Esa que no cobra cuotas a sus alumnos, que no excluye al alumnado por motivos económicos.
“No hemos cobrado cuotas, nunca. Los únicos que pagan son los estudiantes del ciclo superior, porque forma parte de un concierto singular y está establecido así por ley, es obligatorio, no es una cuota nuestra”, explica Manuel Cala, director del CDP.
Un modelo, el del centro trebujenero, que tiene más mérito aún tras conocerse que nueve de cada diez colegios concertados cobra a las familias, y que en tres de cada cuatro son obligatorias las cuotas —la mitad de ellos establece un mínimo de 100 euros mensuales—, según datos extraídos del VII estudio de cuotas y precios de colegios concertados elaborado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa).
La Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES), a la que pertenece el CDP José Cabrera, y de la que forman parte 141 centros, que engloban a más de 40.000 alumnos y 1.800 profesores en toda Andalucía, reivindica su modelo, alejado del que se viene a la cabeza de la mayoría de la ciudadanía cuando se habla de educación concertada.
“Somos centros totalmente inclusivos, y ninguna familia o alumnado queda fuera por no poder pagar ninguna cuota porque no se cobran. A pesar de los insuficientes ingresos del concierto educativo, sufragamos los gastos que superan los de éste, y que son necesarios para el funcionamiento de nuestros centros educativos, gracias a la eficacia en nuestra gestión económica y educativa”, señala ACES en un comunicado reciente.
Los centros integrados en esta asociación impulsan precisamente la campaña a #LaOtraConcertada, con la que quieren dar a conocer los valores y las características de los centros de enseñanza de economía social. Estas cooperativas de enseñanza son “centros públicos, porque ofrecemos un servicio público y estamos totalmente integrados e implicados con el entorno, barrio o población”, señala ACES.
El CDP José Cabrera no es una cooperativa como tal, sino que está gestionado por una fundación creada en 2012, cuando la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que la gestionó entre 1992 y ese año, decidió desprenderse del centro al encontrarse casi en causa de disolución, apaleada por la crisis financiera. Entonces, intervino el Ayuntamiento de Trebujena, consciente de la importancia de mantener con vida el centro. “En la transición de la Mancomunidad a la fundación estuvimos un año sin cobrar, y nadie dejó de venir a trabajar”, destaca Manuel Cala, director del centro.
El porcentaje de inserción laboral del alumnado del CDP José Cabrera es “bastante alto”, señala su director, ya que además el Ayuntamiento cuenta con un servicio de orientación que ayuda a los auxiliares de Enfermería o técnicos de rayos recién graduados a encontrar empleo en hospitales de todo el país. Una treintena de auxiliares y, al menos, una veintena de técnicos culminan sus estudios cada curso. “Haz la cuenta”, dice Cala cuando se le pregunta por los sanitarios que se han podido formar en sus aulas. La cifra ronda los 2.000.
“La demanda que tenemos es tremenda”, confirma Cala. El centro se rige por los criterios de admisión de la educación pública y cada curso tienen una amplia lista de espera en todos sus ciclos. “La demanda ha aumentado”, asegura. “La FP también ha cambiado en el esquema educativo, hace unos años quedaba relegada como segunda opción o era para quién no servía para la universidad. Eso ha cambiado, aunque no se incrementa la oferta de plazas públicas y eso lo aprovechan los centros privados”, lamenta.
“Hay otro modelo de enseñanza concertada”, destaca Cala, quien asegura que el que ejecutan en el CDP José Cabrera es “muy diferente al de los centros religiosos”. En la asociación de la que forman parte, todos sus miembros promulgan “enseñanzas laicas, sin cobrar cuotas”, recalca. Esto último asunto es importante. Aunque Andalucía es de las comunidades con las cuotas más baratas, unos 42 euros de media al mes, la cifra varía dependiendo del centro.
Este cobro, además, es ilegal. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, conocida como Ley Celaá o Lomloe, recoge en su artículo 88 que “para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”.
Durante 2020 se destinaron casi 7.000 millones a financiar la educación concertada en todo el país, un 20% más que hace diez años, aunque el número de estudiantes, unos dos millones, se mantiene más o menos estable. El curso 2020-2021 contabilizó 5.402 colegios concertados, uno de cada cinco de todo el sistema educativo.
“Pedimos que las administraciones no autoricen estas cuotas. No se está garantizando el derecho de las familias a la educación gratuita y esto es discriminatorio”, asegura Elena Cid, directora general del Círculo de Calidad Educativa (Cicae), una de las entidades encargadas del citado estudio. El CDP José Cabrera, y los tros 140 centros adscritos a ACES, son el ejemplo de que otro modelo de concertada es posible.