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Nada más empezar el curso, numerosos son los centros educativos que se encuentran con problemas de diferente índole en Andalucía debido a la falta de recursos.
Desde la AMPA Azul y Blanca del CEIP Tomasa Pinilla, de Guadalcacín, una ELA de Jerez, han querido dar a conocer la "total indiferencia con la que la administración trata al alumnado de educación especial".
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece la educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado (artículo 4.3, redacción dada por la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE). Y señala que, cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, conforme a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), garantizando en todo caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera.
Por lo que se refiere a los principios de nuestro sistema educativo, destacan la equidad, la mejora permanente, como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, y la educación entendida como medio para lograr la formación integral que permita el ejercicio de la ciudadanía.
La equidad educativa es inseparable de la calidad. Son dos principios indisociables. Por lo tanto, un Sistema Educativo que aspire a la excelencia debe aspirar a que todo alumnado pueda recibir una educación y una formación de calidad, sin que ese bien quede limitado únicamente a algunos sectores, por falta de capacidad organizativa, de recursos personales y/o materiales en las administraciones competentes en el asunto.
Amparadas en esta ley y estos principios, las familias del CEIP Tomasa Pinilla denuncian "la forma de proceder este curso escolar (y posiblemente los cursos posteriores) de la decisión por parte de la delegación territorial de Cádiz de compartir la profesora de Pedagogía Terapéutica (PT) con el IES Lola Flores". Algo que se traduce en un menor número de horas de atención al alumnado NEE del centro, pues "no es una medida para optimizar los recursos, sino que se traduce en una pésima atención al alumnado, aumentando su desigualdad, no favoreciendo la famosa 'inclusión' que aboga la ley y promoviendo una 'explotación' encubierta de estos profesionales tan imprescindibles para garantizar los apoyos necesarios que garanticen los derechos de la infancia a una educación de calidad".
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