La Consejería de Educación, que dirige políticamente Javier Imbroda, defiende que la Junta de Andalucía está acometiendo las mayores inversiones en educación pública en la historia de la comunidad, pero la realidad, ajena a la propaganda, dice que el curso escolar en Andalucía comienza con casi 3.000 docentes menos —los que se quedan fuera tras la rebaja de los refuerzos covid en los centros— y con la supresión de unas 4.000 plazas escolares, por no hablar de todas las promesas que siguen en el limbo, como el desarrollo de la Ley de Bioclimatización, el refuerzo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o incrementar los recursos del programa de refurzo Proa+.
La demanda de la bajada de las ratio de alumnos por aula, el cese del cierre de unidades educativas (1.500 unidades menos en dos cursos) en los centros públicos o la "consolidación" de los docentes incorporados de forma extraordinaria al sistema público educativo por las nuevas medidas derivadas de la alerta sanitaria son también otras de las reclamaciones ya históricas de la comunidad educativa.
Por todo ello, cientos de personas se concentraron en la tarde de este pasado martes a las puertas del Parlamento andaluz, una nueva movilización de la llamada marea verde por la enseñanza pública que inquita al Ejecutivo de PP y Cs, que por un lado habla de sus denodados esfuerzos por potenciar la educación pública mientras pone la alfombra roja, por otro, a la educación privada y concertada. La protesta estaba promovida por diferentes colectivos como la plataforma Escuelas de Calor, Marea Verde Andaluza, Docentes por la Transparencia, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Fampa-Sevilla o Juntos por la Diversidad, entre otros, así como por sindicatos como CGT, Ustea y el SAT.
Convertir la educación en negocio, "como con las eléctricas"
"Hay que ir dejando a un lado las clases masificadas en las que es imposible ofrecer una enseñanza de calidad al alumnado"; hay que afrontar "el cese inmediato del cierre de líneas en la escuela pública ante la excusa de la bajada de natalidad", pues la Administración educativa ha esgrimido tal argumento para la supresión de unidades en centros públicos, mientras diversas voces avisan de que ello apenas afecta a los concertados; o "consolidar de forma permanente los cupos de docentes de refuerzo pertinentes para garantizar una educación beneficiosa para todo el alumnado", en alusión a los docentes incorporados de manera extraordinaria por la pandemia.
"No entendemos cómo, en un inicio de curso que aún se ve afectado por la pandemia" y en el que "se necesita bajar las ratios y más recursos, Imbroda decide despedir a 3.000 docentes previsiblemente, y suprimir 4.000 plazas escolares, mientras la concertada, o la escuela privada que es sostenida con fondos públicos, o no se toca o sigue creciendo", ha mantenido Libertad Benítez, representante de Unidas Podemos por Andalucía. Y ha abundado: "Frente a este Gobierno de PP, Cs y Vox que quiere convertir la educación en un negocio como hizo con las eléctricas, desde Podemos Andalucía proponemos que se invierta un 7% del PIB de la comunidad autónoma en educación para contratar más docentes, bajar las ratio, atender dignamente al alumnado con necesidades; en definitiva, para darle calidad al sistema educativo público andaluz, darle un fututo a los niños de esta tierra, y una educación donde la educación en valores, la igualdad y el respeto sean una realidad".