El pleno del Congreso ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Educación y FP sobre la Lomloe, la reforma educativa también conocida como 'Ley Celaá', con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. El texto ha salido adelante con 177 'síes', mayoría absoluta de la Cámara, una mayoría que necesitaba alcanzar para salir adelante, ya que se trata de una modificación de una ley orgánica, frente a los 148 'noes' de PP, Cs y Vox, CC, la CUP, el PCR y UPN. Por tanto, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario.
La Ley Celaá es la octava ley educativa de la democracia, por lo que cada norma dura una media de cinco años. UCD en 1980, el PP en 2002 y 2013 y el PSOE en 1985, 1990, 1995, 2006 y 2021 forman los Gobiernos —el último también con Unidas Podemos en el Ejecutivo— que aprobaron las leyes educativas desde la Transición.
El dictamen que se ha aprobado este jueves en el Congreso recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en la enseñanza, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares. Ante esto, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC).
El texto también incluye otros cambios como el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta "suficiente" de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de diez años.
En cuanto a las enmiendas 'vivas' que quedaron sin aprobar en Comisión —más de 600—, sólo se ha aprobado una durante el pleno. Se trata de una enmienda transaccional de Más País-Equo y Compromís, que ha contado con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, ERC y JxCat, para enseñar cultura fiscal en la asignatura de Valores Cívicos y Éticos.
El texto, al que tuvo acceso este miércoles Europa Press, establece que "en algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos". Y recoge que, en dicha materia, "se incluirán contenidos referidos a la Constitución Española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor del respeto a la diversidad y al papel social de los impuestos y la justicia fiscal, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia".
El debate se ha centrado en la enmienda ya incluida en el texto que suprime el carácter vehicular del castellano en la enseñanza, iniciativa que ha motivado las duras críticas por parte de la oposición hacia el Gobierno, al que han acusado de eliminar derechos y de 'dar alas' al independentismo. También ha sido un tema central la educación concertada, con la derecha defendiendo la pluralidad de la red educativa y la izquierda negando que la Lomloe suponga un "ataque" a este tipo de enseñanza.
La diputada del PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha celebrado este "día histórico" en que se derogará la 'Ley Wert', ha acusado a la derecha de decir "mentiras" sobre la Lomloe, como que la Ley acaba con el castellano, que se cerrarán las escuelas de educación especial o que se eliminan las pruebas para acceder al cuerpo de inspectores de educación. "Ya está bien de utilizar la palabra 'libertad', defienden el concepto solo para aquellos que tienen recursos, eso es manipulación", les ha afeado.
Desde Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna también ha recalcado que con la aprobación de la Lomloe se pone "punto final" a la Lomce y su "modelo elitista" e igualmente ha acusado a la derecha de poner en marcha una "campaña de desinformación y bulos". También Joan Mena se ha felicitado por este proyecto, aunque ha admitido que desde la formación 'morada' van a "seguir avanzando" porque "hay cosas que se han quedado atrás".
A todo ello, el PP ha afirmado que la Lomloe es un proyecto "profundamente ideologizado" que trata de "asfixiar" al que no se somete al "pensamiento único", que "suprime la cultura del esfuerzo" y que "destierra" el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. La diputada 'popular' Sandra Moneo, ha echado en cara que la nueva Ley elimine el castellano como lengua vehicular. "Es una ruptura de nuestro modelo competencial, de nuestra Constitución", ha dicho.
También el diputado de Vox, Joaquín Robles, ha criticado duramente la Lomloe, sobre todo la supresión del castellano como lengua vehicular, afirmando que el objetivo de la norma es que las escuelas catalanas se conviertan en "fábricas de independentistas". "Con la Ley, se adquiere el certificado de legalidad", ha advertido, para tachar la norma de "sectaria" y "peligrosa".
Del mismo modo se ha mostrado en contra Cs. Su diputada, Marta Martín, que ha definido la Lomloe como una ley "más ideologizada que la propaganda electoral", ha cargado contra la enmienda del castellano, asegurando que la supresión del carácter vehicular obedece a un "mercadeo zafio" por "un puñado de votos" que hará que los secesionistas se vean "reforzados" y los constitucionalistas se sientan "vendidos".
A favor de la Ley se ha posicionado ERC, por tratarse de un "deber moral" derogar la 'Ley Wert'. La diputada, Montse Bassa, ha dicho que como pedagoga se siente "orgullosa" de esta nueva Ley, pero como independentista "no tanto". Así, aunque a su juicio no permite desarrollar con plenitud la innovación pedagógica que quiere su formación, admite que "nunca" habían tenido un nivel de competencias "tan alto". Y ha finalizado su discurso asegurando, en catalán, que en Cataluña, "el catalán es la lengua vehicular en la enseñanza".
Mientras, Josune Gorospe (PNV) ha celebrado la aprobación de la Lomloe, que al menos permite desarrollar, según comenta, el sistema educativo vasco, pues, en su opinión, recoge reivindicaciones del PNV en materia de becas, currículo, lengua propia, FP y evaluación, mientras que Inés Sabanés (Más País), ha dicho que el "problema" de España no es la lengua, "conflicto" que, dice, fue introducido en la 'Ley Wert'.
Han mostrado su rechazo a la ley CC, la CUP, el PRC y UPN. Desde la formación canaria, Ana Oramas ha criticado que la Lomloe sea un proyecto "sin cabeza", mientras que para la CUP no es suficiente esta norma porque, a juicio de su diputado, Albert Botran, "no blinda la inmersión lingüística" en Cataluña. Por su parte, José María Mazón (PRC) ha hecho énfasis en que el tema del castellano era un "conflicto innecesario" que supondrá sin embargo ahora "un paso más hacia la independencia de Cataluña", y Sergio Sayas (UPN) considera que esto significará "un pago al radicalismo".
Bildu se ha abstenido, al igual que JxCat, BNG y Teruel Existe. La diputada vasca Isabel Pozueta, ha reconocido que la nueva ley no es el instrumento que necesita el País Vasco porque se queda "corta" en sus demandas, si bien también ha admitido que comparten el objetivo que tiene la ley de derogar la Lomce. "No es la ley que nosotros hubiéramos dibujado", ha indicado asimismo el diputado de JxCat, Sergi Miquel i Valentí, que no obstante, celebra que la Lomloe derogará la Lomce y defienda la ley de educación catalana. Por su parte, no considera "suficiente" el diputado Néstor Rego (BNG) "volver a la situación pre-Lomce", aunque ha celebrado que ésta se derogue, y Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha lamentado que cada 7 años se apruebe en España una nueva ley educativa.
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