La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la enseñanza pública en Andalucía, ha considerado que la instrucción de la Junta de Andalucía sobre el uso de los móviles en los centros educativos "supone un escaso avance" en la regulación de la utilización de estos dispositivos y ha exigido "una norma de mayor rango y más restrictiva que impida que la decisión recaiga en los centros".
Como ha defendido la consejera de Educación, Patricia del Pozo, la instrucción remitida a los centros es un "clamor" de las comunidades educativas por el uso y abuso permanente de telefonía móvil en los centros por parte de menores e incluso ha llegado a afirmar que da "seguridad jurídica" al profesorado. En cambio, dicha instrucción es poco más o menos que una mera recomendación de la Junta y son los centros quienes en última instancia deben decidir.
La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha subrayado que la instrucción publicada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "sigue siendo insuficiente y con poca entidad" para cumplir el objetivo de "reducir el continuo aumento de episodios de conflictividad y ciberbullying que se sufren en las aulas, entre otras cuestiones".
La citada norma limita el uso de los móviles durante la jornada escolar, pero la central sindical denuncia su "exiguo rango legal", al tratarse de "una simple instrucción". En cuanto a su contenido, Elena García ha apuntado que la instrucción es "tibia y poco ambiciosa" porque "lo que el profesorado necesita no es una limitación, puesto que tal limitación ya existe en los centros, sino una prohibición con carácter general del uso de los móviles y que de forma excepcional, atendiendo a la autonomía del centro, se permita su uso para fines educativos".
Asimismo, la responsable de CSIF se ha mostrado muy crítica con la implementación de formación del profesorado a la que alude la instrucción. "Los conflictos que surgen en las aulas como consecuencia del uso indebido de los terminales móviles no se solucionan con más formación dirigida al profesorado", ha destacado la dirigente sindical, quien ha recordado que "el colectivo docente es uno de los más formados y el que más mérito tiene pues, a diferencia de otros sectores profesionales, lo hace prácticamente fuera de su horario laboral".
Análisis más amplio de la cuestión de los móviles
En este sentido, la presidenta de CSIF Educación Andalucía ha instado a las administraciones autonómica y nacional a "que hagan un análisis amplio de la cuestión y determinen qué medidas se deben poner en marcha para solucionar estos problemas sociales que tienen su reflejo en las aulas".
En este sentido, ha exigido incrementar la plantilla docente y dotar adecuadamente los centros con perfiles profesionales como orientadores o educadores sociales, al tiempo que ha abogado por reducir el horario lectivo del profesorado, entre otras cuestiones, "y no focalizar la cuestión en la formación, porque de este modo se puede dar a entender que el problema y la solución está en el profesorado, cuando este tema requiere una lectura más amplia y la adopción de medidas más contundentes".
Igualmente, CSIF reclama "autoridad para el profesorado para garantizar la aplicación de la norma", ya que “los docentes afrontan a diario situaciones muy difíciles por falta de apoyo jurídico, como por ejemplo familias que no aceptan que el profesor retire el móvil a alumnos que entorpecen la convivencia".
"Hay que ser más contundentes y que se prohíban de forma general los dispositivos móviles en los centros educativos y de forma excepcional se posibilite su uso cuando lo determinante el equipo docente para fines educativos", ha concluido Elena García.
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