José Antonio González lleva desde que empezó el curso escolar, el pasado mes de septiembre, en huelga indefinida. Los lunes y viernes ejerce su derecho a la huelga para reivindicar una serie de mejoras en las aulas andaluzas, como la bajada de la ratio, la protección del profesorado vulnerable o la docencia a distancia cuando no se puedan garantizar las condiciones climáticas apropiadas para impartir clase. Lo hace desde el sindicato Docentes por la Pública (DxP), nacido en Almería en 2014, con presencia en toda la comunidad andaluza.
“Soy personal vulnerable. He echado tres veces una instancia para saber cómo me podían adaptar el puesto”, dice José Antonio, que padece asma y ansiedad, por lo que no puede estar seis horas en un aula con mascarilla. “Sigo esperando que me contesten”, señala este orientador educativo de un instituto de la localidad gaditana de Tarifa. Él es el portavoz de DxP en la provincia, un sindicato que ha convocado huelgas para los días 12 de febrero, 8 de marzo y 29 de abril, que apoyan desde Marea Verde.
“Luchamos porque los docentes no sean sometidos a condiciones de frío, viento y lluvia en las aulas, que incumplen todo principio de prevención de riesgos laborales, por lo que pedimos la aplicación del principio de prevención y protección colectiva frente a ridículos cubrebocas como único recurso que provee la Administración”, piden desde el sindicato, que pide que se aplique la Ley de Bioclimatización de Andalucía, aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz el pasado verano.
José Antonio denuncia la “actitud cerril” de la Consejería de Educación andaluza, que asegura que prioriza los “criterios económicos” para no decretar el cierre temporal de los centros escolares. “La escuela se ha convertido en una especie de guardería y si cierran no hay conciliación, porque no se ponen recursos. La Consejería dice que las aulas son seguras y de ahí no sale”, sostiene.
El sindicato, cuya huelga indefinida es apoyada por colectivos como las Mareas Verdes de Sevilla y del Campo de Gibraltar, el Sindicato de Estudiantes o la plataforma de Ampas Escuelas de Calor, asegura que busca que “las aulas sean lugares seguros y no vectores de transmisión de la epidemia”. “Luchamos para defender al profesorado vulnerable que es obligado a trabajar presencialmente, aunque sus patologías y dolencias aconsejen una docencia telemática”, agregan.
¿En qué fallan los protocolos que se están desarrollando en los centros escolares? González pone algunos ejemplos: “Cuando hace mal tiempo y las ventanas están abiertas, la temperatura es muy baja —el decreto de Prevención de Riesgos Laborales recoge que no debe impartirse clase por debajo de los 17 grados—; no se nos dota de mascarillas, te tienes que pagar la FFP2; hay centros que imponen las reuniones del profesorado de forma presencial o que el 100% del alumnado venga a clase…”.
“Las condiciones de bioclimatización son imposibles”, sostiene el representante de Docentes por la Pública en Cádiz, quien insiste en que “trabajar con estas condiciones de frío incumple cualquier regla de prevención de riesgos laborales”, además de la recién aprobada Ley andaluza. El sindicato también pide cribados entre el profesorado, además de cierres parciales si aumentan los contagios y permitir el teletrabajo entre los docentes que lo requieran.
“Hay compañeros que están con la garganta fatal y medio deprimidos, porque hay un alto coste psicológico”, cuenta González. Él mismo, asmático, lleva más de medio año esperando respuesta de la Consejería de Educación, y secundando una huelga que le supone una merma en sus ingresos, “pero el coste mental y el desgaste físico que tiene estar ahí dentro es peor que perder dinero”, dice. Hasta llegó a poner una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, admitida a trámite, porque la dirección del centro donde trabaja quiso modificar su horario una vez iniciada la huelga.
"El coste mental y el desgaste físico que tiene estar ahí dentro es peor que perder dinero"
“Los equipos directivos, en vez de pensar en la salud de los trabajadores, piensan en quedar bien con la Administración”, relata. “La golosina que le dan a los profesores para convencerlos es que teletrabajar supone más carga, pero es mentira, porque al final si tienes a la mitad de los alumnos confinados, también tienes que teletrabajar”. Paradójicamente, comenta, “cuando llamas a Educación para saber cuanto te van a descontar de la nómina, esos empleados están teletrabajando, cuando están menos expuestos que nosotros”.
El sindicato quiere que “la epidemia no sea una excusa para privatizar la Educación y recortar la Sanidad pública”, ni para que “la clase trabajadora sea obligada a acudir a sus puestos de trabajo para seguir enriqueciendo a los mismos mientras cualquier atisbo de ocio es criminalizado de forma asimétrica e irracional”.
Las oposiciones, "injustas e inseguras"
Andalucía celebrará, al contrario que otras comunidades, oposiciones educativas este año, para profesores de Secundaria, Formación Profesional, escuelas oficiales de idiomas, Artes Plásticas y Diseño, Música y Artes Escénicas y catedráticos de Música y Artes Escénicas. El próximo 19 de junio están convocados más de 51.500 aspirantes, que optan a las 6.330 plazas ofertadas.
Docentes por la pública critica que los interinos sean “obligados a presentarse a unas oposiciones injustas e inseguras tras un esfuerzo colosal este curso, para poder seguir trabajando, por lo que pedimos la paralización de las oposiciones y un nuevo sistema de acceso”. El sindicato considera que es un “ERE masivo encubierto”.
“Con el sufrimiento mental y la carga que tienen los docentes este curso, no están en condiciones de presentarse a unas oposiciones. ¿Qué pasa si una persona da positivo? ¿Se repite el examen? ¿Conoce las preguntas? ¿Es diferente?”, se pregunta José Antonio González, portavoz en Cádiz, que además asegura que se provoca un “efecto llamada”, ya que las comunidades colindantes no han convocado oposiciones.
“El colectivo interino es siempre el eslabón más débil en cualquier trabajo. Este curso, además, con la incorporación del personal covid-19, está alcanzando proporciones de entre el 30 y 40% de las plantillas”, reseñan desde el sindicato. “Dada la actual situación de emergencia sanitaria y de psicosis social, la realización de un proceso de acceso basado en un concurso-oposición, ya de por sí subjetivo y obsoleto, supone una auténtica temeridad”, agregan.
"Si estoy a la espera de resultados de PCR... ¿voy o no voy? Si días previos al examen nos comunican algún contacto estrecho con una persona positiva, pero aún no me ha llamado el rastreador... ¿puedo ir al examen? Si soy positivo... ¿me repetirán el examen? Si estoy confinado por recomendación de las autoridades sanitarias... ¿Sería válido un justificante médico para retrasarme la prueba? Si se demuestra que acuden a los exámenes personas que conocían su positivo en covid, habrá algún tipo de consecuencias por poner en riesgo a sus compañeros?”, se preguntan.
Comentarios (2)