Este mes ha comenzado el proceso de escolarización en Andalucía, con la solicitud de plaza en los colegios e institutos públicos y privados de la región. Sin embargo, como ocurre en los últimos años, los centros educativos públicos afrontan esta etapa con una disminución de plazas y recortes en el número de clases disponibles. Según el sindicato Ustea, la red pública perderá más de 700 unidades en la enseñanza infantil y primaria para el próximo curso.
La enseñanza concertada, por su parte, sigue su expansión, manteniendo e incluso aumentando sus aulas, incluidas las de Bachillerato. Estos cambios en la estructura educativa afectan a todas las provincias andaluzas, con el consiguiente impacto en la oferta educativa pública. Los datos proporcionados por Ustea destacan que la pérdida de unidades afecta tanto a la educación infantil como a la primaria en toda la comunidad autónoma.
En la provincia de Almería, por ejemplo, se han suprimido unidades de 3 años en varios centros, como el CEIP La Libertad de Campohermoso y el Freinet de la capital. Estas unidades suprimidas han sido trasladadas a centros concertados en la misma zona de escolarización. En Cádiz, el CEIP El Membrillar de Jerez y la Escuela Infantil Elvira Lindo de Puerto Real también han sufrido la eliminación de unidades de 3 años. Estos centros, con una alta demanda, han visto recortadas sus aulas año tras año, enfrentándose además a la amenaza de suprimirlas si no se cubren las plazas.
En Huelva, el CEIP Zenobia Camprubí de Moguer y el Doce de Octubre de la capital han perdido unidades de 3 y 4 años respectivamente, mientras que en Granada, el colegio Jardín de la Reina y el IES Mariana de Pineda han perdido líneas en la ESO. En Jaén, numerosos municipios también han visto suprimidas unidades en diversos colegios, como el Santa Ana de Linares y el Guadalupe de Úbeda.
En Málaga, Nerja y Torremolinos destacan por la pérdida de unidades de 3 años en el colegio Narixa y en el Maestra Virginia Gaitán. Estos recortes, según Ustea, continúan siendo una práctica habitual de la Consejería de Educación. En Sevilla, al menos cuatro colegios públicos de la capital han perdido unidades de 3 años, como el CEIP Jacarandá, el CEIP Maestro José Fuentes, el CEIP Tartessos y el CEIP Ángel Ganivet. Además, el colegio San Ignacio de Loyola, en el barrio de San Pablo, ha cerrado sus puertas.
La provincia de Córdoba presenta una situación especialmente grave. En Pozoblanco, el colegio Ginés Sepúlveda ha perdido su única clase de 3 años, mientras que las instituciones privadas concertadas de la localidad han mantenido sus líneas. En Puente Genil, dos centros públicos también han sufrido la eliminación de sus unidades de 3 años. Ustea denuncia que la administración favorece a la educación privada, permitiendo que colegios católicos, como los de la Fuensanta o Santa Rafael en la capital, mantengan aulas con un número muy reducido de alumnos, sin fusionarlas con otras.
Los datos de Ustea reflejan que en Córdoba se han suprimido 300 matriculaciones en la enseñanza infantil, mientras que la concertada solo ha perdido seis. Esta diferencia, según el sindicato, pone de manifiesto la disminución de la natalidad y cómo las recortes afectan de manera desproporcionada a la educación pública, favoreciendo un modelo ideológico que beneficia a la privada. Además, Ustea critica los nuevos conciertos en Bachillerato, que considera innecesarios, ya que la educación pública podría asumir sin problemas este alumnado.
Problemas con la ratio
La planificación de la escolarización, según Ustea, está basada en un modelo de reducción, con el mínimo número de clases posibles en cada centro, y con una ratio máxima que permite hasta 25 alumnos en primaria, 30 en secundaria y 35 en Bachillerato. El sindicato denuncia que, en muchos casos, la Consejería de Educación autoriza la creación de nuevas clases solo cuando las matrículas superan los límites establecidos por la normativa, lo que, a su juicio, favorece a los centros concertados.
Para Ustea, la eliminación de clases en la educación pública responde a una estrategia política de la Consejería que favorece la expansión de los conciertos educativos. Este modelo, según el sindicato, no solo perjudica a la red pública, sino que también conlleva la pérdida de empleos para miles de interinos y interinas. En diciembre pasado, la Junta de Andalucía aprobó la supresión de 2.400 líneas, lo que ha contribuido al cierre de numerosas aulas y a la creación de clases mixtas con niños de diferentes edades, lo que ha incrementado la precariedad en el empleo docente.
Frente a esta situación, Ustea exige la recuperación de las unidades escolares suprimidas y la reducción de la ratio en todos los niveles educativos. El sindicato, en colaboración con las comunidades educativas, ha convocado movilizaciones para los próximos meses, con el objetivo de frenar el recorte de la red pública en toda Andalucía. Las protestas están previstas para marzo y abril en diversas provincias andaluzas, con el fin de reivindicar una educación pública de calidad y accesible para todos.
