En apenas diez días dará comienzo el curso escolar en Andalucía. Como novedad resulta ser el primer curso en la historia que el Partido Popular gestionará desde la Junta de Andalucía con la mayoría absoluta que le proporcionaron las urnas el pasado 19 de junio en los últimos comicios autonómicos. Además, de por sí es la primera vez que los populares tienen la cartera de Educación ya que, en la anterior legislatura, se ocupó Ciudadanos de esta área. No obstante, el nombramiento de Patricia del Pozo no ha sentado bien en el sector al no tener apenas vinculación con el mismo.
A pesar de que todavía queda una semana para el regreso de los niños andaluces a las aulas, la comunidad educativa ha decidido que este año no hay tiempo que perder. Antes de dicho retorno, diferentes asociaciones del sector educativo han convocado una concentración en las puertas del Parlamento de Andalucía este 1 de septiembre con motivo del inicio del curso escolar. Esta movilización se produce tras un verano en el que el Ejecutivo de Moreno ha estado rodeado de muchas polémicas vinculadas a la educación pública. Todo ello hace prever que no será la última.
Desde Fampa Sevilla, su portavoz, Rocío Begines, deja claro que "se espera un otoño caliente por parte de la comunidad educativa". El motivo no es otro que el pensamiento de que las medidas adoptadas por el Gobierno de PP y Ciudadanos en la pasada legislatura ahora se verán intensificadas al tratarse de un Gobierno de derechas y monocolor, "sabemos a lo que nos enfrentamos con la mayoría absoluta. Tienen un concepto neoliberal de la educación y no apuestan por la pública", añade.
Uno de los organizadores de esta primera movilización es el sindicato de la CGT. El delegado de la federación de enseñanza, Nacho Candel, define la anterior legislatura como unos años en los que ha habido un "abandono de la educación pública, cierre de líneas y mayor dirección de fondos a la enseñanza privada". Ustea, otro de los sindicatos que lidera las movilizaciones de este jueves, señala que se alcanzó "el mayor presupuesto de la historia para la enseñanza concertada, con 879 millones de euros" a la vez que "se suprimieron 1.181 clases públicas, fundamentalmente en Educación Infantil y Primaria, con el pretexto de la bajada de natalidad".
Uno de los motivos que ha precipitado estas protestas se produjo en pleno verano, cuando apenas había actividad parlamentaria. El 11 de agosto se acababa el plazo para recoger las 40.000 firmas necesarias para que la Iniciativa Legislativa Popular que solicitaba la bajada de ratio en las aulas públicas llegara a la Cámara como proposición de ley. Sin embargo, un trámite común en este tipo de iniciativa es que la Mesa del Parlamento amplíe los plazos. Por primera vez en democracia esto no ocurrió. El órgano rector de la Cámara negó esta posibilidad y, entonces, comenzó una carrera a contrarreloj de la comunidad educativa que acabó con 52.000 firmas, a la espera de que se validen.
"Se intentó boicotear esta iniciativa para no debatirla y evitar que se tenga que señalar el Gobierno", apunta Begines, quien ya intuye que el Partido Popular se posicionará en contra de llevar esta medida a cabo. Desde la CGT, por su parte, achacan al Gobierno andaluz que no bajase la ratio durante lo más duro de la pandemia mientras que otras comunidades populares como Castilla y León o Madrid sí lo hicieron. Además, piden al Ejecutivo que aproveche la bajada de la natalidad para reducir el número de alumnos por clase en lugar de cerrar líneas de la educación pública.
Alguien que conoce muy bien tanto la educación pública como el funcionamiento de las instituciones andaluzas es José Ignacio García. García fue diputado de Adelante Andalucía en la anterior legislatura y actualmente trabaja en la educación pública, además de ser un activista de la misma, "ahora vamos a ver al verdadero Partido Popular", señala para lavozdelsur.es. Dicho esto, el que fuera número dos de las listas andalucistas en la provincia de Cádiz cree que esto puede provocar una reacción interesante en la comunidad educativa, "se va a inaugurar un ciclo de movilizaciones en la andaluza. Espero que los sindicatos estén a la altura y planteen un buen calendario de movilizaciones".
La ILP no ha sido la única decisión del Partido Popular que causó revuelo durante las vacaciones. En la nueva estructura de la Junta de Andalucía apareció una dirección general que hasta ahora era inédita: Dirección General de Educación Concertada. En realidad, las funciones que realizará ya se realizaban, pero resulta un aspecto relevante. "Crear la dirección general implica una declaración intenciones", expresa José Ignacio García. Con esta valoración coincide Contel que lo describe como "poner nombre a lo que ya se está haciendo".
El que fuera diputado de Adelante Andalucía cree que por primera vez desde que está en el Gobierno, el Partido Popular se va a enfrentar a una auténtica "oposición social" y, además, adelanta que la "educación va a ser uno de los ejes de conflicto político en el primer curso". El representante de CGT, por su parte, lamenta que este impulso a la concertada esté derivando en "guetos" y asegura que la fuerte inversión que anuncia la Junta, sobre todo en la llamada FP dual está sirviendo para que varias empresas privadas hagan negocio. Desde Fampa también lanzan un mensaje a las familias, "necesitamos que participen en la vida de los centros educativos después de lo que hemos perdido con el covid".