La enseñanza pública se moviliza. Ha sido convocada una huelga el próximo 14 de mayo para reclamar el aumento de las plantillas, mejoras en las condiciones laborales y en defensa del servicio público educativo. La movilización ha comenzado este 17 de abril con una concentración conjunta con UGT, ANPE, Ustea y CSIF en Cádiz.
Según los sindicatos, desde el pasado mes de noviembre se han venido manteniendo distintas reuniones en el marco de la negociación de un acuerdo para el aumento de las plantillas docentes andaluzas. La Consejería de Desarrollo Educativo y FP cedió a la apertura de este proceso negociador ante la presión ejercida por las centrales sindicales. Sin embargo, "el desarrollo de las sesiones de trabajo a lo largo de estos meses ha estado marcado por las continuas dilaciones en las convocatorias, los retrasos en las mismas y la ausencia de respuestas concretas por parte de la administración".
La plataforma reivindicativa de los representantes sindicales se ha centrado en varias peticiones: bajada de la ratio en todos los niveles y enseñanzas; mejora de la atención a la diversidad y al alumnado con necesidades especiales, en todos los centros, con dotación de perfiles específicos de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientación educativa en todos los centros y con las ratios recomendadas por la UE; disminución de la carga burocrática; reducción del horario lectivo docente para crear espacios de coordinación y homologar con las condiciones de otras CCAA; y terminar con la política de supresión de aulas en la escuela pública.
Los sindicatos señalan que el 1 de abril la Consejería de Desarrollo Educativo y FP rompió de manera unilateral las negociaciones, con la excusa de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, "pese a que los representantes del profesorado andaluz le demandaron continuar con las mismas, ya que sus frutos deberían aplicarse más allá de 2025 y Andalucía tiene autonomía para elaborar sus presupuestos y decidir sobre su propia política fiscal y de gestión del gasto".
ANPE, Ustea y CCOO, en su lucha por la mejora de las condiciones laborales, así como por la mejora de la calidad del servicio público educativo, entienden necesario que el profesorado andaluz "se movilice y dé una respuesta contundente a la Consejería de Desarrollo Educativo, ante lo que entendemos es una vulneración del derecho a la negociación colectiva". Las tres centrales sindicales exigen la reapertura inmediata de las negociaciones y un cambio de actitud de la Consejería que permita avanzar en las mismas.
La respuesta de la administración
Esta denuncia ha encontrado la contestación de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP. Sobre las negociaciones para el refuerzo de las plantillas docentes, señala que el diálogo con las organizaciones sindicales de la educación pública sigue abierta.
La Consejería recuerda que en los últimos cinco años "se han firmado diez acuerdos con los representantes sindicales de la educación pública de Andalucía fruto de ese diálogo, que han permitido mejorar las condiciones laborales de los docentes, entre ellos con el acuerdo de equiparación salarial con la media nacional, y que Andalucía disponga de la plantilla docente pública más amplia de la historia (108.000) tras incorporar casi 7.000 maestros y profesores desde 2019 a pesar de contar con 90.000 alumnos menos en el sistema por el descenso de la natalidad".
La administración ha explicado en la Mesa Sectorial que en estos momentos existe "un escenario de absoluta incertidumbre de financiación porque el Gobierno de España no va a aprobar nuevos presupuestos, lo que impide seguir avanzando en algunos temas con objetivos compartidos para poder reforzar el sistema".
En todo caso, asegura, mientras ese escenario se despeja, la Consejería va a seguir trabajando con los sindicatos en otros aspectos tanto para la mejora de las condiciones laborales del profesorado como en la ampliación de plantilla docente en las zonas más vulnerables y de transformación social de Andalucía.
La Consejería recuerda que Andalucía tiene un problema estructural de financiación porque recibe 1.500 millones menos de lo que le corresponde del Estado, y que repercute en la financiación de los servicios públicos. "Cabe recordar que con 90.000 alumnos menos por la bajada de la natalidad y 7.000 docentes más gracias a los acuerdos con los sindicatos, las ratios han ido bajando de forma progresiva en los últimos cinco cursos. En Infantil y Primaria casi el 44% de las aulas tiene menos de 20 alumnos, sin contar con las aulas rurales. El 93% cuenta con menos de 25 alumnos; en Secundaria, el 92% está por debajo del límite de 30 alumnos, según datos aportados por esta Consejería en el Parlamento".
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