La Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz, compuesta por los sindicatos ANPE, CSIF, Ustea, CCOO, Asadipre, UGT y CGT, piden el cese de Isabel Paredes, delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP en la provincia gaditana.
“Desde la Junta de Personal, nos hubiera gustado hacer una valoración positiva del desarrollo del curso y, con ello, dar un aprobado a la gestión de nuestra delegación territorial de Educación, pero atendiendo a varios de los aspectos que más preocupan al profesorado y, en general, a toda la comunidad educativa, la valoración no puede ser buena", asegura la Junta de Personal en un comunicado.
"Durante el curso 23/24 la situación, en lo referente a las ratios, no ha variado. Ratios que la Administración maquilla incluyendo centros de poblaciones rurales o diseminadas, lo cual, estadísticamente, provoca que los datos a la baja que ofrece la Consejería no sean reales, ya que, en muchos centros, se llega al máximo aun escolarizando a varios estudiantes con NEAE. Además, a pesar de que, desde el órgano que representamos, hemos solicitado insistentemente los datos de las ratios por unidades de todos los centros de la provincia de Cádiz, la delegación no los facilita, limitándose a publicar datos globales que quedan maquillados", insisten.
La representación de los profesores pide también un cambio del modelo del actual Sipri (plataforma de petición de destinos del profesorado), ya que "no está atendiendo a las demandas de sustituciones y vacantes sobrevenidas con la celeridad que se precisa, demorando las sustituciones hasta en un mes". El número de orientadores y orientadoras en la provincia de Cádiz, para la Junta de Personal Docente, "es ridículo y casi testimonial. Nos encontramos con ratios de 1/1000, algo que es totalmente inadmisible y poco efectivo".
"Solicitamos a la delegación territorial y a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, una mejora en la relación entre administración y la Junta de Personal: se nos convocó sin tiempo y forma, se nos cancelaron reuniones, se nos convocó posteriormente con tiempo escaso para tratar todos los temas que preocupan en la provincia... Bien es cierto que en la última reunión quedaron aclaradas las funciones, derechos y obligaciones de ambos órganos por lo que esperamos que lo acontecido en este curso no se vuelva a dar. Con todo, es necesario que las personas responsables de los servicios de la delegación se encuentren en las reuniones que solicitamos, incluidos los jefes de servicio", piden en el comunicado.
La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia se muestra preocupada por el estado de algunos centros públicos, algunos con más de 50 años de vida, por lo que pide la supervisión de las instalaciones para que no se den situaciones como las acontecidas en las residencias escolares de Puerto Real y Jerez de la Frontera, en el IES Zaframagón de Olvera, en el CEIP San Ignacio de San Fernando o en el Colegio de Sordos de Jerez, entre muchos otros.
"Nos preocupa la injerencia que suponen las directrices de la Administración educativa contra la autonomía pedagógica por la obligación de los centros de informar a la Delegación de las visitas o actividades aprobadas en Consejo Escolar, máximo órgano colegiado de representación de la comunidad educativa. A esta Junta de Personal nos sorprende también que desde esta delegación y en aras de la identidad corporativa y la consecución de una identificación diáfana y moderna se inste a los centros a disponer de una enara de acuerdo con el diseño establecido y móvil para usar en cualquier evento o actividad, reseñando foto a modo de ejemplo, así como los datos de distintas empresas. La enara o roll up en cuestión ronda los 130 euros", señalan.
"Solicitamos a la Delegación de Desarrollo Educativo la creación de una herramienta cercana y útil para trasladar y abrir los protocolos pertinentes en los casos de acoso y/o agresión al profesorado. Queremos trasladar el malestar de muchos docentes que nos informan de que no abren partes por miedo, o que, tras abrirlos, quedan sin efecto. Debemos ser conscientes de que el observatorio de la convivencia no está funcionando. Cada curso se incrementa el grado de conflictividad en las aulas. Es un hecho constatado en los centros educativos, pero que, por las razones que sean, no se genera un registro fiel de la realidad", apunta la Junta de Personal Docente.
Los representantes del profesorado critican también que "no se está reduciendo la carga burocrática que sufre el profesorado. Se hicieron grupos de trabajo para disminuir esta carga y después de dos años, no se ha visto fruto alguno, y no por falta de propuestas y demandas por parte de las organizaciones sindicales".
La Junta de Personal quiere resolver varias dudas, referentes a las obras del CEIP Tierra y Libertad de Puerto Real, la escolarización en centro concertado de familia que solicita sólo centros públicos en El Puerto de Santa María, la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Tarifa de un nuevo centro de Secundaria para el que ha ofrecido terrenos, el aula de Educación Especial del CEIP Trocadero de Puerto Real y la pérdida de una línea en este centro, además de la pérdida de unidades de Secundaria en la Zona Norte de El Puerto de Santa María.