La ministra de Educación y portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, ha dado a conocer este martes la redistribución de los 120 millones de euros a los que ha renunciado la Junta de Andalucía para poner en marcha plazas gratuitas de educación infantil. En concreto, siete comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra) recibirán una parte de los fondos a los que renunció el Ejecutivo de Juanma Moreno.
La historia de los fondos, que lleva años coleando, es la siguiente. Con fondos europeos, dentro del programa de fomento económico para la recuperación tras la crisis sanitaria, el Gobierno puso en marcha un sistema que implicaba la creación de nuevas guarderías, para niños de entre 1 y 2 años, principalmente. El problema es que Andalucía, desde los años de Gobierno del PSOE, cuenta con un modelo de centros de Infantil privados cuyas plazas son subvencionadas por la Junta.
La ayuda del Gobierno central implicaba la creación de nuevos centros, algo que rechazaron las guarderías al entender que supondría la destrucción de un sector que había surgido al amparo de la administración. Para evitar problemas, la Junta trató de convencer al Gobierno de que le permitiera emplear los 120 millones de euros en seguir subvencionando plazas privadas entre las familias andaluzas, en forma de bonificaciones a las matrículas. Aquello fue rechazado y la Junta, en un nuevo intento, abrió una línea de transferencias a los ayuntamientos que solicitaran crear centros municipales para los pequeños. "El problema es que no hay niños tampoco", ha justificado este martes la consejera, Carmen Castillo.
Así, finalmente el Gobierno andaluz comunicó expresamente que renunciaba a la ayuda millonaria. Este martes, la ministra ha anunciado la redistribución de 32 millones de euros de ese montante. "Lo hacemos porque la Junta rechaza la creación de 12.000 plazas públicas y gratuitas. Frente al rechazo expreso, es importante comunicárselo a las familias andaluzas. Era una oportunidad".
Las comunidades 'agraciadas' recibirán un montante complementario que va desde los 9 millones que obtiene Murcia hasta el medio millón adicional para la Comunidad de Madrid. En total, 2.900 plazas públicas en estas comunidades. El resto, unos 80 millones, irá para otros departamentos como el Ministerio de Defensa, destinado a la creación de plazas públicas en las instalaciones para que los hijos de los militares puedan quedar escolarizados en centros propios.
"Esto me lo he estudiado mucho", ha señalado en rueda de prensa este martes la nueva consejera de Educación. "Es difícil de entender el empecinamiento del Gobierno en el modelo de creación de plazas". Es decir, que fueran de titularidad pública. "Las comunidades que han recibido estas ayudas no tenían oferta, ni pública ni privada. Nosotros la teníamos, con un modelo que se estableció por Gobiernos anteriores, que consistía en un programa de ayuda a las familias, con un montón de empresas privadas, que daban ese tipo de servicio de educación infantil. El sector nos pidió que no usáramos los fondos para plazas públicas. Se estudió la posibilidad de subvencionar a las administraciones locales, pero no hay niño. Es injusto decir que no se ha trabajado. Avanzaremos en la gratuidad, y si no, tendremos que hacerlo con fondos propios".
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