La Junta de Andalucía anunció, el pasado mes de noviembre, que había sellado convenios con Google y Microsoft para acceder a los servicios educativos de estas dos compañías de forma gratuita. “Sin lugar a dudas contribuirán a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje”, decía Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte, agregando que “Andalucía sigue dando pasos para liderar los procesos de transformación digital educativa a nivel nacional y europeo”.
Los convenios con Google y Microsoft, de una duración de dos años cada uno, vienen a complementar la plataforma de formación online Moodle Centros que ya se utiliza en la comunidad, y no suponen coste para la Junta, que aseguraba que se busca combatir la brecha digital y que prevé para ello la adquisición de más de 200.000 dispositivos con conexión a internet.
Hasta este 14 de enero no se han conocido los términos del convenio con Google —el de Microsoft aún no es público—, tras publicarse en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. En su momento, la Junta se apresuró a decir que el tratamiento de datos personales se ajusta a la normativa vigente y que, por ejemplo, será necesario el consentimiento de la madre, padre, tutor o tutora del alumnado —si es menor de catorce años— para habilitarle una cuenta y que pueda hacer uso de las herramientas que ofrecen estas compañías.
“Google y Microsoft únicamente hacen uso de los datos que se almacenan y comparten para la propia prestación del servicio, aclarando que el responsable de los datos es la Consejería de Educación y Deporte", reseñaba el Gobierno andaluz. “Los convenios tampoco permiten el uso de los datos para la realización de perfiles, fines publicitarios; y la capacidad de almacenamiento, o espacio, es ilimitada”, añadía.
El convenio suscrito entre Google y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía recoge que la Administración andaluza pretende “incluir en su estrategia de transformación digital el uso de los productos educativos de Google, G Suite para centros Educativos”, que “engloba una serie de servicios de comunicación, colaboración y almacenamiento en la nube, diseñados por Google para el mundo educativo, que no requieren de hardware o software específicos”.
Junta y Google se comprometen a “no difundir, bajo ningún concepto, cualquier información confidencial que por sus características deba serlo, incluida la referente a aspectos científicos, técnicos, económicos o de organización interna, tecnologías y procesos de negocio perteneciente a las otras, a la que hubieran podido tener acceso en la ejecución del presente convenio”, una condición que se mantendrá “por período de cinco años desde la finalización del convenio, tanto para los responsables y encargados del tratamiento de datos, como para todas las personas que intervengan en cualquier fase de éste”.
Google, para ejecutar las prestaciones recogidas en el convenio, tendrán acceso a datos como “el identificador de usuario en el sistema de información Séneca; el nombre y apellidos de los usuarios; su rol —docente/alumnado—; el código de centro docente; el email; documentos; presentaciones; hojas de cálculo; imágenes o contenido audiovisual; entradas de calendario y tareas”.
“Los datos personales que se faciliten, almacenen, envíen o reciban a través de los servicios de G Suite para centros educativos pueden afectar a las siguientes categorías de interesados: usuarios finales —alumnado, profesorado, padres, madres o tutores legales—, incluyendo los trabajadores y contratistas del responsable; el personal de los clientes del responsable, proveedores y subcontratistas del responsable; y cualquier otra persona de la que se transmita datos a través de los citados servicios, incluidas las personas que colaboren y se comuniquen con los usuarios finales”, aclara el convenio. Además, “podrán incluir a menores, y las categorías de datos a tratar podrán incluir también fotografías y contenido audiovisual”.
Los datos personales, aclara el documento suscrito entre la Junta y Google, no se podrán utilizar “para fines propios ni para la elaboración de perfiles de cualquier tipo”. La compañía tecnológica tendrá acceso, además, a contenidos audiovisuales y sonoros, aunque “no podrá copiar ni reproducir” esta información, añadiendo una salvedad —“que estas acciones sean necesarias para el cumplimiento del objeto del mismo (convenio)—”, comprometiéndose a destruir o devolverla al finalizar el convenio.
Este acuerdo, a parlamentarios andaluces como José Ignacio García —no adscrito tras su expulsión de Adelante Andalucía—, les da “miedo”. “Habíamos pedido los convenios pero hasta hoy que se ha colgado el de Google en el Portal de Transparencia no hemos tenido acceso”, comenta cuando atiende a lavozdelsur.es. “El acuerdo es gratuito, pero se da permisos a Google para acceder a muchos datos académicos y no sabemos qué van a hacer en el futuro con los datos de nuestros niños y niñas”, comenta.
García asegura que trasladarán el convenio a expertos en protección de datos para que lo estudien por si infringe alguna ley. “Aunque sea legal, nos parece una auténtica barbaridad que una empresa con sede fiscal en Irlanda tenga los datos personales de los colegios andaluces”, señala. “La solución no es que no haya digitalización”, agrega, “sino tener cierta autonomía digital, creando plataformas públicas, por parte de la propia Administración, que hagan ese mismo trabajo. Tengamos la soberanía digital de nuestros datos”. El parlamentario critica que “Imbroda, una vez más, pone la Administracion al servicio del negocio privado”.
Sospechas de espionaje
El fiscal general de Nuevo México (EEUU), Héctor Balderas, presentó a principios de 2020 un escrito de imputación contra Google, a la que acusa de recopilar información sobre millones de niños y sus familias, datos como “dónde se encuentran físicamente, las páginas web que visitan, lo que buscan en el motor de búsqueda de Google y los resultados en los que hacen click, los vídeos que ven en YouTube, su información personal de contactos, sus grabaciones de voz, las contraseñas que guardan y otra información sobre su comportamiento”.
Balderas llega a acusar a Google de “espiar” a las familias y alumnado, y de tener “propósitos deliberadamente oscuros” en el uso de datos de niños con edades “tan tempranas como el jardín de infancia” y que no tienen “relación con los propósitos educativos”. “A pesar de que Google Education se promociona a colegios, padres y estudiantes como una herramienta educativa gratis, el uso de Google Education y otros productos de Google tienen unos coste muy real que Google oculta a propósito”, indica el fiscal.
“Google ha estado haciendo declaraciones y promesas para convencer a padres, profesores y personal escolar de que se toma muy en serio la privacidad de los estudiantes y que solo recoge datos relacionados con la educación de su plataforma. Además, Google ha anunciado y prometido públicamente que nunca minaría los datos de los estudiantes para fines comerciales”, reseña Balderas en su escrito. "Sin embargo, Google ha roto esas promesas y ha engañado deliberadamente a padres y profesores sobre su compromiso con la privacidad”, dice el fiscal general de Nuevo México.
“Mientras que Google proporciona Googe Education como una herramienta benigna para responder a las escuelas faltas de recursos en todo el país, utiliza de forma secreta Google Education como una herramienta para monitorizar a los niños mientras buscan en internet, incluyendo las búsquedas que hacen en sus casas, en sus ordenadores personales, en sus teléfonos y en sus redes privadas”, sostiene Balderas.
Aunque Google prohíbe a los menores de trece años —catorce años en el caso del convenio suscrito en Andalucía— abrir cuentas en sus servidores, el fiscal apunta que usa “Google Education para tener acceso y atesorar información” de los niños. “Los datos que Google acumula se guardan en perfiles atribuidos a cada estudiante y Google los utiliza para sus propios propósitos comerciales, según reconoció la propia Google en un interrogatorio del Congreso sobre las practicas asociadas con Google Education”, argumenta el fiscal general del Estado americano.
“A los estudiantes se les anima a conectarse a sus cuentas de Google Education en el buscador de Chrome de los ordenadores personales de sus familiares. Cuando lo hacen, existe una opción para encender Google Sync y asociar el uso de datos de Chrome de la familia con el perfil de estudiante de Google Education, que asocia todavía más datos a su perfil de estudiantes”, asegura el escrito del fiscal americano, quien agrega que “una vez que los estudiantes están dados de alta en sus cuentas de Google Education, utiliza las cookies para identificar a los estudiantes y empieza a recopilar esencialmente todo lo que hacen en internet”.
Google, en respuesta a estas acusaciones, asegura que “parten de hechos que no son ciertos”. GSuite for Education permite a los colegios controlar el acceso a cuentas, y les requiere que busquen el consentimiento paterno cuando sea necesario. No utilizamos información personal de usuarios en las escuelas primarias y secundarias para fines publicitarios. Los colegios son los que al final deciden cómo sacarle el máximo provecho a Google for Education en sus aulas, y estamos comprometidos a trabajar con ellos”, asegura la compañía.