El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha presidido este pasado martes la firma del acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte y organizaciones patronales, titulares y sindicatos para reforzar las plantillas docentes de los centros educativos concertados en más de 300 nuevos profesores y profesoras para el curso 2020/21, a sumar a los 970 ya incorporados por el acuerdo del mes de agosto pasado.
Durante su intervención, el consejero ha subrayado que se trata de un "acuerdo unánime" con el sector de la enseñanza concertada que tiene como objetivo principal hacer frente a un curso excepcional como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
Este acuerdo se suma al alcanzado a finales de agosto que permitió la contratación de otros 970 docentes en la red concertada, alcanzado la cifra total de más de 1.300 efectivos. Para ello, la Consejería de Educación y Deporte destina casi 50 millones de euros para dar cobertura a este incremento de profesorado.
Por otro lado, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha explicado que su departamento ha alcanzado acuerdos con la enseñanza concertada que han dado respuestas a demandas históricas del sector. Así, desde el año 2019 los docentes que desarrollan su labor en centros concertados pueden acogerse a la jubilación parcial anticipada, es decir, que el profesorado mayor de 61 años puede reducir su jornada a la mitad sin pérdida de retribuciones. Además, el consejero también se ha referido al pago delegado para dar respuesta a situaciones como la lactancia. Estos acuerdos, ha destacado Imbroda, son el resultado del diálogo y la participación con las organizaciones patronales y sindicales de la red concertada.
Otras medidas puestas en marcha para hacer de los centros entornos seguros fue el incremento de los módulos de conciertos educativos en las cantidades asignadas a otros gastos, según lo recogido en el Real Decreto 2/2020 de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes de retribuciones en el ámbito del sector público, en las siguientes cuantías: 650 euros anuales para las unidades de Infantil, Primaria y Educación Especial Básica/Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y FP Básica y 900 euros anuales para las unidades específicas de Educación Especial (psíquicos, autistas o problemas graves de personalidad, auditivos y plurideficientes), así como para las unidades de Programas de Formación para la transición a la vida adulta.
Este incremento se destinará a reforzar la limpieza de los centros docentes concertados para cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias. En el caso de las unidades específicas de Educación Especial también se podrá destinar a la compra de equipos de protección individual para el profesorado y el personal complementario contra el coronavirus. Además, se reparte mensualmente mascarillas destinadas al personal de los centros concertados e hidrogel.
En la firma del acuerdo han participado, aparte de Moreno e Imbroda, Carlos Ruiz, por Escuelas Católicas; Rafael Caamaño, por CECE; José Luis Hervás por ACES y Enrique Gómez por SAFA; por las organizaciones sindicales, Silvia Santos, de FSIE; María de la Paz Agujetas, de USO; Sandra Fernández, de UGT; y Gloria Molina, de CCOO. En el acto, que se ha desarrollado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, también han estado presentes el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.
"La destrucción de miles de empleos en la educación pública"
Desde el sindicato de enseñanza Ustea Cádiz, en paralelo, han denunciado que la Orden para extender los conciertos educativos en Educación Especial, Bachillerato y FP supondrá "la destrucción de miles de puestos de trabajo en la educación pública, lo que afectará muy negativamente tanto al profesorado interino como funcionario".
"Hace algo más de un mes que el Gobierno de Andalucía hizo público el borrador de Orden para acogerse al régimen de conciertos educativos, que pretende que esté en vigor el curso 2021-2022. Un documento que viene con una novedad fundamental: la extensión de los conciertos a las etapas educativas no obligatorias. Ya el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha expuesto públicamente su intención de empezar priorizando la FP de Grado Medio", han recordado.
Desde el sindicato USTEA ya hemos denunciado públicamente ese proyecto de Orden. Además, en este contexto de ofensiva de la educación privada concertada, hemos iniciado una campaña para volver a poner sobre la mesa la necesidad de reversión y desaparición de los conciertos educativos ( https://educacion.ustea.org/ustea-contra-los-conciertos-educativos/ ). De los diversos aspectos que mencionamos en la campaña, hay uno en el que queremos hacer hincapié: la destrucción de empleo público".
Hay que tener en cuenta que el principal instrumento que tienen los gobiernos para la privatización de educación son los conciertos educativos. "La expansión de los mismos es un proceso necesariamente “sincronizado” con el cierre de líneas en centros públicos. Dicho de otro modo: se cierran líneas en la pública, propiciando una masificación de las aulas, para dar más espacio a la educación privada subvencionada. Así hemos llegado a la situación que encontramos en la ciudad de Cádiz: el cierre constante de líneas ha propiciado la expansión de la educación privada subvencionada, hasta el punto de que mucho más del 60% de las plazas de educación obligatorias se ofrecen ya en centros privados concertados", han insistido desde Ustea.
La comparación de los datos entre comunidades es clarificadora. En Andalucía el porcentaje de alumnado matriculado en la pública no llega ya al 75%, lo que significa que uno de cada cuatro alumnos está matriculado en un centro privado, mayoritariamente concertado: la educación privada concertada supone algo más del 20%. En la Comunidad de Madrid, "espejo en el que se mira el Gobierno andaluz", donde hay conciertos educativos para las etapas no obligatorias, las matriculaciones en la pública no llegan al 55%, y la educación privada concertada supone en torno al 30% de la oferta. "Un dato adicional —exponen—: en los grados medios, los que quiere favorecer el consejero Imbroda de forma prioritaria, el alumnado que alberga la pública no llega al 59%, mientras que el 29% está en la privada concertada".
A la luz de estos datos, manifiestan desde Ustea, "resulta evidente cuál será la terrible consecuencia de la extensión de los conciertos a FP y Bachillerato: la destrucción de miles de puestos de trabajo en la educación pública de Andalucía, en un ERE silencioso. Unas consecuencias que volverán a pagar, sobre todo, las y los docentes interinos, el flanco más débil del profesorado. Este sector encontrará muy disminuidas las posibilidades de trabajar cuando participe en la colocación anual de efectivos en verano, o en las convocatorias de SIPRI para cubrir sustituciones y vacantes sobrevenidas, además de que las convocatorias de oposiciones presentarán ofertas cada vez más raquíticas".
Pero las consecuencias las pagará también el profesorado funcionario. "El fomento de la educación privada concertada y el cierre de líneas que conlleva puede acarrear que salga desplazado de su centro. Además, reducirá drásticamente la posibilidad de movilidad geográfica a través de las comisiones de servicio, lo que obstaculizaría seriamente las posibilidades de conciliación", han dicho.
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