La Junta de Andalucía ha manifestado su rechazo a la toma en consideración de la Proposición de Ley sobre el derecho al comedor escolar en la educación pública, presentada por Adelante Andalucía, que ha iniciado una campaña en la que denuncia la baja calidad de la comida que se da al alumnado.
El Ejecutivo andaluz considera que la iniciativa no contempla de forma adecuada el impacto que tendría en la estructura del sistema educativo, ni en su gestión, ni en la organización de los centros, ni en las condiciones laborales del personal docente y no docente. Según el Gobierno andaluz, tanto la propuesta como su memoria económica carecen del rigor técnico necesario. En su opinión, distorsionan la realidad del servicio y desacreditan el trabajo de los profesionales que actualmente prestan el servicio de comedor escolar en condiciones que califican de calidad, seguridad y con evaluación continua.
La Junta subraya que la universalización del servicio con gestión directa y cocina propia en cada centro supondría una reconfiguración estructural del sistema educativo. De acuerdo con las estimaciones de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el coste de la medida alcanzaría los 1.347 millones de euros, con un incremento consolidado anual de 983 millones en el presupuesto autonómico.
Este montante incluiría una inversión inicial de 360 millones de euros en infraestructuras, un aumento anual de 450 millones en personal docente y no docente, y aproximadamente 530 millones anuales destinados a alimentación y suministros. El Gobierno autonómico considera inviable asumir estos costes sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema educativo.
Desde la Junta también se critica el enfoque de la proposición, al que califica de reduccionista y negativo. Argumenta que no reconoce los esfuerzos realizados en los últimos años para modernizar el servicio de comedor escolar, ni los avances en calidad, transparencia, vigilancia técnica y promoción de valores como la salud alimentaria, la sostenibilidad y la equidad social.
En esta línea, el Ejecutivo autonómico defiende que, aunque existen márgenes de mejora, los datos disponibles no justifican la visión alarmista que plantea la iniciativa legislativa. Asegura que el modelo de gestión actual es cada vez más eficiente, inclusivo y centrado en el bienestar del alumnado, y que está en fase de consolidación y mejora continua.
Uno de los puntos que más controversia genera es la crítica de la proposición al modelo de gestión indirecta a través de empresas de restauración. La Junta sostiene que esta crítica carece de base, señalando que los controles realizados, como el Plan Evacole de la Consejería de Salud y Consumo, acreditan la calidad nutricional de los menús. En el curso 2023-2024 se realizaron más de 600 inspecciones presenciales a comedores escolares, sin que se detectaran deficiencias graves.
Además, destaca que se está fomentando el uso de productos de proximidad y ecológicos, con una previsión de más de 5,6 millones de kilos de alimentos ecológicos para el curso 2024-2025. Esto, según la Junta, evidencia el compromiso con una alimentación saludable y sostenible dentro del sistema educativo.
En cuanto a las condiciones laborales del personal, el Ejecutivo defiende que las últimas licitaciones han incluido mejoras como el aumento de la ratio de monitores por alumno y la ampliación de la jornada mínima diaria a dos horas. Estas condiciones se han incorporado como criterios de puntuación en los pliegos de contratación para fomentar una mayor calidad en el servicio.
314 cocinas propias
Actualmente, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional gestiona directamente 314 comedores escolares con cocinas propias. La coexistencia de modelos de gestión, según la Junta, permite adaptarse a las necesidades específicas de cada territorio, especialmente en zonas rurales donde el modelo indirecto es, en muchos casos, la única opción viable.
Frente a la demanda de la Proposición de Ley de reforzar la participación de las familias a través de los consejos escolares, el Gobierno andaluz insiste en que desde 2020 existen las comisiones de seguimiento de los comedores escolares. Estas están integradas por la dirección del centro, representantes de las AMPAs y de la empresa adjudicataria, y tienen como objetivo evaluar de manera periódica el servicio prestado.
Por último, la Junta subraya que los contratos actuales incluyen mecanismos de comunicación directa con las familias, encuestas de satisfacción y sistemas de evaluación telemática. Además, la Agencia Pública Andaluza de Educación realiza más de 300 auditorías técnicas al año, con posibilidad de sanciones ante cualquier incumplimiento detectado en los protocolos higiénicos, los planes de limpieza o la calidad de los menús.
