La historia se vuelve a repetir y otra vez el enfado con el actual proceso selectivo de oposiciones para acceder a un puesto de funcionario docente en Andalucía es mayúsculo. A través de un comunicado, la comunidad de maestros de Andalucía, ha denunciado su insatisfacción con las últimas oposiciones: "Consideramos que el formato y las condiciones del examen presentan serias injusticias y falta de transparencia, afectando a la igualdad de oportunidades entre los aspirantes", han lamentado.
El examen de oposiciones a maestros en Andalucía es el único para acceder a un puesto de funcionario que no se realiza en formato tipo test. "Al ser un examen escrito y oral, su evaluación es subjetiva y depende del tribunal que lo califique. Esta modalidad no garantiza la igualdad de condiciones entre los aspirantes, ya que cada tribunal puede tener criterios diferentes, lo que introduce una variabilidad injusta en los resultados", destaca la comunidad de maestros andaluces.
En el referido comunicado, además, refieren que se han identificado serias discrepancias entre los criterios de evaluación fijados por la Junta y la rúbrica utilizada por el tribunal de oposición. "Además, la rúbrica para ver las valoraciones del tribunal no estuvo disponible durante varias horas debido a problemas técnicos. Las notas fueron publicadas alrededor de las 21:00 horas y ya no estaban accesibles a las 21:30 horas, lo que impidió a muchos aspirantes acceder a sus evaluaciones".
Con relación al proceso de reclamación, han destacado que "es igualmente opaco. A los aspirantes que desean reclamar su calificación no se les permite ver su examen corregido. Esta falta de transparencia impide argumentar adecuadamente sobre los posibles errores o injusticias en la evaluación".
En este sentido, entienden que, según la base legal, "estas condiciones vulneran varios principios fundamentales establecidos en la legislación española: 1. Principio de Igualdad: La Constitución Española, en su artículo 23.2, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. La falta de un sistema de evaluación uniforme y transparente compromete este principio. 2. Transparencia y Buen Gobierno: La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 3 el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, lo cual incluye los criterios de evaluación y los resultados de los procesos selectivos. 3. Control Judicial: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 105, establece el derecho de los interesados a acceder a la información administrativa necesaria para defender sus derechos. Estas condiciones vulneran los principios de igualdad y transparencia que deben regir en cualquier proceso selectivo público".
Por todo lo expuesto, solicitan "a las autoridades competentes una revisión urgente del sistema de oposiciones, adoptando medidas que garanticen una evaluación objetiva y equitativa para todos los aspirantes".
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