La nueva Ley educativa, Lomloe, en vigor desde el pasado 19 de enero, modifica aspectos fundamentales de la escolarización para el nuevo curso escolar, proceso que en Andalucía se iniciará en el mes de marzo. Para dar cumplimiento a los cambios normativos que en materia de escolarización introduce la nueva ley, la Consejería de Educación ha publicado un nuevo Decreto Ley que, según CCOO, no respeta el marco normativo de la nueva norma educativa recientemente aprobada.
Sobre esta cuestión, el secretario general del sindicato de Enseñanza de CCOO de Cádiz, Sebastián Alcón, señala que el texto de este Decreto Ley no presenta “el respeto normativo que debiese con la nueva Ley educativa, pues mantiene que la escolarización tendrá en cuenta la demanda social, entendiendo por tal la prioridad de elección de centro educativo que una familia desee para la escolarización de sus hijos e hijas, partiendo de la planificación que realice la Administración educativa”. “Una cuestión sobre la que CCOO exige que el Gobierno andaluz, tal como le corresponde, respete la Ley en vigor, pues ya no contempla el concepto de demanda social que impuso la Lomce”, añade Alcón.
CCOO, sindicato mayoritario de la educación pública andaluza, señala que, en Andalucía, desde el año 2011, los decretos de escolarización contemplaban que “en cada municipio o ámbito territorial se establecerán las mismas áreas de influencia para los centros públicos y privados concertados en función de las unidades de enseñanza autorizadas en cada centro docente”. Este concepto, que aparece en el articulado de la Lomloe, no solo es que fuese suprimido por la Consejería de Educación en su hasta ahora Decreto, sino que no se ha incluido en la nueva norma, a pesar de la obligación determinada por la nueva Ley, y por el contrario, mantiene que las familias contarán con el máximo de puntuación para, al menos, un centro concertado aunque éste no se encuentre en su zona de influencia, una cuestión que es contraria a la Lomloe.
Alcón señala que la Lomloe determina que las administraciones educativas deberán garantizar plazas públicas suficientes, especialmente en zonas de nueva población, en tanto que el Decreto Ley andaluz soslaya esta garantía. Para Alcón, “es preocupante que este nuevo Decreto Ley no sólo no respete normativamente la Lomloe, sino que vaya asociada a la supresión de unidades públicas que, pues a pesar de que aún no se ha abierto el periodo de matriculación, ya se está notificando en los centros públicos la pérdida de unidades para el próximo curso, un hecho que evidencia la intencionalidad en política educativa de la Consejería de Educación”.
“Es por todo ello que, desde CCOO, estamos estudiando jurídicamente este Decreto Ley, y no solo porque no haya sido presentado a las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, sino por el incumplimiento de la Lomloe que la norma conlleva”, concluye Alcón.
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