La provincia de Sevilla sigue perdiendo plazas en colegios públicos de distintos municipios. Ustea ha alertado de la supresión de aulas en pleno mes de marzo, que marca el inicio del proceso de escolarización en Andalucía. Es decir, es en estos días cuando las familias deben solicitar plaza en los colegios de la comunidad autónoma. Sin embargo, la oferta se reduce debido a los recortes de la Junta.
"Las nuevas supresiones detectadas en esta zona de escolarización afectan a todas las provincias andaluzas, con casos especialmente graves en Sevilla", sostiene la organización sindical.
En concreto, en la capital hispalense, desaparecen cuatro unidades de 3 años en los CEIP Jacarandá, Maestro José Fuentes, Tartessos y Ángel Ganivet, en la zona de Sevilla Este. Además, la fusión de dos colegios en el Polígono San Pablo supone la pérdida de 100 plazas escolares públicas, mientras que la oferta de la enseñanza concertada en la zona se mantiene en 125 plazas.
A nivel provincial, la eliminación de aulas públicas afecta también en 3 años a los CEIP Cervantes y Los Cercadillos, en Alcalá de Guadaíra, Federico García Lorca en Dos Hermanas, Maestra Natalia Albanés en Espartinas, Vicente Aleixandre en La Algaba, y Andrés Bernáldez y Pablo Ruiz Picasso en Los Palacios y Villafranca.
El sindicato sostiene en una nota que la educación pública en Andalucía ha sufrido un recorte significativo en los últimos años, con la supresión de cerca de 3.000 aulas bajo la administración del presidente Juanma Moreno Bonilla. Mientras tanto, la red de enseñanza concertada ha mantenido intacto su número de unidades, según ha confirmado la propia Junta de Andalucía este mes. Además, los nuevos conciertos educativos en Bachillerato continúan expandiéndose en todas las capitales de la comunidad, a pesar de que la red pública tiene capacidad suficiente para absorber a este alumnado sin dificultad.
Ratios elevadas y planificación restrictiva
El sindicato Ustea ha denunciado que la Consejería de Educación está aplicando una política de planificación restrictiva en la oferta de plazas públicas, lo que ha llevado a ratios de alumnado por aula que rozan el límite de la legalidad. En Primaria, las aulas cuentan con 25 estudiantes; en Secundaria, con 30; y en Bachillerato, con 35. En algunos casos, la planificación inicial incluso supera estos límites, ya que no se autoriza la apertura de nuevas clases hasta que se alcanzan cifras como 29 matrículas en Infantil y Primaria, 34 en Secundaria y 37 en Bachillerato. Esta estrategia, según considera, beneficia directamente a la enseñanza concertada, que sigue admitiendo alumnos incluso después de que se cierren las matriculaciones en la red pública.
Impacto en el empleo docente
El cierre de aulas públicas ha tenido un efecto directo en la pérdida de empleo entre el profesorado interino. Solo con las 2.400 unidades suprimidas en diciembre, sumadas a la eliminación de aulas por la unificación de cursos en clases mixtas, cientos de docentes interinos han perdido su trabajo. Ustea interpreta estas medidas como una apuesta política clara por la privatización de la educación, impulsada a través de la extensión de los conciertos educativos y la reducción de la oferta pública.
Movilizaciones en defensa de la escuela pública
Ante esta situación, Ustea ha exigido la recuperación de las aulas públicas suprimidas y una reducción de las ratios en todas las etapas educativas. El sindicato argumenta que estas medidas son necesarias para garantizar una educación de calidad y una atención individualizada al alumnado. Además, defiende la escuela pública como pilar fundamental del derecho a la educación, frente a un modelo de conciertos que "perpetúa desigualdades y desvía recursos públicos hacia intereses privados".
En este contexto, Ustea reclama una inversión decidida en la educación pública. Reivindica "una inversión decidida en la escuela pública, asegurando que el acceso a una educación de calidad sea un derecho universal y no un privilegio condicionado por factores socioeconómicos". También insiste en que la educación pública debe ser prioritaria para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que las políticas actuales profundicen las brechas sociales en la comunidad andaluza.
