Las universidades andaluzas, ahogadas por las nóminas, reclaman 25 millones comprometidos por la Junta

Los rectores avisan de que necesitan los 25 millones a los que se comprometió meses atrás el Gobierno andaluz. Advierten de que encadenarán nuevos problemas ante el "escuálido" incremento de presupuesto para 2025

El rector de la Olavide, Paco Oliva, con el consejero de Universidades, Gómez Villamandos, en una imagen de archivo.

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Los rectores de las universidades públicas andaluzas han emitido un comunicado conjunto en el que advierten de que acabarán el presente año 2024 con déficit si la Junta no realiza las transferencias pactadas meses atrás. Las nueve universidades públicas que ofrecen grados universitarios (de este comunicado se cae esta vez la Internacional de Andalucía, enfocada a posgrados) se han unido para reclamar 25 millones de euros con urgencia para evitar que los incrementos de costes de personal dejen 'secas' las cuentas.

En concreto, en junio se firmó un acuerdo a varias bandas sobre la actualización de retribuciones para personal investigador (PDI) y para personal técnico de gestión y administración de las universidades (PTGAS). En una mesa en la que se sentaron los rectores con los sindicatos y con la Consejería de Universidad, acordaron (con el informe favorable de la Consejería de Economía) actualizar las partidas para pagar los complementos, con efectos a 1 de enero de 2024. Entre los PDI y los PTGAS, suponía un incremento de la financiación en 25 millones, "para poder dar un cumplimiento de mínimos a lo establecido por el modelo de financiación aprobado hace poco más de un año por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía".

Sin embargo, esa cantidad no ha sido resuelta y los rectores avisan de que si no se realiza esa transferencia antes de enero, "las universidades públicas podríamos cerrar el año en déficit, con las graves consecuencias que ello conlleva". "La gravedad de esta situación ha sido ya expuesta en reiteradas ocasiones ante la Consejería competente en universidades y otros órganos responsables de la Junta de Andalucía, con la intención de resolver esta cuestión de forma satisfactoria antes del final del ejercicio, pero nuestras peticiones han sido sistemáticamente desatendidas". Esta misma denuncia pública ya se realizó en el mes de agosto. Entonces, cuando sí se suscribió la Unia, recordando que venían de un recorte en 2020 de 135 millones de euros. 

Uno de los documentos del acuerdo entre la Junta, los sindicatos y los rectores para la financiación.

Además, hace una semana, el rector de la Pablo de Olavide, Paco Oliva, en calidad de presidente de la AUPA, la asociación que une a las diez universidades públicas andaluzas, advirtió en la Comisión de Hacienda sobre el presupuesto para 2025 que la Junta se alejaría el próximo año aún más de los compromisos de financiación. "Faltan 87 millones", a repartir entre las diez universidades públicas. Un mensaje a la consejera de Economía, Carolina España, pero también a Gómez Villamandos, el consejero de Universidad, y que fue rector en Córdoba, desde donde también fue a menudo crítico con la primera legislatura de Juanma Moreno en la Junta.

En su intervención, enumeró la normativa que actualiza el capítulo I en las universidades, derivada de un decreto ley del Gobierno central para equiparar a los investigadores en la universidad, además de sentencias del Supremo. Los costes salariales en Andalucía se elevan, así, a los 1.711 millones de euros.  Y de cumplirse lo que contempla el proyecto de presupuestos, la financiación a las universidades públicas subiría "unos escuálidos 17 millones de euros que no darían para pagar prácticamente ninguno de los conceptos" de incrementos salariales que deben afrontar.

La intervención de Paco Oliva ante la Comisión de Economía y Hacienda, la pasada semana.

"Las universidades públicas sufriremos en 2025 una merma de recursos que socava, desde luego, la calidad de la función social que tenemos encomendada", señalaba Oliva. "Faltan esos 87 millones de euros en estos presupuestos para que las universidades públicas para que, simple y llanamente, podamos pagar las nóminas. Estamos a tiempo de enmendar este error".