La luz verde de la Junta para la creación de dos nuevas universidades privadas en Andalucía sigue dando que hablar. El encargado del anuncio fue José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidades. Villamandos aseguró que se habían producido modificaciones para corregir las cuestiones polémicas a las que él mismo se había opuesto.
Y es que Gómez Villamandos hasta hace unos meses estaba al otro lado. Fue uno de los que alzó la voz, como rector de la Universidad de Córdoba, contra la creación de estos centros. Al igual que el resto de rectores, Villamandos puso en duda la calidad que podían ofrecer.
En la rueda de prensa del martes, insistió en esta cuestión. La Junta estaría vigilante para que se cumplieran los requisitos de calidad. Sin embargo, el mensaje del consejero no ha convencido a las universidades públicas. Los rectores de las nueves universidades públicas andaluzas se han unido en un comunicado en el que vuelven a mostrar sus dudas.
Estos dirigentes denuncian que se enteraron en la propia rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. "Cabe recordar que estas dos nuevas universidades recibieron en su día el voto desfavorable de todos los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas firmantes en la sesión del CAU en la que procedía emitir informe previo", señalan.
"Las universidades públicas andaluzas enviaron a la Consejería con competencia en universidades un pliego de alegaciones donde se daba fundamentación detallada a estos argumentos", en referencia al incumplimiento de los requisitos de calidad.
Al mismo tiempo, lamentan las universidades públicas que "seguimos necesitando un modelo de financiación que mejore las condiciones laborales de nuestro personal docente e investigador y de servicios y que nos permita poder avanzar en la mejora de la calidad de nuestra docencia, nuestra excelencia investigadora y ampliar el número de plazas ofertadas en las titulaciones con alta demanda para poder prestar con garantías el servicio público".
El comunicado termina con los rectores exponiendo "que los criterios de calidad y racionalidad de la oferta universitaria deben anteponerse a cualquier otro criterio de interés u oportunidad y que solo una Educación Superior pública que reciba una financiación digna y suficiente puede garantizar los valores de progreso, bienestar y justicia social en nuestra comunidad autónoma".