Las más de 2.000 escuelas públicas infantiles de 0-3 años en Andalucía viven estos días sumidas en la incertidumbre. Paralizadas, como casi todo, por la crisis de la epidemia de Covid-19, el hecho de que las guarderías mantengan en su totalidad concierto de sus 118.000 plazas —ocupadas unas 90.000— con la Junta de Andalucía, las mantiene un sinvivir porque hasta el momento el Gobierno andaluz no ha confirmado que vaya a hacerse cargo de las facturas de marzo y abril por un servicio público del que dependen unos 10.000 empleos, en su mayoría femeninos.
"Las escuelas infantiles pertenecen a un sector muy castigado por la administración históricamente; que siempre está regateando con el coste del servicio que prestamos. Un servicio totalmente profesional y de una gran responsabilidad", asegura la directora de uno de estos centros, que prefiere mantener el anonimato, en declaraciones a lavozdelsur.es. En este sentido, y una vez decretada la paralización de todos los niveles educativos en el territorio nacional, "a estas alturas no ha habido ninguna notificación de las intenciones de la Junta de hacerse cargo de la facturación mensual de marzo y abril".
El concierto de la Junta con las guarderías consiste en que hay un precio público del servicio de atención socioeducativa y de comedor, y hay un programa de ayuda a las familias, las cuales, según su situación económica y familiar, reciben una subvención por ese precio público de la plaza. Esa subvención a las familias la ingresa la Junta directamente a los centros y la parte no subvencionada la pagan los padres a la escuela infantil. Sin embargo, esa facturación mensual ahora está en el aire.
¿Qué esperan desde estos centros educativos de 0 a 3 años? "Necesitamos despejar la incertidumbre con una comunicación oficial por parte de la Junta de que asumirá la facturación de los meses que no prestemos el servicio por la situación de alarma, por que este sector subsiste al limite. Y la gran mayoria son pequeñas empresas con poco margen financiero. Mantenernos sin cobrar es imposible", advierten las mismas fuentes. Y añaden: "Estamos viviendo con mucha angustia estos días de incertidumbre porque si no se pronuncia pronto la Junta va a haber ERTE en este sector en toda Andalucía". Se trata de un sector mayoritariamente femenino y con un salario por debajo de los 900 euros hasta la reciente actualización del SMI. "10.000 trabajadoras en Andalucía no es ninguna broma, y aquí ya de por sí están muy castigadas, pues muchas veces se las contrata por obras y servicios, y en vez de tener vacaciones, en agosto muchas van al paro".
En la Comunidad de Madrid ya se están produciendo irremediables cierres de estos centros educativos, "el primer eslabón del sistema educativo, y probablemente el más importante, y siempre estamos en el límite de la subsistencia porque si hay recortes, somos los primeros; si hay impagos, nos toca. Si hay cambios de gobiernos nos afecta por que siempre llegan dirigentes nuevos a los que hay que explicarles y enseñarles cómo estamos", lamentan.
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó a primeros del pasado mes de febrero la revisión del precio de las plazas en las escuelas públicas infantiles y también en aquellas adheridas con una subida del 15%, un incremento muy demandado por el sector después de 12 años de congelación de esta tarifa para la prestación de este servicio educativo. El coste que pagará la Administración autonómica a partir del próximo mes de septiembre con esta revisión al alza será de 320,75 euros por plaza frente a los 278,88 euros que se pagan ahora. El Ejecutivo presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla ha prometido la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en 2022, pero la epidemia de coronavirus ha puesto al sector al borde del precipicio.
Sus inquietudes se derivan de cómo va afectar la paralización del servicio público que prestan los centros de educación infantil en relación a las ayudas que reciben las familias por el mismo, y que reciben directamente los centros; cómo se va a compensar la aportación familiar que abonan directamente a los centros y que el próximo mes supuestamente no se podrán enviar por ética profesional; cómo vamos a mantener el personal de los centros sin evitar los expedientes de regulación temporal de empleo; y, por último, plantean si la liquidación pendiente de febrero se verá afectada por las restricciones en servicios administrativos. "Estamos sumidos en la incertidumbre y en el desamparo", dicen otras fuentes del sector.
Según ha informado la Junta de Andalucía en la noche de este pasado jueves, el Consejo de Gobierno de la aprueba este viernes, en sesión extraordinaria, un nuevo bloque de medidas con las que hacer frente a la pandemia de coronavirus que mantiene a todo el país en estado de alarma y que, en el caso andaluz, se vienen a sumar a un primer paquete de iniciativas ya aprobadas por el Ejecutivo andaluz.
En el orden del día del Consejo, consultado por Europa Press, se contempla en primer lugar un decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a escuelas-hogar y a centros de primer ciclo de Educación Infantil adheridos al Programa de Ayudas a las Familias.