Reino Unido permitirá abortar a fetos con síndrome de Down hasta el día del parto

Los jueces admitieron que las personas con este síndrome podrían entender de esta legislación que "sus propias vidas valen menos"

Un bebé con síndrome de Down.   PEXEL
Un bebé con síndrome de Down. PEXEL

El Tribunal británico de Apelación confirmó este viernes la legislación que permite el aborto de fetos con síndrome de Down hasta el momento del nacimiento, tras rechazar un recurso presentado por una mujer que sufre ese trastorno genético y una madre de un niño que también lo padece.

Heidi Crowter, una mujer de 27 años natural de Coventry (Inglaterra) que tiene síndrome de Down, y Marie Lea-Wilson, madre de un niño, Aidan, que también padece esa afección, presentaron la demanda contra el Ministerio de Sanidad y Cuidado Social con la esperanza de que se elimine una sección contemplada en la Ley del Aborto al entender que se trata de un ejemplo de "desigualdad".

Si bien en Inglaterra, Gales y Escocia la actual legislación permite abortar siempre que se haga dentro de las primeras 24 semanas del periodo de gestación, la ley también permite el aborto hasta el momento del nacimiento cuando existe un "riesgo sustancial", "si el niño que naciera sufriese de anomalías físicas o mentales o tuviera minusvalías graves", que incluyen el síndrome de Down.

El pasado septiembre jueces británicos se comprometieron a hallar un equilibrio entre los derechos del nonato y los de la mujer y este caso en concreto se contempló en una audiencia judicial celebrada el pasado julio. Según determinaron hoy los magistrados de la Corte de Apelaciones, la legislación no interfiere con los derechos de los "incapacitados que están vivos".

Al rechazar el recurso de esa mujer, los jueces admitieron que "esta corte reconoce que mucha gente con síndrome de Down y otras discapacidades se sentirán disgustadas y ofendidas por el hecho de que este diagnóstico de discapacidad grave durante el embarazo se contemple por la ley como justificación para el aborto, y que podrían considerarlo como que implica que sus propias vidas valen menos".

El pasado julio, el abogado Jason Coppell, que representó a Crowter y Lea-Wilson, consideró que el lenguaje empleado en esa ley era considerado por algunas personas "ofensivo e inaceptable".

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