La Junta paga publirreportajes para 'vender' su gestión durante la crisis del coronavirus

Andalucía toma la delantera: así se refuerza nuestra comunidad contra la pandemia; Movilización sanitaria, social y económica frente al Covid-19; Andalucía triplica el número de camas disponibles para frenar el Covid-19... son algunos titulares aparecidos en medios de comunicación de corte liberal o conservador en los últimos días. Todos tienen algo en común: son noticias patrocinadas por la Junta de Andalucía. En plena pandemia, el Gobierno andaluz de PP y Cs está destinando dinero público a costear publirreportajes en diversos medios de comunicación para vender su buena gestión durante la crisis del coronavirus. De momento, se desconoce el importe abonado por estas campañas, ya que no aparece en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

"Juanma Moreno gastando dinero público en autobombo para sacar pecho en plena crisis del coronavirus y continuar sus luchas partidistas con el Gobierno central", critica Teresa Rodríguez, portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, en sus redes sociales. "¿En esto hay que gastar dinero? ¿En propaganda?", le pregunta al presidente andaluz.

https://twitter.com/TeresaRodr_/status/1245244972514922496 Izquierda Unida Andalucía considera que es "muy grave" que la Junta impulse estas campañas durante el estado de alarma. "Juanma Moreno está utilizando recursos públicos para pagar publirreportajes alabando su propia gestión", critica IU, que considera que PP y Cs "deben dar explicaciones cuanto antes". La publicación de noticias promocionadas o patrocinadas por la Junta dei Andalucía llega en pleno estado de alarma, cuando se ha conocido que también ha aprovechado para reformar la Ley Audiovisual de Andalucía e incorporar modificaciones de gran calado tanto en la vigente Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía como en la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. https://twitter.com/iuandalucia/status/1245073058697748482   El Colegio de Periodistas de Andalucía critica que el Ejecutivo andaluz pretende eliminar de un plumazo elementos claves de la Ley Audiovisual con la que se pretendían garantizar un servicio público audiovisual de calidad para toda la ciudadanía, especialmente en el ámbito local, con la excusa de favorecer la actividad económica del sector y despejar las supuestas trabas burocráticas. El Gobierno de PP y Cs, apoyado por Vox, prevé eliminar “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local del artículo 46.1 de la citada Ley”. Esta reforma, además de tener un difícil encaje en el artículo 210.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, permitirá a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público que ya no habrá de ser de gestión directa, para el que se les ha otorgado una concesión. El Colegio Profesional de Periodistas entiende que esta medida vendrá a precarizar aún más el sector al desentenderse la Administración local de la observación de criterios básicos para la prestación del servicio como la profesionalización de los mismos, especialmente los contenidos informativos, y el cumplimiento de unas condiciones laborales mínimas. Sobre todo porque, según justifica el propio gobierno en el texto, “de las 287 concesiones otorgadas a Ayuntamientos en Andalucía, aproximadamente la mitad no se mantienen vigentes. A su vez de estas 141, hay 87 que no las explotan, por lo que no prestan el servicio para el que fueron otorgadas, debido posiblemente a problemas de sostenibilidad económica”, lo que lleva a pensar en el empeoramiento de las condiciones en que vaya a prestar el servicio tanto en calidad como en condiciones de trabajo. Igualmente, las corporaciones locales evitarán el control de la Administración al no tener que renovar la concesión y demostrar el cumplimiento de los requisitos de forma periódica con lo que podría darse el caso de mantener un servicio sin por ejemplo estar al corriente del pago de nóminas u otras obligaciones en materia de seguridad y empleo, circunstancias que incluso con explotaciones directas como las actuales se han producido en determinados municipios. Además, la reforma pretende que pueda ahora nuevamente contratar publicidad con emisoras “piratas” o sin licencia. Que un Gobierno favorezca la economía irregular y el trabajo al margen de la norma no puede responder a ningún principio de flexibilidad de mercado y podría asemejarse a permitir que un centro sanitario o una farmacia operase sin la correspondiente autorización administrativa, generando además situaciones de competencia desleal entre quienes cumplen la ley y quienes no, critica el Colegio de Periodistas andaluces. Siguiendo con las reformas, el Gobierno ni siquiera va a permitir la posibilidad de debatir sobre el Estatuto de la Información que la vigente Ley de Audiovisual recogía para su desarrollo en la disposición adicional cuarta y con el que se pretendía dotar a los profesionales de la información de un marco de garantías y seguridad adicionales a semejanza del Estatuto del artista para quien el Partido Popular sí consideró adecuada su regulación. Amparándose en una supuesta contradicción con las tendencias europeas y nacionales, sin mayores argumentos o datos que respalden este motivo, el proyecto cierra el camino a cualquier posibilidad de desarrollo de este Estatuto con el que se pretendía, entre otras cosas, describir la figura del “informador o informadora como sujeto activo en el proceso de creación de la comunicación social, el código deontológico, las cláusulas de conciencia y medidas para la protección de la independencia del informador” con la participación de los colegios profesionales representantes de tales sujetos. Los periodistas andaluces consideran que una vez más se demuestra la falta de interés por dar independencia a los profesionales de la información frente a las numerosísimas injerencias que se producen en la actualidad y el permanente intrusismo que padece el sector, dejando libertad a quienes día a día amenazan el derecho a la información de la ciudadanía presionando y conculcando el ejercicio profesional del periodismo, vetando a periodistas, insultando y agrediendo de forma verbal a los y las informadores, y dejando en definitiva mayor margen a la censura y a la presión sobre los profesionales de la información.