En la sentencia, de 161 páginas y a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, se condena, como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de falsedad cometida por funcionario público, a Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel, "con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de tres años de prisión, doce meses de multa con una cuota diaria de 100 euros, y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La sentencia también establece penas de prisión e inhabilitación por ambos delitos para los otros trabajadores de la trama Correa implicados en el amaño de contrataciones del Ayuntamiento de Jerez para Fitur 2004, en la época de María José García-Pelayo como alcaldesa. Pablo Crespo, es condenado a tres años de prisión y a la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; Javier Nombela, a la pena de dos años y tres meses de cárcel, y dos años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público; e Isabel Jordán, a la que condena a un año y dos meses de prisión, y tres años y medio de inhabilitación especial.
"Los acusados han intervenido como cooperadores necesarios y extraneus en el delito cometido por otros", reza la sentencia. Y añade: "La decisión verbal de adjudicación directa por el Ayuntamiento de Jerez (IPDC) a las empresas pertenecientes al grupo Correa se debió adoptar sobre el mes de octubre o noviembre de 2003 aproximadamente, por otra u otras personas distintas a los funcionarios municipales acusados en este procedimiento, que lo son como cooperadores necesarios".
Fueron también investigados, abunda, "Isidro Cuberos, por aparecer como interlocutor entre las empresas y el Ayuntamiento, quedando extinguida su responsabilidad criminal por fallecimiento el 27 de octubre de 2015, y la alcaldesa de Jerez señora García Pelayo, aforada en el TS, respecto a la cual se dictó auto de sobreseimiento provisional de 28 de abril de 2016, por falta de prueba suficiente del dolo necesario al dictar las resoluciones ilegales y arbitrarias". En todo caso, mantiene la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "la ausencia del autor directo del delito de prevaricación no es óbice al castigo de los cooperadores necesarios, también coautores, que con su intervención eficaz y relevante hayan contribuido a que se materialice la adjudicación ilegalmente realizada.
Fiscalía pide al Supremo que investigue a Pelayo
El juicio en la Audiencia Nacional ha acabado sin políticos en el banquillo. No obstante, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó el pasado 4 de noviembre que se reabra la causa contra María José García-Pelayo en relación a la pieza jerezana de la trama Gürtel. Asegura que hay “nuevos y relevantes elementos probatorios” contra la ex alcaldesa de Jerez, y diputada al Congreso por Cádiz en el PP tras el pasado 10N, en adjudicaciones irregulares a la red de Correa cuando era regidora de la ciudad. Según ha adelantado eldiario.es, en un escrito remitido a la Sala de lo Penal, y al que ha tenido acceso el referido medio en exclusiva, el fiscal considera que han aparecido “nuevos y relevantes elementos probatorios” que hacen necesario que se reabra la causa contra García-Pelayo, archivada provisionalmente en 2016. Pelayo fue imputada en la pieza separada del caso Gürtel referente a tres contratos a las empresas de Gürtel para el stand de Jerez en la feria Fitur del año 2004 con un coste para las arcas públicas por encima de los 300.000 euros. Por su condición de aforada, la instrucción se desarrolló en el Tribunal Supremo, pese a que la Audiencia Nacional vio “groseras ilegalidades”en la forma de construir el expediente a posteriori para adjudicar los trabajos a la trama Gürtel. En abril de hace tres años, solo unos días antes de que dejara de ser aforada, el magistrado Antonio del Moral sobreseyó la causa al considerar que no se había logrado acreditar que la exalcaldesa de Jerez supiera de la ilicitud de las adjudicaciones que había firmado. Entre los pasados 3 de junio y el 19 de septiembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional albergó el juicio de la pieza separada del caso Gürtel relativa al stand de Jerez en la feria Fitur de 2004, el cuarto que se celebra en la Audiencia Nacional por esta trama de corrupción en torno al PP, como recuerda eldiario.es. En la vista, en la que no se sentó en el banquillo ni un solo político, destacó la confesión de Isabel García Jordán, administradora de varias empresas de Gürtel y que cumple condenas que suman más de 20 años de cárcel.“Acusada también en la pieza de Fitur, Isabel García Jordán se ratificó en un escrito presentado a la Audiencia Nacional dos meses antes en el que “se expone con detalle” el método de adjudicación de contratos a la red de Correa en Jerez, según afirma ahora la Fiscalía en su escrito”, expone este diario digital. Según su confesión, “García-Pelayo no se limitó a firmar los contratos sino que participó en dos reuniones en las que se decidió beneficiar a la red de corrupción. García Jordán logró que la Fiscalía rebajara su petición inicial de 7 años y 9 meses de cárcel a 1 año y 11 meses por su participación en esta pieza separada de Gürtel”. Pelayo, que declaró como testigo, dijo que solo había pisado la calle Serrano de Madrid —donde se encontraba el entramado de Correa— para “ir al Zara”.
Álvaro Pérez El Bigotes corroboró en julio pasado la asistencia a esas reuniones de Pelayo. En el juicio de la Audiencia Nacional, otra de las testigos que señalaba García Jordán, la apoderada de Orange Market Mónica Magariños, ratificó los hechos. Además, en el juicio oral, un testigo que trabaja en el Ayuntamiento de Jerez, Santiago C.G, aseguró que Cuberos “le puso de manifiesto el conocimiento de la alcaldesa de todo lo relativo a la organización de Fitur”, añade, según lo publicado por eldiario.es, el fiscal Juan Carlos López Coig, quien considera este testimonio “igualmente significativo”. Según ultima, “el fiscal solicita que se acuerde la reapertura del procedimiento contra María José García Pelayo y citar como testigos a Mónica Magariños, Álvaro Pérez y Santiago C.G, así como a la propia Isabel Jordán, que cumple actualmente condena en la cárcel. El juez Antonio del Moral ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía antes de adoptar una decisión”. HABRÁ AMPLIACIÓN
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