Un juzgado de Instrucción de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia que presentó el PSOE andaluz sobre los contratos de la Junta de Andalucía con clínicas privadas, unas adjudicaciones que se realizaron según la legislación de emergencia surgida en la crisis sanitaria de 2020, pero que se alargaron con prórrogas hasta 2023.
En concreto, según ha adelantado la Cadena SER, son los contratos de 2021 a 2023, y la denuncia fue depositada por el PSOE el pasado 20 de junio. En esta denuncia, se habla de malversación y prevaricación en relación a estos contratos a dedo y, como indicaba eldiario.es, se siguieron realizándose en base a una legislación de la época del covid que ya estaba derogada.
Las adjudicaciones extraordinarias y sin procedimiento de publicidad para la contratación, contó inicialmente con un presupuesto de 70 millones, repartidas a dedo, pero pasó a 243 millones tras cuatro prórrogas con las clínicas.
Hasta el momento, el PSOE-A no había anunciado ningún paso judicial, tras asegurar durante un año que iba a llevar el asunto a los tribunales. Finalmente, lo hizo en junio de 2023 sin que se conociera en los medios de comunicación.
Este caso no tiene ninguna relación con las adjudicaciones a dedo de contratos menores que fueron presuntamente fraccionados por el SAS en cuatro provincias en 2021, abusando del procedimiento sin negociación ni publicidad, y con empresas, desde farmacéuticas hasta taxis o de obras, que acumulaban con más de una treintena de contratos un ingreso final de más de 200.000 euros, como es el caso de una empresa de albañilería en el Campo de Gibraltar.