El alcalde de Mairena del Alcor (Sevilla), Juan Manuel López (PP), ha comparecido este pasado martes en calidad de investigado en el Juzgado mixto número uno de Carmona. La investigación judicial se centra en presuntos delitos relacionados con la instalación de un tanatorio privado en el polígono El Gandul de la localidad.
López ha sido citado por su posible implicación en delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Su declaración se produce un día después de la comparecencia de Ricardo Sánchez, presidente del PP de Sevilla, delegado del Gobierno andaluz en la provincia y exalcalde de Mairena del Alcor, a quien el juzgado atribuye presunta administración desleal.
Durante su declaración, el alcalde ha respondido a las preguntas del juez y de su abogado, pero ha evitado contestar a las cuestiones planteadas por el PSOE, personado en la causa tras presentar la denuncia. La Fiscalía no ha participado en la comparecencia, que se ha prolongado durante aproximadamente dos horas. En su intervención, López ha señalado que, en el momento de los hechos investigados, las competencias ejecutivas de urbanismo estaban en manos de José Navarro, actual presidente local del PP y también investigado.
Sucesión de comparecencias
El proceso judicial continúa con nuevas citaciones. El próximo 13 de marzo, a las 10.00 horas, está prevista la comparecencia como investigado de Francisco Rodríguez Roa, exapoderado de la empresa Previpaz SL y coordinador de Empresas en la Vicesecretaría de Economía del PP andaluz. Se le investiga por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Por su parte, Ricardo Sánchez ha defendido su actuación, asegurando que tiene "la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley". Según el dirigente popular, la denuncia presentada por el PSOE "se basa en falsedades".
El alcalde Juan Manuel López ha negado que el caso suponga un "pelotazo urbanístico” o que haya existido tráfico de influencias. Sin embargo, el PSOE sostiene que el proyecto implicaba un "negocio a costa de la salud" de la población, ya que contemplaba la instalación de un crematorio en una zona donde la Junta de Andalucía ha reconocido que habría afectado a 4.000 personas.
Una adjudicación de parcelas "cuatro veces inferior a su valor real"
"Se ha jugado con el dinero del pueblo para repartirlo entre amigos del PP y se ha hecho eso a costa de la salud de estos maireneros", han denunciado desde el PSOE, reclamando al Partido Popular que “asuma sus responsabilidades penales si las hay”. Además, han solicitado el cese de Ricardo Sánchez como delegado del Gobierno andaluz en Sevilla.
El origen de la causa se remonta a una denuncia del PSOE en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en la que se señalaba un presunto delito continuado de prevaricación en concurso con otro de tráfico de influencias. Según los socialistas, en 2015, durante el mandato de Ricardo Sánchez como alcalde, el Ayuntamiento promovió un estudio de viabilidad para construir un tanatorio en el cementerio municipal bajo concesión de obra pública. Sin embargo, pese a su aprobación en pleno y la licitación del proyecto, el proceso quedó paralizado hasta 2018, cuando se encargó un nuevo informe.
Paralelamente, en 2017, el Ayuntamiento vendió dos parcelas municipales donde se construyó el tanatorio privado. Según el PSOE, la adjudicación se realizó por 173.693 euros, una cifra cuatro veces inferior a su valor real. Además, denuncian que el pliego de condiciones no incluyó una cláusula anti-especulación, habitual en las licitaciones municipales.
El juzgado ha destacado que, según la investigación de la Guardia Civil, el proyecto se llevó a cabo sin las licencias necesarias y con una "inusitada diligencia administrativa". Asimismo, señala que se omitió la labor inspectora de las obras durante más de dos años, permitiendo que los responsables de las empresas implicadas se beneficiaran de resoluciones favorables en plazos inusualmente cortos.
