Andalucía se seca: lluvia de inversiones frente a la sequía, la peor en 500 años

Han saltado todas las alarmas. Científicos del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea estiman que la sequía que padece Europa, y por tanto también Andalucía, es la peor en 500 años. Este pasado verano, en Francia estaban prohibidas las duchas y los lavapies en las playas. En Andalucía, el Gobierno central lleva diez años prometiendo el trasvase del agua embalsada en Rules (Granada), Siles (Jaén) y Melonares (Sevilla).

Solo con esta infraestructura hídrica podría abastecerse una población de millón y medio de personas durante dos años. Pese a la sequía, ese agua de estas presas no llegará a los andaluces, especialmente a los municipios más pequeños.

La sequía ha acabado con la laguna permanente más grande de Doñana. Los embalse de Andalucía han vuelto a bajar una semana más y caen por debajo del 24% de su capacidad. Las presas de la provincia de Cádiz se encuentran en este momento al 25,9 por ciento, un 9,3% menos que al inicio de verano; un siete por ciento menos con respecto a la misma fecha del pasado año. Andalucía se seca.

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"Urge sumar el esfuerzo de todos", ha reclamado esta semana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien este viernes ha liderado la primera reunión de la Comisión de Seguimiento de la Sequía, la mesa Guadalquivir celebrada en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en la capital hispalense. Las conclusiones son, someramente, reclamar más inversión al Gobierno central y ampliar los dos decretos de sequía que se aprobaron en la pasada legislatura, dotados en total con 141 millones de euros, para incluir alguna obra de emergencia adicional que sea necesaria.

El pasado martes, en Consejo de Gobierno, ya el Ejecutivo autonómico autorizó la priorización de los fondos Next Generation de la UE en proyectos de desalación, aguas regeneradas y abastecimiento; y ha aprobado que se permita de forma excepcional, debido a la situación de sequía, el alimento convencional para el ganado ecológico en la comunidad (hasta el 31 de enero en bovino, caprino, ovino, equino y porcino extensivo y hasta el 28 de febrero en abejas).

En rueda de prensa este mismo viernes, tras la referida comisión de seguimiento, que volverá a reunirse en quince días, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha subrayado que el Gobierno central tiene competencias sobre el 67% de la Cuenca del Gudalquivir —la mayor de cuantas abastecen a una comunidad de más de 8 millones de habitantes—, un dato que ha usado de referencia para comparar los 141 millones invertidos por la Junta y los 9,6 destinados a la cuenca desde Moncloa. “Les vamos a pedir que el decreto de sequía se aumente. Es muy poca cantidad para un Guadalquivir con necesidad y con una sequía pertinaz extrema”, enfatiza Crespo.

Dentro de esa ampliación del decreto de sequía del Gobierno central, la Junta pedirá al Estado, entre otras actuaciones, “sondeos de emergencia” y la posibilidad de balsas. “Puede aumentarse ese decreto de forma urgente”, insiste la consejera, que remarca que estas peticiones no se basan en el enfrentamiento entre administraciones: “No es cuestión de confrontación; Andalucía necesita al Gobierno de España en sus competencias para que actúe a largo plazo y de emergencia”.

500 millones sin ejecutar de un canon que pagaron los andaluces

Paradójicamente, como ya se ha publicado, el Gobierno de la Junta recaudó en la última década, a través del canon del agua —un impuesto cobrado a todos los andaluces en su factura por el abastecimiento—, más de 730 millones que debían ir destinados para financiar infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, los anteriores gobiernos dejaron sin ejecutar 500 millones de estas obras que ahora se han vuelto acuciantes.

La respuesta a finales de esta semana del líder de la oposición, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha sido lamentar que, “unido a la falta de precipitaciones, se empieza a acentuar la necesidad de inversiones y la planificación hidrológica, que no se ha priorizado”. Para repeler las críticas del Gobierno andaluz y el PP hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, pregunta “qué hizo el señor Rajoy en siete años; dónde estaban estos señores cuando estaba Rajoy en 2018”.

Por su parte, en este contexto, el líder andaluz de IU, Toni Valero, mantenía en un tweet este mismo viernes: "La escasez de agua en Andalucía no es resultado de menos lluvias (como dice el PP), sino de aumento del consumo por extensión de regadíos. Quieren engañar a la gente cuando dicen que el problema se arregla con más obras hídricas. Su negligencia nos lleva al colapso hídrico".

Bonificación del agua desalada y otras medidas

El informe presentado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre la situación de la sequía en Andalucía, así como sobre la reunión mantenida en Madrid en la que se logró el compromiso de más fondos Next Generation para obras hídricas en Andalucía a través de una reprogramación de estos, señala la importancia de aprovechar todas las fuentes hídricas. Para ello, por ejemplo, apela a la desalación y la obtención de aguas regeneradas y apuesta por la solidaridad entre cuencas. En este sentido, el documento recuerda que la Junta ha movilizado del orden de 1.500 millones de euros para obras hídricas y ha destinado 141 millones de euros para actuaciones contenidas a través de los dos decretos de sequía. Además, insiste en la necesidad de impulsar obras para la desalación, depuración, abastecimiento con vistas, especialmente, a los municipios más pequeños.

Respecto de la desalación, se ha puesto de manifiesto que en una reciente reunión con el Ministerio se abordó la necesidad de que el Estado acometa obras necesarias tales como duplicar la capacidad de la desaladora de Carboneras, realizar la de la Axarquía y ampliar la de Marbella-Mijas. También se ha reiterado la importancia de ejecutar otras actuaciones en materia hídrica que, en la mayoría de los casos, se declararon de interés general del Estado hace más de 10 años, como los referidos tramos de conducciones de las presas de Rules y Siles, las actuaciones pendientes en las desaladoras del Almanzora y Campo de Dalías y la conexión de Tabernas con la Venta del Pobre. También se reclamó la bonificación del agua desalada, como mínimo a 0,30 euros, tanto para los regantes como para los municipios.

Por último, el informe recuerda la importancia de que el Gobierno de España contribuya a ayudar a los regantes, agricultores y ganaderos para modernizar el regadío, de manera que mejore su eficiencia energética e hídrica, en la misma forma en que se hace desde el Gobierno andaluz, y en la necesidad de que se ejecuten las obras de transferencia hídrica de 19,99 hectómetros cúbicos de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a Doñana; así como como el trasvase del Tajo-Segura.