La última de las disposiciones adicionales del anteproyecto de Ley de Presupuestos para Andalucía en 2025 recoge el mantenimiento de la bonificación de la tasa de servicios administrativos en materia de caza, es decir, la licencia, una medida aprobada en 2022 y que quiere "fomentar el acceso a la caza, necesaria para el equilibrio poblacional y la conservación de hábitats". La llegada de Catalina García a la Consejería de Medio Ambiente, en sustitución de Ramón Fernández-Pacheco, no ha supuesto un cambio en esta medida.
La bonificación supone, según Javier Luna, presidente de Pacma y de la asociación Galgos del Sur, un coste de "más de un millón de euros" solo por las licencias, sin contar con "la bonificación a las licencias de las rehalas y otras subvenciones al sector de la caza". Esa bonificación, en un presupuesto de miles de millones (46.753 millones en 2024, y que será algo mayor en 2025), es casi simbólica. Al menos, simbólica resulta en el bolsillo de los cazadores: 8 euros menos en todo el año. Multiplicada por las 130.000 licencias que Pacma calcula que hay en Andalucía, surge la cifra del millón de euros. La Junta, en realidad, calcula que hay 250.000 cazadores, como relataba en febrero Fernñandez-Pacheco.
A la vuelta del verano, una de las cuestiones que estaban en la agenda de Catalina García fue sentarse con los cazadores. Prueba de ello, la visita a Jaén el pasado 20 de septiembre a la XVI edición de Ibercaza, una feria de cazadores. "Ponemos en valor el papel clave de los cazadores en la conservación del patrimonio natural y su colaboración con los Agentes de Medio Ambiente".
A finales de agosto, la Consejería emitía una orden para dar "cobertura legal a la figura del controlador de depredadores", denunciaba días atrás Ecologistas en Acción. Esto permitirá a los guardas de los cotos controlar la entrada de animales a través de trampas, por ejemplo. "Es incompatible con la conservación y recuperación de especies". Esto va enmarcado en una tendencia general de la Junta de Andaucía de simplificación de trámites, liberalización, que en este caso, para Ecologistas, es "una auténtica y suicida aberración normativa", porque los propios titulares de los cotos de caza "tendrán en su mano el futuro de conservación de todos los mamíferos". En la práctica, facilitando la actividad de los cotos.
Ya en febrero, la portavoz de Sostenibilidad del grupo popular en el Parlamento andaluz, Araceli Cabello, se reunía con el entonces consejero del ramo, Fernández-Pacheco. En una nota de prensa, el PP andaluz felicitaba a la Junta por "las medidas de simplificación referidas a examen del cazador y del pescador, el registro andaluz de caza y de pesca continental, y la expedición de licencias. También la supresión del curso de aptitud y conocimiento para el ejercicio de la pesca impartido por la Consejería de Sostenibilidad o entidades homologadas, entre otras".
Se resume también en otras medidas, enmarcadas en el decreto de Simplificación Administrativa: "Se elimina la tarjeta acreditativa de la habilitación del cazador y pescador para que cualquier persona que vaya a ejercer la caza o la pesca continental no tenga que llevar consigo una tarjeta acreditativa". Igualmente, se simplificaba para facilitar que Andalucía se adhiera a la licencia de caza interautonómica, que no solo simplifica el trámite administrativo, sino que en el fondo también facilita el turismo de caza y de pesca.
"Mientras que el Gobierno de Juanma Moreno favorece al colectivo de cazadores, nos encontramos que la sanidad andaluza está en precario. Listas de espera eternas, falta de profesionales y medios que están provocando, entre otras cuestiones, que cirugías que se podrían hacer desde la pública las deriven a hospitales privados con un alto coste para las arcas públicas. Es una auténtica vergüenza", remachaba Javier Luna.
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