La Fiscalía Anticorrupción se ha cuidado de dejar claro que investiga los hechos por "imperativo", pero no tiene claro que pudieran ser delictivos. Lo cierto y lo fijo es que un decreto firmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tras las denuncias el viernes pasado de grupos políticos de la Asamblea de Madrid como Más Madrid, Unidas Podemos o PSOE, ha abierto la espita para que se incoeen diligencias previas que está por ver cómo terminan salpicando a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Por ahora, la investigación se centra en el contrato para la compra de mascarillas del que está claro que cobró el hermano de la baronesa madrileña, Tomás Díaz Ayuso.
La noticia ha saltado en medio del acorralamiento por parte de su partido que vive Pablo Casado, todavía líder nacional de esta formación, que esperaba que una resolución judicial anticipada en relación a los posibles indicios delictivos de los presuntos apaños que él mismo denunció públicamente le sirvieran para tomar oxígeno y salvar su cabeza en la guerra civil que se vive en el seno de la formación conservadora. No ha sido así. Anticorrupción no remite la denuncia a Fiscalía del Tribunal Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no aprecia de momento "indicio verosímil de delito".
"Sí resulta procedente" la práctica de determinadas pesquisas, aunque "no se dirija inicialmente contra personas físicas o jurídicas", recoge el decreto, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es. Añade que decide abrir investigación "por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución" y por "la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias".
"Inicial indagación"
En el decreto, Anticorrupción aclara que la "inicial indagación" no puede llevarse a cabo sin la previa incoación de diligencias de investigación penal, "imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados, sin que sea admisible la incoación de diligencias preparatorias".
Apunta que las denuncias de los grupos de la Asamblea de Madrid se limitan a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan, y por lo que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aforada ante el Tribunal Supremo, proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
El Ministerio Público indica no obstante que la secuencia de los hecho denunciados "no permite acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo" de las actuaciones porque no constituyen "indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada", en el sentido que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas.
De este modo, señala que a la vista de que los hechos denunciados pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Anticorrupción y apreciando en los hechos una especial trascendencia, el fiscal jefe acuerda incoar estas diligencias y asumir la investigación él mismo.
Una "mordida" de 55.000 euros
En su denuncia, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso medió con el Gobierno regional y consiguió una "comisión" por ello. El PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos"; y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber "cohecho" y "tráfico de influencias". “Más allá de que sea ilegal, que es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas”, afirmaba el pasado viernes en los micrófonos de la Cope el todavía presidente del PP, Pablo Casado.
Díaz Ayuso aclaró ese mismo viernes que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. Y precisamente este mismo lunes entregó documentación al respecto a Anticorrupción. En el fin de semana dicha documentación, que sigue sin hacerse pública, fue trasladada a Casado, que entonces dio un giro de 180 grados y trató de recular tras su feroz denuncia pública.
Esa documentación aportada viene recogida en el decreto conocido esta martes. Se trata de la oferta con documentación de las características técnicas del producto; de los albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma; del documento contable ADOK aprobado y la diligencia de toma de razón de contabilidad del mismo; y de la Memoria justificativa para la adquisición centralizada de material de protección, mascarillas, para el pabellón 10 del IFEMA del Servicio Madrileño de Salud.
A estos documentos sumó también la hoja de pedido del 1 de abril de 2020; el documento contable RC (retención de crédito); la diligencia de toma de razón de contabilidad del documento RC; la resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y resolución de 14 de mayo de 2020, de la misma Viceconsejería, de corrección errores materiales de la anterior resolución; el certificado del Secretario General del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2020 y, finalmente, el informe del Viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno de 18 de
febrero de 2022.
Este martes, tras conocerse que Anticorrupción abre diligencias fuentes del entorno de la presidenta recuerdan que todas las denuncias que se han llevado a los tribunales contra Díaz Ayuso han acabado siendo archivadas, y transmiten que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid observan esta decisión del Ministerio Público con "total tranquilidad porque está todo en regla".