La Oficina Andaluza Antifraude ha dado a conocer los datos de una encuesta interna realizada a los propios funcionarios de la Junta de Andalucía, y las conclusiones son, como poco, preocupantes. Si bien es una encuesta, donde se refleja la percepción y la experiencia de cada persona, apunta a que en la administración se ha convivido y se convive con la corrupción.
La encuesta se compone por afirmaciones con las que los funcionarios están de acuerdo o en desacuerdo. Y hay una sobre percepción personal y la propia vivencia que avisa: el 20% de los funcionarios andaluces ha sido testigo o tiene constancia directa de casos de soborno o fraude.
Es decir, no es ya que conozcan por los medios de comunicación que en la Junta ha habido corrupción o investigaciones al respecto, sino que en primera persona tienen constancia directa de casos concretos. Casi la mitad de los funcionarios andaluces conoce a una persona que afirma haber sido testigo.
En este estudio se distingue entre sobornos y fraude, por un lado, y en la obtención de beneficios en un servicio público. En esto último se pueden situar otros comportamientos que no serían necesariamente delictivos, pero que pueden ir contra el procedimiento administrativo.
A ese respecto, casi la mitad, el 44%, reconoce que ha sido tentado por alguien para "obtener beneficio en un servicio público". Un 16%, asimismo, reconoce que sí ha usado sus propios contactos para obtener "beneficios" en un servicio público.
Respecto a las denuncias ante casos concretos de incumplimientos legales, ya sean del ámbito penal o del administrativo, tan solo el 9% lo ha hecho. Y lo más preocupante: un 81% dice que no lo hace por temor a represalias por denunciar. Casi la mitad dice que no sabe dónde denunciar, el 84% dice que no denuncia porque no puede obtener pruebas y dos tercios de los empleados públicos opinan que "todo el mundo sabe lo que pasa pero nadie denuncia".
Mayoritariamente, además, el 68% de los encuestados, no denunciaría a un compañero empleado público del que tuviera conocimiento de corrupción, o si lo hiciera, siempre y cuando no le generase a ellos mismos ningún problema. Solo un tercio lo denunciaría aunque le acarrease problemas.
Sobre dónde denunciar, ante quién, la confianza interna es inexistente. Acudir a la Policía o a los Juzgados sería la opción preferente por la mayoría, el 71%. Pero para tan solo un 23% le da confianza acudir a la propia Oficina Antifraude, emplear un sistema interno de información o explicarlo a un superior jerárquico.
En esta encuesta han participado empleados públicos directos de las consejerías, tanto los que tratan directamente con expedientes que gestionan fondos, desde contratos hasta ayudas y subvenciones, o procedimientos concretos de servicios públicos, licencias o permisos, hasta los que no lo hacen en su día a día. Incluye también a docentes, sanitarios, agencias y empresas instrumentales.
De un total de 270.000 empleados públicos, la encuesta se ha realizado a 5.200, que en el ámbito de la sociología supone una enorme cifra muy alta. El Barómetro del Centra, elaborado por la Junta como sondeo electoral para los 8 millones de habitantes, se realizó con 3.600 entrevistas, mientras que el CIS, para casi 50 millones, apenas llega al millar. Esto da más fuerza a las conclusiones de la encuesta.
Y si, visto esto, se entiende que los funcionarios andaluces no confían mucho en la administración pública autonómica, menor aún es la confianza hacia la estatal. Porque la Junta recibe un aprobado del 42% de los encuestados, mientras que el Gobierno de España es solo del 29%.
En general, la principal conclusión es que los funcionarios andaluces, tanto los de carrera como los laborales, han tenido muy presente en su día a día el incumplimiento de las normas, sobre lo que han estado tentados para su propio beneficio, y que a menudo han visto cómo sus propios compañeros caían en la corrupción pura y dura.
