El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Urbanismo, anunció la pasada semana que ha iniciado el trámite de consulta pública previa a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que regulará las viviendas de uso turístico, una medida que ya anticipó la alcaldesa, María José García-Pelayo, para ordenar la oferta turística de la ciudad y propiciar que siga creciendo de forma "sostenible y equilibrada".
Desde el colectivo Jerez por la Vivienda consideran que el reciente anuncio del Ayuntamiento de Jerez para iniciar una consulta pública sobre la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) no es más que "un movimiento electoralista vacío de contenido. Una mera consulta, no vinculante, que solo busca aparentar preocupación frente a la emergencia habitacional, mientras en la práctica sigue sin tomarse ninguna medida efectiva";, explica Alberto Rodríguez, portavoz, que añade que se trata de "postureo".
El colectivo aclara que el cambio en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) viene obligado por la nueva normativa autonómica, y no por un interés genuino de la alcaldesa María José García Pelayo en abordar el problema de la vivienda. "Intentan hacernos creer que hay un compromiso con la ciudadanía, pero la realidad es que García Pelayo sigue mirando la vivienda como un negocio para unos pocos, no como un derecho de primera necesidad", denuncian desde Jerez por la Vivienda.
El colectivo subraya que los pisos turísticos tienen una relación directa con el aumento del precio de la vivienda y del alquiler. Un estudio reciente de la Universidad de Málaga demuestra que, en las zonas con mayor concentración de viviendas para turistas, los alquileres crecen un 33% más que en áreas menos afectadas por esta actividad.
Ante esta situación, Jerez por la Vivienda exige medidas más contundentes. "El Ayuntamiento debería plantear soluciones efectivas que frenen los efectos de la turistificación y protejan el acceso a una vivienda digna para las familias trabajadoras", señalan. Además, la plataforma considera fundamental incluir a la ciudadanía en las decisiones. "Proponemos que, además de acciones concretas, se plantee un referéndum para que los vecinos y vecinas puedan expresar su opinión sobre la regulación de los pisos turísticos, porque la vivienda no es un lujo, sino un derecho".
Desde Jerez por la Vivienda critican que las políticas municipales de vivienda continúan priorizando los intereses especulativos sobre las necesidades sociales. "Las últimas licencias municipales para construcción residencial están enfocadas en viviendas de lujo, que maximizan los beneficios de las inversiones especulativas, pero excluyen a la mayoría social", denuncian.
"La alcaldesa parece estar más preocupada por los intereses de quienes viven en urbanizaciones privadas y alejadas del centro que por los problemas de las familias trabajadoras de Jerez. Este modelo urbano no solo es insostenible, sino que perpetúa la
desigualdad y expulsa a los vecinos del casco histórico", añaden.
El Ayuntamiento señaló que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones interesadas en participar podrán dirigir sus aportaciones al Ayuntamiento a través del formulario habilitado al efecto o a través de los cauces habituales de presentación previstos en la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Adelante Andalucía habla de maquillaje
Adelante Andalucía critica que García-Pelayo se refugie en una consulta pública por su "incapacidad" de poner soluciones a la vivienda en Jerez. Para Adelante, poder acceder a una vivienda en Jerez se soluciona "con medidas efectivas y no, con consultas públicas no vinculantes, que solo es maquillar la ineptitud de la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra y la alcaldesa García Pelayo"
Desde Adelante le recuerdan a la responsable municipal, Belén de la Cuadra, cuando dice que la expansión del fenómeno del alojamiento turístico en toda España es por "la falta de una ordenación jurídica concreta", que en la ciudad de Cádiz el grupo municipal Adelante Andalucía, siendo alcalde José María González, Kichi, puso topes a estas viviendas en zonas saturadas y reordenó las licencias en sus planes urbanísticos.
Afirma que el Partido Popular, con Moreno Bonilla como presidente en la Junta de Andalucía, recurrió esas normas municipales alegando que invadía sus competencias y no observaban el interés general y, que sin embargo, el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) señaló con claridad que la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Cádiz, que dio el cerrojazo a pisos turísticos en el centro de la ciudad, "respondía a intereses públicos, por lo que los ayuntamientos sí pueden poner topes a los pisos turísticos y reordenar las licencias en sus planes urbanísticos.
