La Audiencia Provincial de Granada ha citado a 15 personas para que acudan esta semana en tres días consecutivos a alcanzar acuerdos de conformidad por llamado Caso Marchelo, un asunto que lleva en los juzgados casi 20 años, una de las instrucciones más dilatadas en la corrupción en España.
Un caso que se llevó por delante la Alcaldía de José Guerrero en el municipio de Alhendín, después de que el concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, fuera detenido. El caso es complejo, con varias piezas, razón por la cual una investigación de hace 20 años aún sigue encallada.
Hasta cinco asuntos se llegaron a investigar: beneficios para empresas en un parque empresarial, una urbanización, la vulneración de la servidumbre militar de la base de Armilla -los edificios que dificultaban aterrizajes-, la tramitación de una gasolinera y un mercadillo municipal.
La investigación apuntó contra políticos y técnicos municipales, pero también contra el empresario Juan Muñoz Tamara, esposo de la periodista Ana Rosa Quintana, y que ya está salpicado por el caso Villarejo.
Ahora, las defensas han sido llamadas a desfilar por la Audiencia Provincial de Granada para llegar a posibles acuerdos de conformidad y evitar así el juicio. Del asunto se cae el exalcalde, Guerrero, porque tiene ya 94 años.
Cada uno de los casos resulta más rocambolesco que el anterior, toda vez que ilustra las prácticas -presuntas- de un tiempo en España, los años del pelotazo previos a la crisis inmobiliaria.
Los investigadores pincharon los teléfonos de los presuntos participantes en la trama, con más de 200 horas. Esto ha sido clave para que el caso fuera creciendo y creciendo sin parar, pero también para dar un argumento a la defensa. Porque, al pinchar un teléfono, hay que suscribirse, en principio, a aquello que guarde relación con la causa para intervenir la llamada. De lo contrario, puede caerse en una actitud prospectiva, es decir, de buscar por buscar hasta encontrar, lo que está limitado en las investigaciones penales.
El caso, con 20 años de filtraciones, es el siguiente. Por partes, uno de los casos más llamativos es el del exalcalde de Alhendín: vendió un terreno rural que tenía desde el año 89 a un empresario. El propio Ayuntamiento en junta de gobierno modificó el uso del suelo, multiplicando el valor. En el contrato rezaba como condicionante de la compraventa la recalificación.
El caso se enquistó en los juzgados de Santa Fe, con la presencia de tres jueces, que dieron pasos adelante y hacia detrás
En otro de los casos, el de la urbanización Novosur, supuestamente un empresario regaló un piso al concejal de Urbanismo que luego acabó vendiendo.
El caso es un reguero de licencias de obras contra la legalidad urbanística, según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es. En este documento se habla de sobornos, de juegos mercantiles para adjudicaciones y lucros personales.
En el caso de Juan Muñoz Tamara, marido de Ana Rosa, y empresario de la construcción, la Fiscalía cree que incumplió los compromisos con los anteriores propietarios de los terrenos.
Contra el delegado de Urbanismo, por varios delitos, como cohecho, fraude y prevaricación urbanística, la Fiscalía pide más de 20 años en total. Por los delitos del exalcalde, alrededor de 15 años. Contra Muñoz Tamara, alrededor de 13 años de prisión.
Todo apunta en este momento a que las enormes dilaciones del caso reducirán las sumas que pide la acusación pública, con riesgo evidente de prescripciones tras tantos años. El caso ha pasado por los juzgados de Santa Fe, por las manos de hasta tres jueces diferentes. Ha habido pasos adelante y pasos atrás que han ido dilatando los hechos en el tiempo. Hubo un momento en que se llegó a retraer a la fase de investigación de nuevo cuando estaba todo avanzado.
El exalcalde socialista de Alhendín, que fue alcalde en un mandato, el de 2007, justo el posterior a las detenciones, lamenta que el proceso se haya alargado tanto en el tiempo. "Ha habido interés en separar los hechos entre el tiempo en que ocurrieron y su enjuiciamiento". Es uno de los casos que más se han alargado en la historia democrática de España entre las primeras detenciones y el posible juicio. Ahora sí, parece, con las propuestas de acuerdo, todo se encamina a ello.
