La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Luis Medina y a Alberto Luceño del delito de estafa agravada y falsedad en documento mercantil en el caso de la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia de covid-19. No obstante, la sentencia, notificada este miércoles, condena a Luceño a tres años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública y a otros ocho meses por falsedad documental, además de imponerle una multa de 3,5 millones de euros.
El fallo ha sido entregado a las partes y a los acusados en la Secretaría de la Sección Séptima de la Audiencia madrileña.
El juicio quedó visto para sentencia el pasado 27 de febrero, tras los alegatos finales de las defensas, que reclamaron la absolución de sus clientes al considerar que no se había acreditado la estafa al Ayuntamiento. La vista oral se extendió durante ocho sesiones en las que testificaron diversos funcionarios del Consistorio madrileño, incluidos la entonces jefa de compras y el director gerente de Madrid Salud, así como peritos de la Agencia Tributaria y la Policía Municipal de Madrid.
Durante sus declaraciones, Medina y Luceño negaron haber hablado con Elena Collado, jefa de compras del Ayuntamiento en ese periodo, sobre las comisiones, y aseguraron que los precios de las mascarillas fueron fijados por la empresa malaya Leno, proveedora del material.
La Fiscalía sostenía que hubo un "ánimo de lucro probado"
En sus conclusiones finales, el fiscal mantuvo la petición de penas de entre nueve y quince años de cárcel para los acusados, además de la inhabilitación para el ejercicio del comercio. Argumentó que se habían probado todos los elementos del delito y destacó el presunto "ánimo de lucro", citando correos electrónicos en los que se mencionaba que la operación suponía un "pelotazo".
Según la Fiscalía, las comisiones alcanzaron el 149% en las mascarillas, el 244% en los test y el 426% en los guantes, lo que evidenciaría la intención de beneficiarse económicamente de la crisis sanitaria.
El fiscal también insistió en que hubo ocultación de las comisiones y que se intentó generar la creencia de que actuaban de manera altruista. Como prueba, mencionó un correo de Elena Collado fechado el 22 de marzo de 2020, en el que se indicaba que no recibirían dinero por la operación.
A pesar de los argumentos de la Fiscalía, la Audiencia de Madrid ha concluido que no se ha demostrado la existencia de un engaño suficiente para sustentar la acusación de estafa agravada. No obstante, sí ha hallado pruebas de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental en el caso de Alberto Luceño, lo que le ha supuesto una condena de casi cuatro años de prisión y una cuantiosa multa.