El caso 'Poniente', la macrocausa de mayor envergadura instruida en la provincia de Almería vinculada a una trama de corrupción empresarial y política ligada al Ayuntamiento de El Ejido, cuenta con su primera sentencia judicial 16 años después de que comenzaran las investigaciones en 2007, con la primera denuncia ante la Fiscalía.
La instrucción se prolongó durante nueve años antes de iniciarse una vista oral en 2020 que se extendió durante 18 meses en dos escenarios distintos a causa de la crisis del covid-19 y tras la que ha habido que aguardar 626 días hasta contar con un fallo aún susceptible de recurso.
La operación estalló el martes 20 de octubre de 2009 con el registro por parte de la Policía Nacional y funcionarios de la AEAT, bajo orden de la Fiscalía Anticorrupción y en coordinación con el Juzgado de Instrucción 2 de Almería, en el Ayuntamiento de El Ejido y en la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), así como en una decena sedes relacionadas con la mercantil, cuyo socio privado era Abengoa, y en viviendas de los investigados, lo que extendió la trama a Sevilla y Madrid.
La actuación policial se saldó en la primera fase con una veintena de detenciones, entre ellas la del exalcalde de El Ejido Juan Enciso —condenado a cinco años de prisión—, quien entonces gobernaba bajo las siglas del PAL —cuya sede también fue registrada—, la del ex interventor municipal José Alemán, administradores de algunas subcontratas de Elsur y varios de sus familiares.
La trama, por la que llegaron a estar imputadas más de 80 personas en algún momento de la instrucción, se había iniciado meses antes con el minucioso seguimiento de las conversaciones telefónicas de los principales actores y sus movimientos bancarios y patrimoniales. No en vano, la Fiscalía acreditó que, entre 2002 y 2009, se podrían haber detraído hasta 71,5 millones de euros de las arcas municipales.
La juez instructora Montserrat Peña, quien mantuvo el secreto de las actuaciones prácticamente en su totalidad hasta enero de 2011 —más de 15 meses después de la intervención policial—, decretó el ingreso en prisión de Enciso y de otras siete personas que, con el pago de las fianzas que se les impusieron, consiguieron eludir la privación de libertad.
En el caso del exalcalde, no fue hasta el 15 de junio de 2010 cuando pudo abandonar la cárcel de Albolote (Granada) tras abonar 300.000 euros. Apenas dos semanas después lo haría también Alemán, con una fianza que se duplicó hasta los 600.000 euros para poder abandonar el centro penitenciario de 'El Acebuche'.
La instrucción en la que se produjeron nuevos arrestos ante el aumento de las ramificaciones se cerró el 20 de junio de 2016, cuando la juez ordenó el procesamiento de 65 personas y acordó el sobreseimiento respecto a 13 de los investigados, cuatro de ellos a causa de su fallecimiento.
El informe pericial solicitado a la Agencia Tributaria fue uno de los principales elementos que dilató las actuaciones durante la compleja fase de investigación, ya que esta prueba no fue entregada hasta febrero de 2014. De otro lado, la avalancha de recursos impulsados ante el auto de procesamiento también dilató la fase intermedia del procedimiento, de tal modo que la Fiscalía no dio a conocer su escrito de acusación hasta noviembre de 2017, cuando ya habían pasado ocho años desde las primeras detenciones.
Al tiempo que se avanzaba en la preparación del juicio surgieron nuevas necesidades a las que había que responder para acoger la vista oral debido al alto número de investigados. La Junta de Andalucía efectuó a mediados de 2019 unas obras de adaptación y remodelación en el Palacio de Justicia de Almería, con una inversión de unos 30.000 euros, que entre otros aspectos permitieron articular una sala para dar cabida a todas las partes del juicio.
No obstante, no fue hasta el 10 de enero de 2020, más de una década después de la intervención en el Ayuntamiento, cuando arrancó la vista oral con cuestiones previas y un total de 49 acusados, cinco de los cuales abandonaron la sala de la Sección Tercera a los pocos minutos, ya que fueron absueltos porque sus delitos habían prescrito.
La irrupción de la pandemia prolongó el juicio de la macrocausa durante 18 meses desde su inicio, con continuos cambios en el calendario ante las restricciones derivadas del coronavirus. La necesidad de mantener la distancia interpersonal llevó a la presidenta del tribunal a dictar una providencia en junio de 2020 en la que apuntaba que el Palacio de Justicia, el cual había sido objeto de obras de adaptación, no reunía las condiciones para seguir celebrando el juicio.
Así, la Junta de Andalucía estableció como nueva sede para continuar el acto el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar, a casi 14 kilómetros de la Audiencia Provincial y fuera del término municipal de la capital, lo que conllevó una inversión adicional de 44.000 euros.
El caso hacía honor a su nombre al discurrir ya hasta su finalización en la comarca del Poniente almeriense. Las sesiones se retomaron el 16 de febrero de 2021 con los primeros interrogatorios ya que, si bien la reanudación del juicio se había programado para un mes antes, en concreto, el 12 de enero, el positivo en covid-19 de siete acusados y dos abogados conllevó la suspensión.
La demora llevó en diciembre de 2022 al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, a urgir al tribunal el dictado de su sentencia; un tema sobre el que también se interesó el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la visita que turnó el pasado mes de febrero ante las importantes dilaciones que han hecho que el caso Poniente sea uno de los más vastos del país.
El alcalde de El Ejido aboga por recuperar el dinero
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha indicado que el Ayuntamiento, personado como acusación particular, "intentará recuperar en la medida de lo posible" la "mayor parte" de los 58,8 millones de euros que la Audiencia Provincial considera que detrajo de las arcas públicas ejidenses entre 2002 y 2009 bajo mandato de Juan Enciso.
Asimismo, ha tildado de "muy graves" las dilaciones indebidas que ha arrastrado el caso 'Poniente', y ha llevado la rebaja de las penas a los 32 condenados en un grado al aplicarse como atenuante muy cualificada.
A preguntas de los periodistas tras hacerse pública la sentencia casi dos años después de que se concluyese la vista oral, Góngora ha señalado que el paso de "más de 13 años" desde que explotase la operación policial con la detención de una veintena de personas, entre ellas el exregidor, hasta el fallo en primera instancia "debería ser considerado por la administración de Justicia ya que es "mucho tiempo".
El alcalde ejidense ha remarcado que, a la espera de analizar el contenido de la resolución de la Sección Tercera, el tribunal concluye que trama en torno a la empresa mixta Elsur, con Abengoa como socio privado, "esquilmó" 58,8 millones de euros, pero que el Ayuntamiento entiende, como expuso en la vista oral, que se habrían malversado "del orden de 84 millones de euros", y la Fiscalía, un total de 71,5 millones de euros.
"Aún así, son cantidades multimillonarias, muchos recursos públicos que se tenían que haber destinado al mantenimiento de los servicios, a pagar a proveedores", ha remarcado para añadir que "se falsearon las cuentas públicas para seguir endeudando el ayuntamiento y para seguir, en parte, malversando".
Góngora ha trasladado que lo que "más importa" es que el Ayuntamiento y los ejidenses "tenemos derechos a resarcir esos 58,8 millones de euros" ya que, al haber desaparecido los delitos contra la Hacienda Pública, "está claro que es el único organismo perjudicado al que se le han detraído los fondos públicos", frente a la Agencia Tributaria.
"Vamos a intentar, en la medida de lo posible, recuperar la mayor parte de toda esa cantidad muy, muy, muy abultada y vamos a intentar afianzar la garantía que hay prestada; Ese es el principal objetivo", ha asegurado en referencia a las fianzas civiles depositadas, entre ellas la de Abengoa.
La Junta dice que es "cosa del pasado"
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha indicado que la "mejor noticia" que deja la sentencia del caso 'Poniente' por corrupción es que es "cosa del pasado" y ha remarcado que "hoy" El Ejido es una ciudad "pujante" con un "alcalde magnífico al frente".
A preguntas de los periodistas, Fernández-Pacheco ha afirmado que la macrocausa, que explotó policialmente en 2009, "se ha alargado, quizá, demasiado en el tiempo" y ha lamentado la imagen que, entonces, trasladó del municipio.
"Al final, la mejor noticia es que este caso, que puso a El Ejido y a la provincia de Almería en todas las portadas nacionales por la peor cara de la política, es cosa del pasado", ha asegurado.
El consejero ha subrayado que el municipio del Poniente almeriense "hoy crece económica y socialmente" y ha reivindicado el "trabajo ejemplar" del regidor, Francisco Góngora (PP), para "volver a poner" a El Ejido "en el lugar donde nunca debió dejar de estar".
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