La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha vivido este 27 de noviembre su verdadero bautismo parlamentario. Tras tomar posesión en verano, hasta ahora había respondido a preguntas parlamentarias, había comparecido y había dirigido sus comisiones. Pero en apenas unos meses ha pasado de la bata blanca en la gestión del distrito sanitario del Aljarafe a verse delante de una oposición que ha apretado con todo lo que tenía. Porque la Junta decidió que fuera ella quien diera la cara ante las investigaciones en los juzgados sobre los contratos de emergencia fuera del marco legal de la pandemia, referidos a un tiempo en el que ella no estaba al frente, entre 2021 y 2023. La oposición quería que fuera Carolina España, consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, la que diera explicaciones como responsable de la Intervención, el órgano de control interno. Pero ha sido Hernández en, quizás, hasta ahora, el pleno del Parlamento de mayor trascendencia política de la legislatura. Y no estaban en la sesión ni España ni Juanma Moreno.
La gran pregunta, dentro de la maraña legal, de cifras, de procedimientos, es si la Junta contrató a dedo legalmente con las clínicas privadas. Si estaba justificado. Si se ajustaba a derecho, toda vez que, extraordinariamente, el Gobierno central permitió a las administraciones durante lo peor de la pandemia realizar contratos con la mayor laxitud para responder ante el colapso de los hospitales. Ese marco legal decayó en 2021, pero la consejera ha asegurado que igualmente se justificaba, y para ello ha esgrimido los informes de la asesoría jurídica del SAS. La intervención, ha dicho, en sus informes, apunta a "posibles defectos de forma" cuando se fueron prorrogando los contratos con las clínicas privadas. Y da además otra explicación. Fue en julio de 2023 cuando, oficialmente, acabó la pandemia en España, cuando retiró toda obligación de mascarillas en cualquier circunstancia. Aquel día marcó el final de la pandemia, pero la oposición ha insistido que en 2021 fue cuando decayó el marco extraordinario que permitía los contratos de emergencia. Además, ha mencionado que la ley permite los contratos de emergencia siempre que se justifique, algo que ha rechazado en bloque la oposición, que hace otra lectura de la Ley de Contratos del Sector Público.
La consejera ha insistido en que la pandemia cogió a todos por sorpresa en España en 2020, y que hubo que responder a una situación extraordinaria. Y para afrontarlo, hubo que contratar con clínicas privadas, pero no solo para pacientes covid, sino de otras patologías. "La prioridad era atender a la ciudadanía". Y la administración trabajaba cuando sufría las bajas de los propios profesionales. "Gracias a esos contratos", ha dicho Hernández, se pudieron realizar 69.000 intervenciones en 2021 y 47.000 en 2022. Además, la privada recibió pacientes ingresados ante la sobrecarga hospitalaria con cualquier otra afección, desde cardiopatías, epoc o fibrosis quística, entre otras patologías mencionadas por la consejera.
Además, Hernández ha asegurado que le "entristece que la gerente y su familia" estén padeciendo "por una información que no es veraz". Valle García, actual máxima responsable del SAS, está siendo investigada al igual que sus dos antecesores en el cargo por este asunto, tras la querella del PSOE y después de que la Fiscalía Anticorrupción se haya adherido e iniciado sus pesquisas. Sin embargo, en su defensa a García, no ha incluido a Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, como ya hizo la portavoz de la Junta hace una semana. "Es una gestora excelente, una gran persona, y cuenta con mi total confianza".
"Si todo fue correcto, ¿por qué tiene tres altos cargos imputados?"
La oposición, desde Adelante hasta el PSOE, pasando por Vox y Por Andalucía, han afeado la comparecencia de la consejera. "Menudo papelón", decía Maribel Mora, portavoz de Adelante Andalucía. "No responde a nada", mientras "trocearon contratos" como la compra "de cestas de Navidad" o de papelería. "Está usted respaldando la corrupción. Y es además una vergüenza. Si todo fue correcto, ¿por qué tiene tres altos cargos imputados", señalaba Mora.
Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, insistía en que querían que fuera Carolina España quien se subiera a la tribuna en la petición de comparecencia sobre los contratos sospechosos del SAS. Y ha sido también muy dura. Porque ha recordado cuando el PP, en tiempos de oposición, tenía "escrito en piedra" lo que decían "la Intervención y la Cámara de Cuentas", pero ahora dicen que es "fábula y máquina del fango". Además, ha pedido que no se escuden "en una tragedia para justificar prácticas corruptas", y mientras "abrían los bares" tras el confinamiento, "daban cientos de millones a empresas privadas. Listas de espera había entonces y hay ahora. Si el dinero se hubiera quedado en el SAS, la sanidad estaría mejor y habrían cumplido la Ley".
En el turno de Vox, Cristina Alejandra Jiménez ha comenzado hablando de la condena al exlíder de UGT por las facturas falsas en época socialista. Pero tras esa mención, ha ido también contra la gestión de la Junta. "El infierno está lleno de buenas intenciones", advertía Jiménez ante las justificaciones de la consejera.
Por parte del PSOE, que es el partido que llevó el asunto a los tribunales, Rafael Márquez ha insistido en que son en total "19 informes demoledores" de la Intervención los que sustentan la acusación. "No contaban con aval jurídico", ha dicho. Y se ha referido a cómo la Junta está insistiendo en la legalidad de la emergencia. Para que se justifique contratar a dedo y sin publicidad por cantidades millonarias, la ley precisa que debe haber primero una licitación ordinaria, y con el límite de que el contrato sea de nueve meses. "¿Piensa que el juez al abrir el caso está prevaricando?".
Asimismo, Márquez ha dejado caer que si en su momento se hubieran dado explicaciones precisas, no habrían ido a la Justifica. "Juan Espadas hizo personalmente una advertencia leal de lo que habíamos detectado. Solicitamos una comisión y no hizo nada. Solo cuando la denegaron, fuimos a los juzgados".
En el turno del grupo parlamentario del PP, Beatriz Jurado ha respaldado, lógicamente, a su consejera, pero también ha hecho mención que "la única corrupción que hay es la del Gobierno de España" y que el PSOE gastó en "coca y prostíbulos" el dinero de los andaluces. Momento respondido, lógicamente también, con gritos desde la bancada socialista, razón por la que Jesús Aguirre, exconsejero de Salud y hoy presidente del Parlamento, ha llamado al orden.
En su cierre de la intervención, la consejera incidía en que siguen trabajando para mejorar la sanidad, en recuperar la confianza de los andaluces que la han perdido, y que "nada nos va a entretener" en mejorar la situación.