La Consejería de Fomento ha contratado en diciembre de 2021 y enero de este 2023 dos obras de emergencia a Obras Civiles y Edificación Barveal SL por unos 4 millones de euros. Como está publicado, dichos contratos han empleado la vía de emergencia de la Ley de Contratos del Sector Público que no requiere concurso ni publicidad, aunque hay dos o tres cuestiones que para la oposición son, cuando menos, peliagudas en estas contrataciones.
Una de ellas es que las dos adjudicaciones, tanto en la de la A-390 (Chiclana-Medina) como en la de la A-480 (Jerez-Sanlúcar), no admiten subcontratación de los trabajos y, en cambio, según ha podido saber lavozdelsur.es, ha habido varias subcontratas en ambas ejecuciones.
Uno de esos subcontratistas, contactados por este periódico, reconoce al otro lado del teléfono que le invitaron para participar en el procedimiento de emergencia, pero no le dieron el contrato. En cambio, posteriormente "sí me subcontrató esa empresa de la que están hablando. Nosotros nos presentamos, pero por lo visto no hemos sido los más baratos. Yo qué sé, yo lo que te puedo decir es que llevamos muchos años y nos da coraje no tener la adjudicación directa porque tenemos todos los medios y muchas inversiones hechas, pero nosotros no conseguimos nunca ninguna obra de emergencia".
El hecho de que la agraciada con ambos contratos millonarios haya sido una empresa sin experiencia ni empleados, que pasó de unos 8.000 euros de perdidas en su primer año de operativa a dos actuaciones con la Junta, para las que fue invitada, llama la atención. "Muy normal no es, hay que tener muchos medios para un contrato así o tirar de subcontratistas, alquilando máquinas, el aglomerado, el hormigón...", corroboran las mismas fuentes consultadas.
En el primer proyecto, el plazo era de 20 días, pero la Junta destacó en una nota de prensa que Barveal lo acabó en “dos semanas”, mientras que en el segundo, actualmente en curso, el plazo es de cuatro meses, y precisamente las alarmas saltaron cuando en una visita de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, sobre el terreno, donde acudieron representantes políticos del PSOE —como el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, o el teniente de alcaldesa de Jerez, José Antonio Díaz— se detectaron empleados de otras empresas constructoras que, en este caso, sí son muy conocidas y suelen ser sociedades adjudicatarias habituales de obra pública en la provincia de Cádiz.
La Junta ha defendido que sí era posible subcontratar las dos obras que se adjudicaron a Barveal, y que en ambos procedimientos urgentes participaron otras ocho empresas. En total, se invitaron a nueve empresas previamente a las adjudicaciones, pero resulta extraño que una empresa sin empleados, ni experiencia fuese llamada para participar en dos actuaciones de tanta envergadura: 11,5 kilómetros de reparación de carreteras autonómicas con hundimientos y problemas de asfaltado.
Estas adjudicaciones exprés que se suman a otro reguero de contratos de emergencia con la excusa del covid, superada ya la pandemia, con operadores sanitarios privados. Contrataciones, en todo caso, sobre las que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno viene defendiendo su total legalidad y transparencia.
Pese a lo anterior, una instrucción de junio de 2021 de la Consejería de Hacienda de la Junta ya cercenaba este tipo de contrataciones de emergencia al amparo de la crisis del Covid-19. “A juicio de esta Dirección General, la vigencia indefinida del artículo 9 del Decreto Ley 3/2021 no encuentra justificación en el momento actual, en el que ha finalizado el segundo estado de alarma, que por lo demás, no ha provocado una interrupción significativa ni del funcionamiento de la Administración, ni de la actividad económica general. Tal circunstancia podría recomendar su derogación expresa” (…) “el recurso a la contratación de emergencia incluso cuando se dirija a adoptar medidas que directa o indirectamente se orienten a hacer frente al Covid-19 — que no es el caso— tendrá carácter excepcional y residual, esto es, siempre que la necesidad a satisfacer no pueda cubrirse acudiendo a ninguno de los procedimientos de contratación contemplados en la legislación de contratos o en las normas internas de contratación que pudieran ser de aplicación”.
Dicha instrucción también dejaba clara otra máxima que tampoco en los casos de los contratos de emergencia con la empresa con sede en Guadalcacín —hasta 2020 tenía sede social en El Puerto y se dedicaba a la hostelería, como ha publicado lavozdelsur.es—, “en el documento de formalización, el órgano de contratación hará constar que el adjudicatario reúne capacidad, solvencia económica y técnica que garantice la adecuada ejecución del encargo, así como que no está incurso en causa de prohibición para contratar”.
Tampoco en este caso figura dicha constancia, más si cabe teniendo en cuenta que muchos ayuntamientos de la provincia de Cádiz desconocen la existencia de esta empresa, así como en la propia ELA de Jerez, donde hasta la alcaldesa tuvo que ir a comprobar que en la planta alta de la calle San Francisco, en pleno centro del pueblo, había un domicilio fiscal de una sociedad.
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