Dos interventores de la Junta de Andalucía confirmaron este pasado miércoles ante el juzgado los informes que apuntan a un fraccionamiento indebido de contratos menores por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz. Según fuentes próximas al caso, los contratos analizados ascienden a un total de 235 millones de euros.
Los funcionarios, José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, comparecieron como testigos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, Rosa María García, que instruye el caso tras una denuncia interpuesta por el partido Podemos.
La formación política se apoyó en varios informes de la Intervención General de la Junta, los cuales habrían identificado “un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores”, adjudicados entre enero y diciembre de 2021 en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, presuntamente con el objetivo de eludir los mecanismos de publicidad y libre concurrencia establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público.
Un patrón repetido en cuatro provincias andaluzas
Según la denuncia, en Huelva se adjudicaron contratos menores por 91,9 millones de euros, lo que representa el 46,49 % del total de contrataciones del SAS en esa provincia. En Jaén, se habrían adjudicado 69,8 millones de euros bajo el mismo método, el 33,2 % del total. En Cádiz, el importe alcanzó los 235,4 millones de euros, el 23,2 %, mientras que en Córdoba se asignaron 61 millones de euros, el 21,9 % del total.
Uno de los ejemplos más llamativos recogidos en los informes fue el caso de 507 contratos menores firmados con la farmacéutica Novartis en Córdoba, todos ellos para adquirir un solo medicamento, con un importe conjunto de 2,2 millones de euros.
La denuncia también alertaba sobre irregularidades en las prórrogas de determinados contratos de servicios concertados, lo que ha llevado a que distintos juzgados de Andalucía recibieran documentación relacionada. Sin embargo, solo el juzgado de Cádiz ha decidido abrir diligencias hasta la fecha.
La Junta queda como responsable civil subsidiaria
Durante esta semana, el juzgado ha comenzado sus primeras actuaciones en la causa. Tras la comparecencia de los interventores este miércoles, están previstas para el jueves las declaraciones de dos jefes de servicio, también citados en calidad de testigos.
La jueza instructora ha resuelto dejar sin efecto la personación de la Junta en el procedimiento como parte perjudicada, una decisión que convierte a la administración autonómica en responsable civil subsidiaria, en línea con su propia solicitud.
En la sesión de este miércoles, la defensa de la Junta cuestionó los informes de la Intervención que sirvieron de base para la denuncia. Además, pidió que la investigación se centre exclusivamente en el fraccionamiento de contratos, dejando fuera las prórrogas forzosas de servicios. También solicitó la exclusión de Podemos como acusación popular, petición que fue finalmente rechazada por la jueza, según las mismas fuentes.
Podemos acusa de "matonismo" por "intentar echarnos de la causa"
La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha acusado este pasado miércoles a la representación procesal de la Junta de Andalucía de haber intentado "echarnos" de las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), proceso en el que ha indicado que ejercerán la acusación popular.
En una nota de audio remitida a los medios ha afirmado que "hoy hemos comprobado cómo el Gobierno andaluz ha querido echarnos del proceso judicial que se inició con una denuncia nuestra" y seguidamente ha recriminado tanto al Partido Popular como a la Junta de Andalucía "la actitud de puro matonismo".
La recriminación de Podemos por la petición de la letrada representante de la Administración autonómica se ha producido en el marco de la declaración de los interventores de la Junta. En este sentido ha instado al presidente andaluz y su gobierno a "que dejen trabajar sin injerencia a los interventores porque merecen respeto y autonomía en su trabajo".
"No lo han conseguido porque finalmente ejerceremos la acusación popular porque es nuestro derecho como denunciante", ha continuado argumentando al respecto.
La líder de Podemos Andalucía ha sostenido que este proceso judicial "hay varias evidencias", entre ellas, "que el Gobierno de Moreno Bonilla y el PP están muy nerviosos con el procedimiento judicial".
Ha sostenido Raquel Martínez que "los 235 millones de euros pueden ser solo la punta del iceberg", en referencia al montante de contratos que denunció Podemos Andalucía en el juzgado, antes de considerar, en un plano estrictamente de gestión, que "la otra evidencia es que la sanidad andaluza funciona mucho peor desde que gobierna el Partido Popular".
"No vamos a dar ni un paso atrás. Seguiremos en los tribunales y en las calles defendiendo la transparencia, la legalidad y el derecho de los andaluces a una gestión pública honesta y eficiente", ha sostenido la coordinadora de Podemos Andalucía.