El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha solicitado formalmente este lunes el amparo del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía ha interpuesto una querella contra él por un presunto delito de injurias contra los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). El escrito, de 17 páginas, lleva la firma conjunta de la fiscal superior, Ana María Tárrago, y del teniente fiscal, José Rogelio Muñoz Oya.
La querella tiene su origen en unas declaraciones realizadas por García el pasado 2 de enero, tras la muerte del joven senegalés Mahmoud Bakhum, vendedor ambulante en Sevilla. En aquella ocasión, el parlamentario exigió una investigación sobre los hechos y denunció lo que calificó como "racismo institucional" y una actuación policial que, a su juicio, debía ser cuestionada públicamente.
Desde Adelante Andalucía han defendido que García expresó su opinión en calidad de portavoz parlamentario y en el marco de sus funciones como diputado autonómico. El partido subraya que dichas manifestaciones están amparadas por el reglamento de la Cámara y por el Estatuto de Autonomía de Andalucía, normas que otorgan protección a los parlamentarios cuando su labor legislativa se ve interferida.
Protección institucional
La formación ha pedido al presidente del Parlamento que garantice la protección institucional que, según alegan, corresponde en estos casos. Señalan que Aguirre ha mostrado disposición a reunirse y abordar el asunto junto al resto de grupos parlamentarios, al entender que la situación podría suponer un precedente que afecte a todos los diputados, independientemente de su signo político.
Adelante ha alertado de que sería la primera vez en la historia del Parlamento andaluz —y también en el conjunto del Estado— que se imputa a un diputado por emitir una opinión. Para García, este hecho representa “un precedente muy peligroso” que podría limitar la libertad de expresión dentro de la Cámara y socavar la función representativa que desempeñan los diputados.
"Se me acusa simplemente por opinar", ha declarado el portavoz andalucista, quien insiste en que su labor como parlamentario le exige posicionarse sobre la actualidad política y social de Andalucía. En su opinión, la querella refleja un intento de condicionar la actividad legislativa a través del sistema judicial, lo que supondría una amenaza para el equilibrio entre poderes.
En su argumentación, Adelante Andalucía advierte sobre el riesgo de que organizaciones como Abogados Cristianos o Manos Limpias puedan usar esta vía judicial para perseguir a representantes públicos por sus opiniones. “Forma parte de una ola autoritaria de pérdida de derechos que costaron mucho conquistar”, ha afirmado García.
El argumento de la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía sostiene que las expresiones del diputado exceden el marco de la libertad de expresión y constituyen un presunto delito recogido en el artículo 504.2 del Código Penal. En su escrito, afirma que términos como “racismo institucional” o “violencia policial” resultan ofensivos para las fuerzas de seguridad y comprometen su dignidad y prestigio. “El insulto no está protegido por la libertad de expresión”, concluye el documento, que ordena el archivo de las diligencias de investigación previas e interpone la querella correspondiente.