El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha reaccionado este martes a la suspensión de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) del complejo minero de Los Frailes, un proyecto por el que se pretende reabrir la mina de Aznalcóllar más de dos décadas después del desastre ecológico. Este lunes, Ecologistas en Acción comunicaba que legalmente pasaba a estar en suspensión después de que la Junta de Andalucía no contestara en tiempo y forma a un recurso presentado un mes antes. El procedimiento contempla que, en este tipo de casos, se produce un llamado 'silencio administrativo positivo', que implica que se acepta el recurso en caso de que no haya habido respuesta. Aunque sea pasado ese mes, aún la Administración tiene posibilidad de responder y reactivar la autorización ambiental.
Por ello, el consejero ha señalado que se trata de "una suspensión temporal, no implica una cancelación definitiva" del proyecto. "Una vez que el recurso sea debidamente analizado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según determinen los servicios jurídicos". Y, como era de esperar, debido a la importancia del proyecto, se rechazará el recurso de Ecologistas, por lo que quedará en un mero "contratiempo" dentro del enorme proceso de reapertura de la mina. "Todo continúa, y de hecho estamos en fase de audiencia a nuevas alegaciones por parte de los diferentes grupos de interés", añadía el consejero. "Pensamos que una vez se atienda el recurso, no impedirá que continúe el proyecto. Diría que relativizamos la importancia de esta suspensión".
Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, en concreto, la respuesta al citado recurso. Junto con la de Energía y Minas, es la cartera andaluza que lleva el grueso del proceso para retomar la actividad minera en Aznalcóllar. Paradela ha defendido "el absoluto rigor técnico" que hay "detrás del procedimiento".
El proyecto contiene dos fases diferenciadas. Por un lado, 18 meses de recuperación del entorno en tanto aún quedan restos al aire libre de aquel desastre ecológico que provocó daños en Doñana. Consiste en la depuración de aguas y, a través de una tubería de más de 30 kilómetros, verter al Guadalquivir a la altura del Estadio de La Cartuja. Posteriormente, comenzará la extracción minera de nuevo, que es, en realidad, el mayor incentivo para que la empresa aborde el proyecto. Informes científicos y colectivos como Ecologistas advierten que no se habría estudiado debidamente el impacto sobre el Guadalquivir, y que, aunque la tubería lance al agua bajas cantidades de elementos como el zinc o el cadmio, entre otros, podrían acumularse de forma que afecte a la flora y la fauna y acaben suponiendo un peligro para la salud humana.
En ese sentido, Paradela ha subrayado que se trata de un proyecto con "alrededor de 1.500 análisis anteriores a verter. Los proyectos mineros son los de tramitación más compleja. Y este es el proyecto más complejo que tenemos entre manos. Solo para autorizar todo lo relativo al agua, hemos trabajado un año y medio. Es un proyecto absolutamente minucioso en todas sus autorizaciones". Paradela ha mostrado su convencimiento del "rigor de los informes que apoyan esta autorización ambiental".
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