El 8 de junio de 2017, bajo el anterior Gobierno de Susana Díaz (PSOE), la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la empresa José Manuel Pascual Pascual SA suscribieron el contrato del servicio de disponibilidad asistencial de tres de los hospitales del mayor holding sanitario privado andaluz. Los hospitales Santa María del Puerto, en El Puerto de Santa María; Virgen del Camino, en Sanlúcar de Barrameda; y Virgen de las Montañas, en Villamartín, todos ellos en Cádiz, pasaban a dar cobertura, en principio, a catorce municipios de la provincia con una población que ronda los 280.000 habitantes.
Mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, el SAS cursaba invitación vía burofax a Pascual en marzo de 2017 y unos tres meses después se adjudicaba el contrato. Después de años de litigio entre la propia Junta y Pascual, y de que incluso el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía impusiera, en marzo de 2018, dos sanciones a Hospitales Pascual por un importe total de 5,33 millones de euros (2.665.132 euros cada una) “por conductas anticompetitivas, ya que durante tres años y medio aplicó precios abusivos por los servicios que prestaba al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz y Huelva”, el SAS renovó con toda urgencia un concierto con los tres referidos hospitales privados gaditanos durante cinco años y hasta el próximo junio de 2021.
Resolución de la adjudicación de mayo de 2017.pdf
Resolución liquidación segundo año de contrato con Pascual, de 17 de abril de 2020
Cuatro años de contrato a razón de un montante total de 380,42 millones de euros, con un precio unitario de la Unidad de Producto Concertado (UPC; una base para tarifar los servicios sanitarios prestados) de 207 euros. Sin embargo, al tratarse de una contratación por disponibilidad global de servicios, en las sucesivas comisiones de seguimiento del contrato, según ha podido saber lavozdelsur.es, y tras presentar la empresa sus propuestas de liquidaciones de 2017 al pasado 2019, se comprueba que en realidad el SAS debe abonar a Pascual por estos dos ejercicios alrededor de 43 millones de euros por servicios no prestados.
“Al tratarse de un contrato de Disponibilidad Asistencial y habiendo estado los servicios dispuestos para la prestación de asistencia a los usuarios del SAS, no procede deducción alguna”, recoge la última resolución, a la que ha accedido lavozdelsur.es, firmada por el director general de Asistencia Sanitaria del SAS. Un documento que está fechado el pasado 17 de abril, más de un vez después de decretarse la alerta sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2 (coronavirus) y en pleno infierno para los sanitarios y sanitarias andaluces por la escasez de medios que han contado para protegerse de contagios y atender la enorme presión asistencial derivada de la pandemia.
El plus de la 'Disponibilidad asistencial': mismo dinero (o más) por servicios no prestados
En el punto 16 de la referida resolución, el alto cargo del SAS expone: “Se destacan las dificultades que para el análisis de la actividad realizada por los tres hospitales han existido en esta primera anualidad y mediante la aplicación de las equivalencias de cada uno de los servicios, se expresa el valor máximo en UPC alcanzado por cada uno de ellos, por hospital, siendo el total de 344.461,69 UPC. Concluyéndose que al tratarse de una contratación por disponibilidad global de servicios, no se propone deducción alguna por la diferencia entre las UPC anualmente contratadas, por un valor de 459.519,80 y las UPC liquidadas para el período comprendido entre el 8 de junio de 2017 y el 7 de junio de 2018, que es de 115.058,31 UPC”.
Es decir, en este primer ejercicio del contrato, pese a que el saldo favorable al SAS por servicios no prestados era de unos 23,8 millones de euros, se opta por abonar íntegramente los 95,12 millones que estipula la adjudicación. O dicho de otro modo, aunque Pascual solo logró justificar en teoría 71,31 millones, por la modalidad del contrato el SAS le da la razón y le abona la anualidad íntegra.
Del mismo modo, en el punto 19 de la resolución oficial, se expone que en la sesión de la comisión de seguimiento celebrada el pasado 4 de marzo de 2020, “se le entrega a los representantes de la empresa José Manuel Pascual Pascual, S.A. una Propuesta de Liquidación para el período 8 de junio de 2018 a 7 de junio de 2019, para cuya elaboración se utilizaron los datos obrantes en el sistema, destacándose las dificultades que para el análisis de la actividad realizada por los tres hospitales han existido en esta segunda anualidad, como ocurrió con la primera, al no haberse completado, durante el segundo año de vigencia del contrato la total implantación de los Sistemas de Información Corporativos, previstos en el mismo, que permitieran un análisis de la actividad desarrollada conforme a idénticos indicadores de actividad y calidad de los Hospitales Comarcales del SAS, por lo que para la propuesta de liquidación del período se han tomado como referencia los valores comunicados a través del antiguo Sistema de Información de Asistencia Concertada, y mediante la aplicación de las equivalencias de cada uno de los servicios, se expresa el valor máximo en UPC alcanzado por cada uno de ellos, por hospital, siendo el total de 364.699,36 UPC”.
Y añade el informe: “Tras un amplio análisis, se concluye que la diferencia entre las UPC anualmente contratadas, por un valor de 459.519,80 y las UPC liquidadas para el período comprendido entre el 8 de junio de 2018 y el 7 de junio de 2019, es de 94.820,44 UPC, al tratarse de una contratación por disponibilidad global de servicios, no se propone deducción alguna”. Es decir, hace escasos meses el SAS decide nuevamente abonar los 95,12 millones de euros de la anualidad, pese a que en realidad en el periodo de liquidación contaba con un saldo favorable por servicios no prestados de unos 19,6 millones de euros.
Entre ambos periodos liquidados la sanidad pública andaluza destinó 43,4 millones a una empresa sanitaria privada por servicios no prestados. Esta propuesta, aun así, fue rechazada por Pascual en la comisión de seguimiento, como recoge el punto 20 de la resolución, “indicando que la liquidación anual anterior había sido recurrida en la vía contencioso‐administrativa y que transcurrido el tiempo de la liquidación anual del segundo año sin haberla realizado también se había interpuesto otro recurso, señalando además que con fecha 23 de julio se remitió escrito en el que se ponen de manifiesto los criterios que, según la Empresa, han de utilizarse para realizar la referida liquidación anual”. Es más, la empresa ya dirigió escrito a la Dirección Gerencia del SAS el pasado julio de 2019, por el que solicitaba la reanudación —ya bajo el Gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía— de las sesiones de la comisión de seguimiento; “la liquidación anual para lo que se cita la Orden de 23 de octubre de 1998, realizando su cuantificación de UPC a liquidar; y una modificación del contrato, que comprende los dos primeros años de ejecución del mismo, por importe de 8.540.823,02 euros”. Esto es, de 95,12 a casi 100 millones por año contratado.
"Ya es hasta una cuestión sentimental, hay cuatro o cinco generaciones de trebujeneros naciendo en el Hospital de Jerez"
A raíz de la polémica suscitada por la orden del SAS de finales del pasado mes de abril, que adelantó lavozdelsur.es, para que los centros de atención primaria de 14 municipios de la provincia derivarán 15 especialidades médicas a los tres hospitales de Pascual, la Junta se defendió asegurando que la decisión venía motivada por el contrato suscrito con Pascual en 2017. “Solo se ha tratado de adaptar los sistemas de información de estos centros para que sean compatibles con los sistemas de información corporativo y facilite el acceso a las citas de la población de municipios de Cádiz, fundamentalmente de la Sierra y de la Costa Noroeste”. “Esta población ya estaba siendo atendida en dichos centros, pero la tramitación de las citas conllevaba más gestiones, por lo que se ha implantado este módulo de citación que favorecen la accesibilidad de estas personas, dotándoles de equidad así como de una mayor funcionalidad en los cauces de derivación hasta su final derivación a uno de los centros contratados”, mantenía el SAS en un comunicado. Es decir, lo que pretende el SAS ahora es que, con tres liquidaciones pendientes con la empresa, al menos se cubran los servicios que se están pagando.
La decisión, en todo caso, en un momento crítico para la sanidad pública, ha sentado como un jarro de agua fría, especialmente en los municipios afectados. Algunos como Trebujena ya velan armas y están dispuestos incluso a emprender una marcha a pie al Hospital de Jerez para defender la sanidad pública. “Es casi una cuestión sentimental, son cuatro o cinco generaciones de trebujeneros naciendo en Jerez que ahora no quieren nacer en un hospital privado en Sanlúcar. Ya hay embarazadas que nos han dicho que ellas paren en Jerez”, defiende el alcalde de la localidad Jorge Rodríguez (IU). Entre las especialidades derivadas están obstetricia y ginecología, pero también anestesiología y reanimación; aparato digestivo; cardiología; cirugía general y digestiva; cirugía ortopédica y traumatología; farmacia hospitalaria…
Para el alcalde, hay dos profundas cuestiones que llaman la atención y que pueden ser de legalidad dudosa: la gestión de historiales clínicos de hospitales públicos en manos privadas, y la puesta en manos privadas de la farmacia hospitalaria. “Son cosas que no nos cuadran y que vamos a estudiarlas muy seriamente”, advierte, después de que esta semana se haya reunido con otros alcaldes de municipios afectados y que la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, le haya dado cita para la próxima semana. Marea Blanca, Facua y organizaciones políticas como Adelante Andalucía han denunciado lo que consideran “un robo”. Y lo cierto es que viendo los expedientes —que casualmente han aparecido ahora en la web de la Junta de Andalucía— y, especialmente, la resolución de abril pasado del SAS, el contrato es como mínimo leonino para los intereses de los andaluces.
Tampoco puede obviarse, viendo cuándo y cómo se fraguó, que si hay un responsable de esta dentellada al presupuesto de la sanidad pública, ante todo, es el Gobierno anterior del PSOE que lo permitió. La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentaria andaluza, Araceli Maese, mostró el pasado sábado el "rechazo" del PSOE gaditano al "intento de privatización que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en favor de tres hospitales de la provincia de la firma José Manuel Pascual Pascual SA, que pasarían a ser áreas de referencia para 15 especialidades médicas, y contra lo que los socialistas van a plantear mociones en los ayuntamientos gaditanos”.
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