Entre las provincias de Huelva y Almería, al sur del sur de Europa, hay al menos 5.000 personas, aunque se calcula que puedan ser hasta 7.000 e incluso 10.000, trabajando en condiciones inhumanas, repartidas en unos 120 asentamientos chabolistas, en poblaciones como El Ejido, Roquetas de Mar o Vícar, en el caso almeriense, y Moguer, Lucena del Puerto o Palos de la Frontera, en el onubense.
A más de 2.000 kilómetros de estos asentamientos, en el corazón de las democracias europeas, el Parlamento Europeo debate sobre este asunto. Una vez más. Es la Asociación Multicultural de Mazagón y Almería Acoge quienes llevan el asunto, que se discute en la comisión de peticiones de la institución a través de Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía, que ejerce como peticionario.
Del debate se sacan en claro varias conclusiones. La primera, por evidente, no deja de ser la más importante: se sigue explotando a trabajadores migrantes en terreno de la UE en pleno siglo XXI; la segunda, que España, a partir de 2024, aplicará sanciones a empleadores que incumplan los derechos humanos, llegando a retirarle fondos de la PAC si fuera necesario; y la tercera, que la Junta de Andalucía impulsará un plan estratégico para erradicar estos asentamientos, según adelanta el Partido Popular Europeo.
“Es un drama humanitario que empezó a finales de los 80 y principios de los 90 y que perdura a día de hoy”, expone Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía, que ejerce como peticionario en representación de las asociaciones que alertan sobre esta situación. Valero cuenta que “la gran mayoría de estos asentamientos están fuera de los cascos urbanos, son chabolas sin servicios básicos”, por lo que se incumplen normativas europeas de defensa de los derechos humanos.
Los ayuntamientos donde están estos asentamientos, incide Valero durante su exposición, se niegan a empadronar a migrantes —“a pesar de que tienen un listado alegal de sus habitantes”—, contradiciendo normativas europeas, y propiciando la aparición de un “mercado corrupto” que les facilita el acceso a “ese codiciado certificado”. “Hay una constante vulneración de la Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo”, asegura el coordinador de IU, que regula las condiciones de entrada y estancia de personas de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros.
“Ante este racismo institucional se solicita a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo una respuesta inmediata y firme ante esta situación, instando al Gobierno del Estado, la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos a aplicar la normativa comunitaria de protección de personas migrantes”, concluye Valero, que solicita a la Comisión Europea que elabore un informe completo sobre la situación de estos temporeros, y sobre todo, de las temporeras, en mayor situación de vulnerabilidad si cabe.
Es una de los miembros de comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo quien confirma que se impulsará desde la UE que los empleadores tengan que facilitar por escrito las condiciones laborales para garantizar un entorno seguro de trabajo a los temporeros, siendo sancionados con retirada de fondos de la PAC si incumplen con lo pactado, una medida que entrará en vigor en 2024.
“Las autoridades españolas han empezado a mejorar la situación, construyendo casas y adaptando espacios para dar una acogida adecuada, en Huelva sobre todo”, sostiene una miembro de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales. La comisión estudiará, abunda, posibles incumplimientos para “proteger a estos trabajadores” y fomentar desde la UE la “contratación legal de trabajadores extranjeros”.
La tasa de personas en riesgo de pobreza entre migrantes es del 56%, cuando en la población española ronda el 22%, una diferencia que se ha incrementado un 8% en los últimos dos años. Es lo que advierte durante el debate una componente de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que recuerda que la Comisión Europea recomendó a España incrementar las inspecciones laborales. Para ello, hay 2.200 inspectores, según el último informe presentado por el Gobierno español.
“Es una situación lamentable, algo que me enfada mucho", dicen desde el PP Europeo
“Es una situación lamentable, algo que me enfada mucho. Es mi tercera legislatura aquí y desde el principio hemos seguido esta problemática”, apunta Peter Jahr, miembro del Partido Popular Europeo (PPE). Jahr hace un llamamiento para que se vigilen las condiciones laborales de estos trabajadores, y se hace varias preguntas. “Los municipios no aplican la normativa legal respecto a empadronamientos, ¿hay un problema de financiación? Si hay que darles viviendas dignas y no lo hacen, ¿es porque no pueden? ¿No quieren? ¿Los Estados miembros firman acuerdos y los municipios se quedan sin financiación? Es lo que quiero entender. ¿Qué podemos hacer contra esa cadena nefasta?”.
Manu Pineda, europarlamentario de IU y perteneciente al grupo The Left, responde a Jahr. “No es un problema de financiación, porque la Junta de Andalucía ha devuelto 1.300 millones de fondos europeos por falta de ejecución, es un problema de voluntad política”, sostiene. Pineda, que es malagueño, critica que haya miles de temporeros que “viven peor que el ganado”. “Cuando no tienen agua y encuentran una fuente a varios kilómetros, van por ella y el ayuntamiento de turno les corta el agua, no pueden empadronarse…”, enumera.
Pineda destaca que la vicepresidenta Yolanda Díaz impulsó inspecciones de trabajo en el campo, de las que un 70% acabaron en infracciones. El europarlamentario de IU habla de “esclavismo” y dice que estos temporeros “viven peor que el ganado”, y señala a la “patronal esclavista” que lo permite. “No podemos mirar para otro lado. Tenemos que enviar una misión —de la comisión del Parlamento Europeo— para que vea sobre el terreno lo que está pasando”.
Juan Ignacio Zoido, europarlamentario del PP, coincide en que “no es admisible vivir en esas circunstancias”, pero critica a Pineda por hablar de “patronal esclavista”, lo que hace daño “a los productores de estas zonas”. Zoido dirige sus peticiones hacia el Gobierno de España y adelanta que la Junta de Andalucía, en la que gobiernan los populares, aprobará durante el primer semestre de 2023 un plan estratégico para la erradicación de estos asentamientos.
Son “situaciones que nos sonrojan a todos”, señala Cristina Maestre, europarlamentaria del PSOE, que anima a no “generalizar a todo el sector agrícola, ni ubicar este fenómeno solo en España”, y a “facilitar la integración residencial y social de los temporeros, garantizándoles un trabajo digno”. Ana Miranda, del BNG, censura “esta esclavitud laboral del siglo XXI” y también pide una visita a estos asentamientos. Sira Rego, de IU, recuerda el duro informe elaborado por el relator de la ONU y pide también una misión a estas zonas, aunque no en periodo electoral. La comisión acuerda mantener abierta la petición, que se seguirá estudiando.
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