Apenas dos días después de que la asamblea general del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) aprobara la propuesta de actualización de la tasa de agua en alta para los 20 ayuntamientos consorciados —la medida salió adelante gracias a los votos de PP y AxSí—, el PSOE, IU (salvo Trebujena, que se abstuvo en la votación) y otras formaciones de izquierda como Adelante Cádiz, y la organización de consumidores Facua han salido en tromba contra una medida que tildan de "tarifazo".
La primera en remitir un comunicado ha sido la organización de consumidores Facua Cádiz, que ha reclamado a los ayuntamientos que forman parte del CAZG que "la enorme subida de precios aprobada por este organismo se repercuta en la menor medida posible a los usuarios domésticos". El Consorcio ha aprobado un incremento de un 110% en el precio del agua, pasando a costar el metro cúbico 0,316 euros en lugar de los 0,15 que se vienen aplicando hasta la fecha. En la práctica, los ayuntamientos decidirán si asumen el coste de la subida o lo cargan, vía ordenanzas fiscales, en una aumento en el recibo bimensual, que será unos 2-3 euros de media más caro.
La asociación de consumidores, en todo caso, entiende que los ayuntamientos "deben modular la posible subida, de forma que sean los consumos no domésticos (empresas) los que asuman una mayor parte del más que previsible incremento que va a producirse en el coste de este servicio". A tal efecto, la asociación recuerda el enorme impacto que tiene en el consumo de agua de los municipios que van a verse afectado por la subida las empresas del sector turístico y de la hostelería, circunstancia que exige que los ayuntamientos tengan en cuenta a la hora de modificar las tarifas.
Con independencia de ello, Facua Cádiz admite que pueda producirse una subida en las tarifas domésticas atendiendo a la grave crisis provocada por la sequía, pero cree necesario que "el posible aumento se realice de forma progresiva a lo largo de los próximos años, en lugar de aplicarse de una sola vez durante el presente año".
La asociación también argumenta que los ayuntamientos deben tener en cuenta la situación actual de las economías domésticas, "que deben hacer frente al encarecimiento brutal que han experimentado los productos básicos de alimentación y que, previsiblemente, deberán afrontar también durante este año una nueva subida del recibo de la luz".
Lucha partidista frente al aumento del precio del agua
El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana se encuentra integrado por los municipios de Algar, Arcos, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Conil, Jerez, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, El Puerto, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar, Trebujena, Tarifa y Vejer. Esto significa que su composición es muy plural y, por tanto, la lucha partidista estaba servida desde el minuto menos uno a que se anunciara la subida. Algo que lamentó este pasado miércoles Andrés Díaz, presidente del ente consorcial, que asegura que la situación del mismo es "insostenible" si no hay actualización de tarifas, que incluyen el canon autonómico que ha recuperado la Junta desde este año.
Sin embargo, la oposición no da tregua y, por encima de todo, coincide en reclamar una subida progresiva y que no recaiga de lleno en las espaldas de los contribuyentes. El vicesecretario general tercero del PSOE de Cádiz y alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha mostrado este jueves en rueda de prensa el absoluto rechazo de los socialistas al "tarifazo" en el agua y ha pedido al presidente del Consorcio que deje sobre la mesa el acuerdo para la duplicación del precio en la actual tasa, "de manera que se estudie una alternativa progresiva, proporcional y con tiempo de adaptación para los ayuntamientos".
Entiende Ruiz Arana que con esa propuesta del PP, que asumen los andalucistas de AxSí en atención a los pactos que mantienen, pretenden convertir a los ayuntamientos en recaudadores de la Junta de Andalucía para tapar "la falta de políticas de agua e inversiones por parte de Moreno Bonilla". Al hilo, pregunta por el papel del Gobierno andaluz "que no solo no hace las inversiones que le corresponden, dejando de ejecutar hasta el 50 por ciento de las inversiones sino que encima duplica los costes de los cánones que ya son tres los que se pagan". "Moreno Bonilla actúa como siempre, yo no me mancho y repercuto a los ayuntamientos lo que tendría que cobrar yo; es el ayuntamiento el que recauda la duplicación en el coste de los cánones", apunta.
"Si además en los costes económicos que hemos visto en los estudios económicos no se percutiera esa amortización de inversiones, la subida no hubiera sido de un cien por cien, hubiera sido más moderada; habríamos entendido una subida a un 0,19, estamos hablando básicamente del IPC pero es que la subida que plantean es descomunal", ha señalado.
Por tanto, pedimos a los socios de coalición de esta tramitación "que nos traigan estudios económicos más ajustados a la realidad de los ayuntamientos, que nos den plazo suficiente para que nos podamos adaptar y por tanto, no nos suponga un déficit en los presupuestos municipales". De la misma manera, Ruiz Arana ha demandado saber cuál es el plan de inversiones que podría justificar esa subida en el precio.
El alcalde roteño afea al presidente que "esté asustando a la ciudadanía", alegando que puede haber municipios que se queden sin abastecimiento de agua "porque no tienen nada que ver los costes de mantenimiento en la red con que llegue o no agua porque en nuestra opinión la llegada de agua está garantizada conforme a como se ha venido gestionando el Consorcio de agua en los últimos años positivamente".
Una losa de casi medio millón en el presupuesto de Rota
En calidad de alcalde, ha realizado un cálculo aproximado de las estimaciones realizadas en su municipio de manera que "la subida viene a suponer casi 480.000 euros que en un presupuesto municipal como el de Rota, del orden de los 50 millones, estas cantidades son muy importantes y es inevitable que esto vaya a repercutirse en la factura del agua en la ciudad". Por tanto, considera que "nos ponen entre la espada y la pared y no tenemos más remedio, y encima no nos dan los plazos suficientes para que los ayuntamientos adaptemos nuestras ordenanzas y más en aquellos que tenemos que pasar por la Comisión de precios que alarga en meses el trámite".
"Por eso, pedimos que lo dejen sobre la mesa, que nos volvamos a sentar, y si no están por la labor y quieren seguir dependiendo de la política del señor Moreno Bonilla está en su derecho, pero tendrán que darnos más plazo para poder adaptarnos y sobre todo que comprometan a la comunidad autónoma a ejecutar las inversiones, porque el Consorcio por sí solo no las puede afrontar", ha añadido.
Como la aprobación es provisional y se tiene que publicar aún en el Boletín Oficial de la Provincia, Ruiz Arana ha anunciado que "desde el PSOE vamos a presentar alegaciones en lo que respecta a la parte administrativa, y en cuanto a las acciones políticas, el PSOE presionará con mociones en el próximo pleno de la Diputación provincial, así como en los ayuntamientos, pidiendo la paralización de la medida, la implicación de la Junta de Andalucía y reclamando que esta adaptación de tasas se hagan de manera progresiva, proporcional y con tiempo suficiente para que los ayuntamientos podamos adaptarnos".
El dirigente socialista ha lamentado los vaivenes del PP con este asunto y que al final hayan tardado seis meses desde el primer anuncio para imponer una subida que, ayuntamientos como el de Jerez del PP dijeron que no asumirían, y sin embargo, han votado a favor de la propuesta.
"Inversiones de la Junta ahorrarían dinero en reparaciones para obras de abastecimiento"
En una intervención muy similar a la del alcalde roteño y miembro de la ejecutiva socialista, la concejala del Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana, Lorena Garrón, ha criticado el voto a favor del PP de Cádiz en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, "en lugar de reivindicar una mayor inversión por parte de la Junta de Andalucía en infraestructuras para minimizar la pérdida de agua en el ciclo integral, con el que se ahorrarían el dinero en reparaciones que ahora pretenden incorporar al nuevo tarifazo del agua para que lo asumamos los vecinos y vecinas de Cádiz".
Adelante Izquierda Gaditana recuerda que la Junta de Andalucía debe a esta provincia 42 actuaciones prioritarias por un importe de 456 millones de euros en inversiones para obras de abastecimiento que presentan una antigüedad superior a los 40 años, y que producen grandes pérdidas de agua, antes de que llegue a Cádiz. Como ejemplo, "no es normal que siendo capital de provincia todavía no haya puesto en marcha una segunda conducción del agua en alta a la ciudad, teniendo solo una de más de 60 años, con los riesgos de rotura que ya presenta", explica la edil.
Garrón teme que la subida de las tarifas del agua finalmente repercutan negativamente en la ciudadanía. "El PP prefiere que seamos los gaditanos y gaditanas los que paguemos la falta de inversión, la ineficiencia e ineficacia de su gestión al frente de la actual situación de sequía que padecemos", refiriéndose a la falta de agilidad para acometer, por ejemplo, las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cádiz-San Fernando de modo que se haga posible en un corto plazo la incorporación de un tratamiento terciario para posibilitar el uso de agua depurada en dos municipios tan importantes como San Fernando y Cádiz, que suman más de 230.000 habitantes.
Al hilo de las críticas a este apoyo del PP al "tarifazo del agua", Adelante Izquierda Gaditana se suma a la petición de las organizaciones de consumidores y pide que “si finalmente desoyeran a este grupo, la mencionada subida de los precios se realice de manera progresiva para favorecer la adaptación a las economías domésticas ya mermadas, debido al incremento de los precios de otros productos básicos como los alimentos, o la subida del recibo de la luz, entre otros”. Además desde AIG se espera que el Ayuntamiento refuerce y mantenga las ayudas sociales y las bonificaciones existentes, como el Suministro Mínimo Vital, para paliar los efectos negativos de la subida en las personas más vulnerables.
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