“La Ley de Suelo y la reforma fiscal bien valen la legislatura”. Podría ser una frase del Gobierno andaluz, pero no, fue de su socio, Vox, por medio de Alejandro Hernández cuando era el portavoz. Después de leer o escuchar la frase y saber que la LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio), impulsada por el Ejecutivo, ya se ha votado en el Parlamento de Andalucía en una ocasión, lo lógico sería pensar que esta semana se enfrenta a su aprobación definitiva. Pero no.
Vox estaba de acuerdo con el texto. Al PSOE no le molestaba. Sin embargo, la política es cambiante y muy coyuntural. Los momentos y eso en lo que insisten tanto los asesores. Pocos días antes de la votación, Vox vio el suyo. Se juntó la situación en Ceuta y la obligación de la Junta de acoger menores con un clima metroscópico que situaba a los socios parlamentarios como socios de gobierno ocupando el lugar de Ciudadanos.
Entre todo el ruido, sólo el entonces grupo parlamentario de Adelante Andalucía, ahora Unidas Podemos por Andalucía, había presentado una enmienda a la totalidad que, aunque en un primer momento no parecía tener muchas posibilidades de salir adelante, salió. Vox anunció su abstención bajo la excusa de que había que modificar algunas partes del texto y el PSOE, que internamente estaba en otras cosas, vio la oportunidad de sumarse a la primera derrota del Gobierno en dos años y medio. Dos meses después de ser devuelto al Ejecutivo, el Proyecto de Ley vuelve esta semana a la Cámara autonómica con el mismo texto para enfrentarse a una nueva enmienda a la totalidad de Unidas Podemos. Aunque esta vez, sí superará el trámite.
La Junta defiende que establece reglas “claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual”
Fue Elías Bendodo, portavoz del Gobierno, el que anunció que el proyecto de ley volvería a iniciar los trámites parlamentarios sin ninguna modificación. Desde la Junta confiaban en que esto hubiera ocurrido el pasado 8 de julio, pero el Ejecutivo no encontró la unanimidad necesaria en la Junta de Portavoces. La principal bandera es la simplificación de trámites. Eso y que lo piden los ayuntamientos para desbloquear los PGOU municipales. La Junta afirma que casi 500 han sido anulados o suspendidos parcialmente en los tribunales.
En mayo de 2020, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, presentó el anteproyecto como una norma que acababa con el exceso de legislación urbanística que “ha mermado la capacidad de crecer y ha encorsetado el desarrollo de cualquier proyecto”. La LISTA, según la Junta, establecía reglas “claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual”. Concretamente, la ley elimina las clasificaciones anteriores de suelo para establecer únicamente dos clases: rústico y urbano. Desde el Gobierno se critica que hasta ahora los promotores tuvieran que “lidiar con 235 textos legales”, aunque la principal es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada por el Gobierno de Chaves hace 18 años. En este sentido, desde posiciones opuestas, tanto Vox como Unidas Podemos critican que, a la vez que el Gobierno habla de simplificación, remita en el texto de la ley en múltiples ocasiones al desarrollo de reglamentos.
UP: “Falta personal haciendo los informes sectoriales y los ayuntamientos no tiene recursos”
La principal oposición a esta nueva normativa es el grupo de Unidas Podemos por Andalucía donde transmite que esta normativa no es responsable con el medio ambiente. Aunque desde la formación reconocen que pueden estar de acuerdo con algunos puntos de los que se plantean referentes a la eliminación de trámites superfluos, han presentado una nueva enmienda a la totalidad por dos razones. Por un lado, desde UP no comparten el modelo de ordenación del territorio que propone la Junta y, además, existe desacuerdo en el carácter de urgencia del proyecto de ley. “Si nace con vocación de perdurabilidad, lo normal es que se haga con reposo y unos trámites razonables” expresa la portavoz del grupo, Inmaculada Nieto (IU).
Unidas Podemos denuncia que el problema no es el exceso de burocracia y trámites sino la falta de cumplimiento de la ley actual “falta personal haciendo los informes sectoriales y los ayuntamientos no tiene recursos”. Nieto afirma que no se opondrían en caso de que la vocación de la ley fuera el de aligerar tramitación administrativa, sin embargo, cree que “bajo la excusa de los trámites quitas controles, que son imprescindibles en urbanismo”.
Una de las principales novedades de esta ley es la nueva clasificación de los tipos de suelo que quedarán en dos: urbano y rústico. La Junta señala que esto es tanto para la adaptación a la legislación nacional y para preservar el medio ambiente a través del denominado suelo rústico.
PSOE: “Hay espacio para mejorarla en cuestiones técnicas”
La visión de Unidas Podemos nada tiene que ver con esta “hay tantas excepciones que al final la ley recuerda mucho a la ley del suelo de finales de los 80, un desarrollo urbanístico desmesurado con muchos problemas”. Este grupo parlamentario apuesta por adaptar el crecimiento a la realidad de cada municipio y teme que esta ley suponga que una declaración responsable sirva para construir de forma indiscriminada. “Es un modelo que en Andalucía ha fracasado. Se puede hacer un desarrollo que mejore los pueblos y ciudades en una escala pensada para la calidad de vida de la población, no a mayor gloria de cuatro empresas” afirman desde la formación.
Pese a la firme oposición de Unidas Podemos, el proyecto de ley superará la primera votación sin dificultades. Desde que ganó las primarias, Juan Espadas tendió la mano para sacar adelante esta ley y, a su vez, el Gobierno andaluz recogió el guante y lo volvió a lanzar “el PSOE tiene la oportunidad de demostrar que ahora es útil” ha repetido Elías Bendodo en varias ocasiones durante este mes.
Los socialistas, en sus manifestaciones, han dado mayor importancia a la parte política que a la parte técnica de la ley. El argumento estas semanas ha sido el cambio de actitud en la oposición para llegar a acuerdos con el Gobierno. Aun así, desde el PSOE exigen tres cuestiones: más garantías con el medio ambiente, respeto con las competencias municipales y escuchar a las organizaciones sociales. “Hay espacio para mejorarla en cuestiones técnicas” comentaba, sin concretar, Espadas hace unos días. Aun así, el inminente secretario general confía en que la ley pueda aprobarse a final de año “Andalucia necesita la recuperación y que avancemos”.
Vox: "Se eliminarán aspectos ideológicos innecesarios"
Por su parte, Vox, aunque advirtió de que un acercamiento del Gobierno con los socialistas supondría la retirada del apoyo, también ha tenido reuniones favorables durante esta semana. De momento, la formación quiere esperar para realizar una valoración técnica de la ley, sin embargo, ya han manifestado desde el partido que tras los encuentros con el Ejecutivo se van a eliminar “aspectos ideológicos innecesarios”.
El portavoz, Manuel Gavira, ha afirmado que pretenden una mayor simplificación y agilización de los plazos, así como una mayor colaboración público-privada, algo que habitualmente se termina traduciendo en más presencia de lo privado y en menos de lo público.
En esta ocasión parece que el Gobierno, ya sea de mano del PSOE o de mano de Vox, no será derrotado en sede parlamentaria. Todo el proceso, eso sí, servirá, de nuevo, para ver dos modelos urbanísticos enfrentados. Esto creo que se llama deja vù. Pero el Gobierno de PP y Ciudadanos amarran la reforma que les faltaba para poder convocar elecciones con tranquilidad.
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