La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha formalizado la compra de munición a una empresa israelí, medio año después de que el Ministerio del Interior anunciara su intención de anular el contrato debido al agravamiento del conflicto en la Franja de Gaza. La adjudicación, valorada en más de 6,6 millones de euros, se cerró finalmente el pasado 16 de abril.
La decisión de mantener el acuerdo se tomó tras un análisis jurídico impulsado por Interior a finales de octubre de 2024. El departamento solicitó entonces un estudio sobre la posibilidad de cancelar la compra. Finalmente, siguiendo la recomendación de la Abogacía del Estado, que desaconsejaba la rescisión en el punto de tramitación alcanzado, el ministerio optó por continuar con el procedimiento.
La adquisición corresponde a un contrato por un total de 15,3 millones de balas del calibre 9 milímetros. La empresa adjudicataria es IMI Systems LTD, con sede en Israel, mientras que como representante aparece Guardian Homeland Security S.A., también israelí. Ambas compañías comparten número de identificación fiscal.
Un contrato que se iba a cancelar
El contrato se firmó durante la Semana Santa, en concreto el 16 de abril. Esta operación ha suscitado atención por la coincidencia temporal con la escalada del conflicto en Gaza, que motivó en su momento la paralización del proceso por parte del Ministerio del Interior.
Guardian Homeland Security S.A. logró adjudicarse dos de los tres lotes ofertados. El primero de ellos, por un importe de 4.464.900 euros, corresponde al suministro de munición del tipo 9x19 mm PB. El segundo, valorado en 2.178.000 euros, se destina a cartuchería semiblindada del mismo calibre.
El Ministerio del Interior había hecho público el 29 de octubre de 2024 que iniciaba los trámites para cancelar el contrato. En ese momento, el Gobierno expresó su intención de no establecer relaciones comerciales en materia de armamento con empresas israelíes mientras persistiera el conflicto armado en Gaza.
Desde entonces, Interior evaluó distintas opciones antes de decidir mantener la adjudicación. La posición oficial del Ejecutivo había sido refrendada también por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien respaldó públicamente la suspensión de la operación en su fase inicial.